La incapacidad permanente, la protección a la familia y el régimen económico de la MUFACE

El artículo 23.1 exige que la incapacidad permanente nazca siempre de una incapacidad temporal previa, y le da igual la causa: enfermedad común o profesional, accidente común o en acto de servicio. Exigir una causa profesional es confundirla con las lesiones permanentes no invalidantes del artículo 28, que sí la piden.

La gran invalidez jubila y añade una cantidad mensual equivalente al 50 % de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo a Clases Pasivas, destinada a remunerar a la persona encargada de su asistencia (art. 26). El enunciado fija el ingreso en 1995 para que no haya duda: quien ingresó desde el 1 de enero de 2011 tiene sus pensiones en el Régimen General (art. 2.2), y el art. 26 no dice qué referencia se toma entonces. Tampoco se calcula sobre lo que cobraba en activo.

Jubilarse por incapacidad no cierra la puerta a la recuperación: si existe una posibilidad razonable de recuperarse, el funcionario tiene además derecho a prestaciones recuperadoras a cargo de la MUFACE (art. 25.2). La norma no exige causa profesional ni pone plazo; por eso el artículo 12 las incluye entre las prestaciones del mutualismo.

El artículo 27.1 quiere una sola calificación: la que se hace conforme a las normas de derechos pasivos surte efectos respecto de todas las prestaciones que puedan derivarse de la incapacidad, también las del mutualismo. Solo las incapacidades que Clases Pasivas no prevé las califican los órganos que determine el Reglamento General del Mutualismo Administrativo (art. 27.2).

La total (art. 23.2.b) es la que inhabilita para todas o para las fundamentales funciones del Cuerpo, Escala o plaza. No es parcial, porque esta solo produce una limitación sin llegar a inhabilitar; ni absoluta, porque esa exige quedar inhabilitado para toda profesión u oficio, y aquí puede ejercer otras.

El artículo 29.2 las declara incompatibles con cualesquiera otras análogas de los restantes regímenes del Sistema, sin excepción para el Régimen General: la misma carga familiar no se protege dos veces. Lo que sí es compatible, dentro del propio régimen, es la ayuda de pago único por parto múltiple con el subsidio especial por maternidad (art. 29.6).

El artículo 33.1 elige el reparto: lo que se recauda cada ejercicio paga las prestaciones de ese ejercicio, y por eso la cuota se revisa periódicamente. La capitalización solo asoma en los fondos de garantía que el artículo 33.2 permite constituir cuando la naturaleza de una prestación lo pide.

Las resoluciones del Director general en materia de personal son una de las excepciones del artículo 37.2: ponen fin a la vía administrativa, así que no cabe alzada, sino reposición, con carácter potestativo, o el contencioso-administrativo. La alzada es la regla general del artículo 37.1 para el resto de sus actos, y por eso tienta.

La aportación estatal anual financia las prestaciones del artículo 12 salvo una, la de su párrafo h), que es justamente la de hijo a cargo minusválido (art. 35.1). Esa se paga con subvenciones que se consignan en los Presupuestos Generales del Estado, y el artículo 35.3 insiste en que las aportaciones son independientes de ellas. El Fondo especial también recibe subvención, pero para cubrir su propio déficit.

El artículo 37.1 lleva la alzada contra los actos del Director general ante el ministro, que la ley llama «de Administraciones Públicas» porque era entonces el de adscripción. Hoy es el titular del ministerio al que está adscrita la Mutualidad. No la resuelve quien dictó el acto, ni un órgano de la propia Mutualidad, ni una Secretaría de Estado.

El artículo 23.1 lo prevé expresamente: la posibilidad de recuperar la capacidad de trabajo no impide la calificación si médicamente se estima incierta o a largo plazo. No basta, por tanto, con que exista alguna posibilidad para negarla, y la norma no rebaja por eso el grado: se califica el que corresponda a las reducciones que presenta.

La estructura la da el artículo 35.2: la cuantía se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, mediante un porcentaje que se aplica sobre los haberes reguladores del artículo 10.2, los mismos que sirven de base de cotización. La ley fija el método; el porcentaje cambia con cada ley de presupuestos.

Quedar inhabilitado para toda profesión u oficio es la incapacidad permanente absoluta (art. 23.2.c). La gran invalidez parte de ella y añade un requisito: necesitar la asistencia de otra persona para los actos más elementales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer. Como este funcionario los hace solo, se queda en la absoluta.

El artículo 25.1 trata igual la total y la absoluta: las dos dan lugar a la jubilación del funcionario. No es una situación administrativa de las que reservan el puesto, ni una excedencia: la incapacidad total jubila.

La asistencia social tiene dos topes en el artículo 31.2: los créditos que se consignen a ese fin en el presupuesto de gastos de la MUFACE, y la prohibición de comprometer recursos del ejercicio siguiente. Que la necesidad sea urgente o la concesión caiga en diciembre no permite saltárselos.