Los traslados de residencia y las asistencias

El artículo 22.2 corta en tres meses. Por debajo, los gastos solo se reconocen a uno de los cónyuges. Con tres meses o más, como aquí, los dos cobran el traslado de mobiliario y enseres, pero los gastos de instalación y los viajes de la familia siguen siendo de uno solo. Ni todo se duplica, ni es la instalación lo que cobran los dos.

Quien cesa a petición propia antes de llevar dieciocho meses en el destino, salvo por enfermedad o razones familiares graves, devuelve lo percibido por los pasajes de su familia y por el traslado de mobiliario y enseres, y además pierde los pasajes de regreso y el traslado a España de sus enseres (art. 24.3). No devuelve su propio viaje de ida, que no menciona la norma; y no conserva lo cobrado.

El techo conjunto del artículo 27.3 es el 50 por 100 de las retribuciones anuales del puesto, sin contar la antigüedad. Los otros porcentajes son los límites de cada clase por separado: el 40 por 100 para órganos colegiados y consejos de administración (art. 28.3), el 20 por 100 para tribunales (art. 32) y el 25 por 100 para la formación (art. 33.3). Lo que se pasa de los límites lo ingresa el centro pagador en el Tesoro Público.

Los gastos de instalación en el extranjero se calculan sobre los devengos totales anuales del nuevo destino, excluida la antigüedad, con un tope que crece con los miembros de la unidad familiar que se trasladan: 8 por 100 para uno o dos, 10 por 100 para tres o cuatro y 12 por 100 para más de cuatro (art. 25.1). Aquí se trasladan él, su cónyuge y sus dos hijos. Se cuente o no al propio funcionario entre esos miembros, cosa que el artículo no aclara, son tres o cuatro: el 10 por 100. El 15 por 100 no es ningún tramo de la escala, que acaba en el 12.

El derecho caduca al año de nacer, pero a instancia del interesado pueden concederse prórrogas de seis meses en seis meses, hasta otros dos años como mucho, cuando haya dificultades para ejercer alguno de los derechos (art. 22.6). Los dos años no son el plazo de caducidad, sino el techo de las prórrogas; y estas son semestrales, no una única de un año.

Los gastos de viaje propios se abonan siempre; los de la familia y el transporte de mobiliario y enseres, solo si el destino se prevé por más de dieciocho meses (art. 24.1), salvo que se exceptúe ese tiempo mínimo por causas excepcionales. Los cuatro años son otra regla: la permanencia mínima para cobrar gastos de instalación al regresar a España (art. 25.2).

Para que todo cuente en el mismo tope de horas, el artículo 33.2 manda convertir a horas las actividades que no se miden así, con las equivalencias horarias que fija el Ministerio de Hacienda al informar los baremos. No quedan fuera del tope, no valen una hora cada una y la conversión no la decide cada centro por su cuenta: los centros aprueban los baremos, pero las equivalencias vienen fijadas.

El límite del artículo 32 —el 20 por 100 de las retribuciones del puesto principal, sin la antigüedad— se aplica al total del año natural, cualquiera que sea el número de tribunales u órganos en que se participe. Si se supera por participar en varios, el propio interesado lo comunica al tribunal en que se produce el exceso, para que el centro pagador ingrese lo sobrante en el Tesoro Público.

El artículo 28.1 invierte la regla que se suele suponer: estas asistencias se abonan «excepcionalmente», solo en los casos que se autorizan, cualquiera que sea la naturaleza y las funciones del órgano. La naturaleza del órgano no decide nada, ni en un sentido ni en otro, y la concurrencia puede ser personal o por representación.

Los hijos de veintiún años o más no gozan de la presunción del cónyuge y los hijos menores: hay que justificar documentalmente que conviven con el funcionario y a sus expensas. Y se entiende que viven a sus expensas si en el periodo impositivo del traslado no perciben rentas del trabajo, patrimoniales o pensiones por encima del doble del salario mínimo interprofesional (art. 22.1). El umbral es el doble, no el salario mínimo a secas.

Es forzoso el traslado impuesto sin petición del interesado, y el artículo 23.2.a) excluye «en ningún caso» los que derivan del nombramiento o cese en un puesto por concurso o libre designación: los ha pedido quien los obtiene. La única vía por la que un traslado voluntario se indemniza como forzoso es el retorno del artículo 23.2.e), que exige un destino forzoso indemnizado anterior, al menos un año en él y volver en cinco años. Esa funcionaria no lo tuvo. Los 1.000 kilómetros son uno de esos retornos, no una regla de este caso.

El artículo 23.1 suma a los gastos de viaje y al transporte de mobiliario y enseres una indemnización equivalente a tres dietas, que se cuenta por el titular y por cada miembro de la familia que efectivamente se traslada. El porcentaje sobre las retribuciones según el número de familiares es la regla de los gastos de instalación de un destino en el extranjero (art. 25), no la del traslado dentro de España.

El artículo 27.4 declara las asistencias compatibles con las dietas de quien se desplaza de su residencia oficial para asistir o concurrir: la asistencia paga la participación, y la dieta, los gastos del desplazamiento. No se absorben ni se elige entre ellas; el sábado o el festivo solo incrementan la cuantía de la asistencia de un tribunal (art. 30.2).

El artículo 29 abona asistencias a los miembros de los tribunales, y a sus colaboradores técnicos, administrativos y de servicios si se autoriza, siempre que el proceso conlleve ejercicios escritos u orales. Un concurso que solo valora méritos no los tiene, y por eso la tercera opción dice lo contrario de la regla. El número de aspirantes sirve para fijar el máximo de asistencias (art. 30.4), no para tener derecho a ellas.

El artículo 27.1 enumera tres clases de asistencias: concurrir a órganos colegiados y a consejos de administración de empresas con capital o control públicos, participar en tribunales de selección y colaborar en la formación del personal. Esta última solo cuenta si la colaboración es «no permanente ni habitual»: la que es permanente y habitual forma parte del trabajo y no se paga como asistencia.

El artículo 23.3 lo excluye sin matices: los traslados que obedecen a una sanción no dan derecho a indemnización. Es la tentación del primer distractor: que el traslado no se haya pedido no lo convierte en forzoso a estos efectos, porque la causa es la sanción.