El régimen especial de los funcionarios civiles del Estado, la MUFACE, la afiliación y la cotización

Por haber ingresado después del 1 de enero de 2011, el artículo 2.2 lo integra en el Régimen General «a los exclusivos efectos de pensiones». No pasa al Régimen General a todos los efectos: para lo demás sigue siendo mutualista. Las Clases Pasivas son el régimen de pensiones de quien ingresó antes de 2011, y el mutualismo nunca le ha dado las pensiones de jubilación.

El artículo 7.1 enumera las situaciones en que se conserva la condición de mutualista como en el servicio activo, y entre ellas está la excedencia forzosa. Las excedencias voluntarias de las opciones son, en cambio, causa de baja como mutualista obligatorio (art. 8.1.a): solo se sigue siendo mutualista ejerciendo la opción del artículo 7.3, en la promoción interna que ese artículo describe, o manteniendo el alta como voluntario y pagando las dos cuotas (art. 8.2). No es así en la de cuidado de hijos o familiares, que el propio artículo 7.1 incluye entre las que conservan el alta.

El artículo 5.1 la define como un organismo público con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Por eso no es un órgano de un ministerio, aunque esté adscrita a uno, ni una mutua colaboradora, que es privada, ni una entidad gestora del Régimen General: gestiona el mutualismo, que es parte del Régimen especial.

La excedencia voluntaria es causa de baja como mutualista obligatorio (art. 8.1.a), pero el artículo 8.2 permite mantener el alta como mutualista voluntario, con los mismos derechos, siempre que abone exclusivamente a su cargo las cuotas del funcionario y del Estado. No sigue siendo obligatorio ni le basta con pagar su parte.

El artículo 9.3 resuelve la doble afiliación por una misma prestación de servicios con una opción: pertenecer exclusivamente al régimen especial de funcionarios que le corresponda, y por una sola vez. Si los dos regímenes son especiales de funcionarios, la opción es también única. No se renueva cada año, ni prevalece por ley el Régimen General.

El artículo 6 no le da un régimen propio: su personal es funcionario o laboral en los mismos términos que el de la Administración General del Estado. No es solo funcionario ni solo laboral, ni tiene convenio propio, ni es personal estatutario.

El artículo 3.1 incluye obligatoriamente a los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y a los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a sus cuerpos, en la forma que fije el reglamento. Los otros tres colectivos están en la lista de excluidos del apartado 2 y se rigen por sus normas específicas: los de Justicia tienen el Mutualismo Judicial y los militares, el ISFAS.

El artículo 7.3 lo deja claro: mantener a estos funcionarios en el mutualismo administrativo «no comportará, en ningún caso», su inclusión en Clases Pasivas a efectos de derechos pasivos. Haber ingresado antes de 2011 no cambia nada, porque su nueva escala lo lleva al Régimen General; ni pagar las dos cuotas ni pedirlo a la vez que la opción lo devuelve a Clases Pasivas.

El artículo 2.2 fija el corte en el ingreso a partir del 1 de enero de 2011, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010. El 3 de diciembre de 2010 es la fecha de ese real decreto-ley, no la del corte, que es el ingreso desde el primer día de 2011. Quien ingresó antes sigue en Clases Pasivas para las pensiones.

El artículo 4 encarga la gestión del mutualismo administrativo a la MUFACE y le pide que la lleve «de forma unitaria», también para los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas. La comunidad no la asume ni la reparte: conserva solo las obligaciones que le corresponden respecto de los funcionarios adscritos a su servicio.

El artículo 10.2 toma como base el haber regulador que establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el apartado 3 deja también el tipo a esa ley. Por eso la base no depende de lo que cobre de verdad cada mutualista ni se toma del Régimen General, y su importe cambia cada ejercicio.

El artículo 3.2.g) excluye a los funcionarios del Estado transferidos que ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad de destino, «cualquiera que sea el sistema de acceso». El turno libre no la salva, y la promoción interna tampoco la mantendría dentro: el artículo 7.3 la manda entonces al Régimen General, aunque le deje optar por seguir siendo mutualista. El transferido que sigue en su cuerpo estatal sí continúa.

El artículo 5.2 ordena tres normas para esas materias: primero el propio texto refundido y sus normas de desarrollo, después la Ley General Presupuestaria en lo que sea aplicable y, solo de forma supletoria, la ley de organización de la Administración General del Estado. No es la única ni va antes que la presupuestaria, pero tampoco queda fuera.

El artículo 10.1 hace obligatoria la cotización para todos los mutualistas con dos excepciones: los jubilados y quienes estén en excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares. La excedencia forzosa, la suspensión de funciones y la expectativa de destino conservan la condición de mutualista como en el servicio activo (art. 7.1), y con ella la obligación de cotizar.

El artículo 10.4 divide por catorce la cantidad que resulta de aplicar el tipo a la base anual, y esa cuota se abona doblemente en junio y diciembre, los meses de las pagas extraordinarias. Las pagas extraordinarias sí cotizan, aunque su cotización se reduce en la misma proporción en que se reduce la paga por no haber estado todo el periodo en servicio activo.

El artículo 10.6 fija la prescripción en cuatro años desde la fecha en que la cuota debió ingresarse. Sin ninguna causa de interrupción, como un requerimiento al deudor, la de marzo de 2021 prescribe en marzo de 2025. El mismo plazo de cuatro años tiene el mutualista para pedir la devolución de lo que ingresó indebidamente (art. 10.7).

El artículo 5.1 la somete a las previsiones de la ley de organización de la Administración General del Estado «relativas a los organismos autónomos», salvo en lo que regula el apartado 2. La remisión es a la Ley 6/1997, derogada y sustituida hoy por la Ley 40/2015. No es una entidad pública empresarial ni una agencia, y tampoco una entidad gestora de la Seguridad Social, aunque gestione un mecanismo de su Régimen especial.

El artículo 7.1 fija la incorporación obligatoria «en el momento de la toma de posesión de su cargo», también cuando se rehabilita la condición de funcionario o se reingresa al servicio activo. Aprobar y ser nombrado no bastan: el nombramiento no surte efecto hasta la toma de posesión, y la nómina es una consecuencia, no el hecho que da el alta.

El artículo 7.3 la incluye obligatoriamente en el Régimen General, pero le deja mantener la condición de mutualista si ejerce la opción una sola vez y en el plazo de quince días desde la toma de posesión en el nuevo cuerpo o escala. El plazo no es de un mes ni queda abierto, y cuenta desde la toma de posesión, no desde el nombramiento.

El artículo 2.1 integra el Régimen especial con dos mecanismos: las Clases Pasivas del Estado, con sus normas específicas, y el mutualismo administrativo que regula la propia ley. El Régimen General no es un mecanismo del Régimen especial: es otro régimen, al que el apartado 2 manda, solo para las pensiones, a quienes ingresan desde 2011. El Mutualismo Judicial es el de los funcionarios de Justicia, que el artículo 3 excluye.