Los anticipos de caja fija

El art. 2.3 exceptúa del límite de 5.000 euros por pago cuatro clases de gasto: teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón del servicio. La conservación y el material no inventariable son gastos típicos de caja fija (art. 1), pero eso no los saca del límite.

El art. 1 pone como ejemplos las dietas, los gastos de locomoción, el material no inventariable, la conservación y el tracto sucesivo, y los aplica al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. El mobiliario inventariable es justo lo contrario del material no inventariable que nombra el real decreto, y las retribuciones y las transferencias no son gastos de ese capítulo.

El primer párrafo del art. 2.3 prohíbe, una vez establecido el sistema, los libramientos a perceptores directos por menos de 600 euros con imputación a los conceptos de caja fija; se salvan los que reponen el anticipo. Los 5.000 euros son el otro límite del mismo apartado, el de cada pago que se hace con cargo al anticipo, y es ahí donde aparecen las excepciones de teléfono, energía, combustibles e indemnizaciones.

El art. 6.3 remite los términos del uso de la tarjeta a una orden ministerial conjunta de los ministerios con competencia en Hacienda y en Economía. No lo deja a cada departamento, como sí deja establecer el sistema (art. 2.1), ni a la IGAE, que fija la estructura de las cuentas (art. 7.1).

El art. 3.1 se lo da a las mismas autoridades que pueden establecer el sistema —los titulares del ministerio o del organismo autónomo (art. 2.1)—, siempre dentro del límite global. El Interventor delegado no reparte: informa esos acuerdos (art. 3.2). La Dirección General del Tesoro ordena y hace los pagos de los anticipos a las cajas de los ministerios (art. 3.3), pero no decide cuánto va a cada una, y los Jefes de las Unidades aprueban las cuentas de las cajas (art. 7.2), no la distribución.

El art. 2.1 deja el acuerdo a los titulares de los departamentos ministeriales o de los organismos autónomos: en un organismo, el suyo, no el ministro de adscripción ni el de Hacienda. El Interventor delegado no acuerda nada: informa después los acuerdos de distribución de los anticipos (art. 3.2).

El art. 5 exige que el gasto siga su tramitación y deje constancia documental, y fija el mínimo: el «Páguese» del órgano de gestión, dirigido al cajero, en el justificante del derecho del acreedor. La Intervención examina después las cuentas (art. 7.4) y el Jefe de la Unidad las aprueba (art. 7.2): ninguno firma cada factura.

El segundo párrafo del art. 2.3 pone el tope en cada pago individualizado que se hace con cargo al anticipo, salvo los de teléfono, energía eléctrica, combustibles e indemnizaciones por razón del servicio. El anticipo de cada caja no tiene un tope en euros: lo limita el límite global de los arts. 2.2 y 3.1. Y el real decreto no limita lo que se libra para reponer el anticipo: al contrario, lo salva de la regla de los 600 euros del primer párrafo.

El art. 6.1 pide dos firmas mancomunadas y admite que las pongan los sustitutos de los firmantes, pero cierra la salida: en ningún caso puede ser una misma persona la que haga las dos sustituciones, porque entonces una sola persona movería los fondos y la firma mancomunada no serviría de nada. El real decreto no pone plazo a las sustituciones ni las somete al Interventor ni al Tesoro.

El art. 6.3, añadido por el Real Decreto 813/2026, admite la tarjeta bancaria «de manera excepcional» y con la necesidad debidamente justificada porque los medios ordinarios —los cheques nominativos y las transferencias del 6.1— no sirven. No es una opción libre del cajero ni depende de la cuantía o del lugar del gasto.

El art. 7.3 los expide a favor del cajero pagador, imputados a las aplicaciones presupuestarias de los gastos realizados. Los acreedores ya cobraron de la caja; lo que el presupuesto paga es lo que la caja adelantó, y por eso va al cajero. La errata «presupuestrias» es del propio texto del BOE.

El art. 4.3 no deja resquicio: «en todo caso» son fondos públicos y forman parte integrante del Tesoro Público, estén en el Banco de España o, si se autoriza, en una entidad de crédito. El cajero los gestiona y responde de su custodia, pero no son suyos.

El art. 1 lo cierra en su última frase: los anticipos de caja fija no tienen la consideración de pagos a justificar. Son dos figuras distintas, cada una con su régimen (la caja fija, en este real decreto y en el art. 78 de la Ley 47/2003; los pagos a justificar, en el Real Decreto 640/1987 y en el art. 79 de la ley), y ninguna se convierte en la otra ni le sirve de supletoria. La errata «justiciar» es del propio texto del BOE.

El art. 3.6 manda reintegrar el anticipo a aquel de quien depende la caja (el Tesoro, la Delegación de Hacienda o el organismo autónomo) y prohíbe expresamente el traspaso directo a la caja que asuma sus funciones: el anticipo de la nueva caja se acuerda y se libra por su propio camino.

El último párrafo del art. 2.3 cierra la salida: a efectos de los límites no se puede fraccionar un único gasto en varios pagos, ni acumular en un justificante pagos de gastos distintos. Lo que cuenta es el gasto, no cada pago, así que partirlo no lo mete bajo el límite, y un informe de la Intervención no cambia nada. La reparación sí es gasto propio de la caja fija —la conservación es uno de los ejemplos del art. 1—: lo que impide pagarla así es su importe.

El art. 3.2 lo dice con una palabra precisa: el informe se «circunscribe» a que se respete el límite global del art. 2.2. No entra en la oportunidad del reparto, que es cosa de quien lo acuerda, ni en los gastos que se paguen después con el anticipo: esos los examina la Intervención con las cuentas de los cajeros, y puede hacerlo por muestreo (art. 7.4).