La clasificación económica del gasto

El concepto 352 recoge los intereses de demora que se pagan por incumplir los plazos de pago de las obligaciones, «exceptuando los que estén ligados a la realización de inversiones que se consideran un mayor coste de la misma». La introducción del capítulo 6 cierra el círculo: le son imputables los intereses de demora que ocasione la realización de las inversiones. Ni el origen de la deuda, ni el ejercicio, ni dónde está el acreedor cambian el concepto; solo que el retraso forme parte del coste de una inversión.

Los capítulos 4 y 7 recogen los mismos pagos, condicionados o no, sin contrapartida directa de quien los recibe; lo que los separa es a qué destina el receptor los fondos. Construir un hospital es una operación de capital, así que capítulo 7, «Transferencias de capital»; si financiara gasto corriente, sería el capítulo 4. El capítulo 6 es el que tienta, porque el hospital es una inversión, pero recoge los gastos «a realizar directamente» por el Estado y sus organismos, y aquí la inversión la hace la comunidad autónoma. El capítulo 2 recoge los bienes y servicios que la Administración consume.

El concepto 151 recoge las retribuciones de carácter excepcional reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, y les pone una condición: en ningún caso pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Por eso no pueden abonarse cada mes como un complemento más, y no pagan el trabajo dentro de la jornada, sino fuera de ella. El excepcional rendimiento con que se desempeña el puesto lo retribuye la productividad, el concepto 150, no las gratificaciones: es la confusión que más rinde entre los dos.

El subconcepto 226.06 admite esos gastos con dos condiciones que van juntas: que no puedan imputarse al artículo 23, «Indemnizaciones por razón del servicio», y que estén ocasionados exclusivamente por la celebración de reuniones y conferencias. El orden importa: primero se mira si el gasto cabe en el artículo 23, y solo lo que no cabe puede ir al 226.06. La Resolución no fija un tope por la cuantía de las dietas ni distingue por el cargo de los asistentes o el lugar de la reunión.

La Resolución lo dice igual en los capítulos 4 y 7: las transferencias y subvenciones, dinerarias o en especie, se imputan en función de su beneficiario final. Los artículos de esos capítulos se ordenan por el agente que recibe —de la Administración del Estado y sus organismos a las comunidades autónomas, las entidades locales, las empresas privadas, las familias y el exterior—, y no por quien concede. Cuenta a quién acaban llegando los fondos, no quién los recibe primero ni con cargo a qué programa se pagan.

El concepto 223, «Transportes», recoge los servicios de transporte que se pagan al Parque Móvil del Estado o a otra entidad, pero excluye expresamente los transportes complementarios ligados a comisiones de servicios que originen desplazamientos: esos se abonan con cargo al concepto 231, «Locomoción». El 162.02 es el traslado colectivo del personal a su centro de trabajo, un gasto social, y el 204, el alquiler de un medio de transporte.

Cuando el «leasing» transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas de la propiedad, y especialmente cuando se va a ejercitar la opción de compra, la Resolución lo lleva al capítulo 6, pero imputándole solo la parte de cuota que corresponde a la recuperación del coste del bien. El resto, la carga financiera, va al concepto 359, «Otros gastos financieros», del capítulo 3. No es el precio de la opción de compra lo que va a la inversión, sino, en cada cuota, lo que recupera el coste del bien: así la inversión recoge lo que cuesta el bien, y no los intereses de financiarlo.

El subconcepto 227.06 recoge los estudios, trabajos técnicos, informes y trabajos estadísticos encargados a empresas especializadas, profesionales independientes o expertos, «que no sean aplicados a planes, programas y proyectos de inversión en cuyo caso figurarán en el capítulo 6». Lo que decide es el destino del estudio, no quién lo hace ni cuánto cuesta: si forma parte de una inversión, es coste de la inversión. Las publicaciones no afectadas por el Plan de Publicaciones están, al contrario, dentro del 227.06.

El concepto 224 recoge los seguros de vehículos, edificios y locales, otro inmovilizado y otros riesgos, y aparta los de vida, accidente o responsabilidad civil, que se incluyen en el capítulo 1. Allí los recoge el subconcepto 162.05, entre los gastos sociales del personal, cuando cubren las contingencias de un desempeño de funciones que hace necesaria esa cobertura. La línea la marca lo asegurado: lo que protege bienes es gasto corriente en bienes y servicios; lo que cubre al personal en su trabajo, gasto de personal.

El subconcepto 226.07 recoge todo tipo de gastos derivados de las pruebas selectivas, con una excepción expresa: las dietas y asistencias a tribunales, que se imputan al artículo 23. Allí el concepto 233, «Otras indemnizaciones», nombra las asistencias por participación en tribunales. Que el gasto nazca de una oposición no lo lleva al 226.07: lo que se abona a quien forma parte del tribunal es una indemnización por razón del servicio, no una retribución por servicios extraordinarios.

Las reparaciones, el mantenimiento y la conservación de edificios son del artículo 21, en el capítulo 2. Pero la Resolución aparta, como norma general, las grandes reparaciones que supongan un incremento de la productividad, la capacidad, el rendimiento, la eficiencia o el alargamiento de la vida útil del bien: se imputan al capítulo 6. Lo que decide no es la palabra «reparación», sino si el gasto mejora o prolonga el bien más allá de conservarlo.

El concepto 620 recoge, entre otros gastos, el mobiliario y los enseres: «Adquisición de muebles y equipos de oficina». El 630 se remite a él: se le imputan «los mismos gastos que los indicados para el concepto 620, siempre que se trate de sustitución de los bienes existentes por otros análogos». Comprar muebles que se suman a los que hay es inversión nueva; cambiarlos por otros equivalentes, inversión de reposición. No es reparación, porque se adquiere un bien en lugar de arreglar el viejo, ni material no inventariable.

El artículo 13, el del personal laboral, excluye de forma expresa ese vestuario, igual que las dietas de viaje y los gastos de locomoción, y manda incluir sus créditos en el capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios». El capítulo 1 es el que tienta, porque las retribuciones en especie del personal laboral, que sí son capítulo 1, mencionan las indemnizaciones por vestuario; pero el uniforme que la Administración impone para el servicio no retribuye a nadie: es un bien que el servicio necesita. Tampoco es una transferencia (capítulo 4) ni una inversión (capítulo 6).

El subconcepto 162.00 recoge la formación y el perfeccionamiento del personal que presta servicios en el propio centro, e incluye entre otros los libros para su formación que se le entregan y las ayudas de estudio para que asista a ciclos, conferencias, cursos y seminarios. Lo que excluye son los honorarios que deba percibir por impartir clases el personal al servicio de la Administración Pública: no son un gasto social de quien aprende, sino una indemnización por razón del servicio de quien enseña.

Las retribuciones básicas de los altos cargos (subconcepto 100.00) solo comprenden sueldos y pagas extraordinarias, y la Resolución saca de ellas los trienios: «se imputarán al subconcepto 120.05», el de trienios del artículo 12, «Funcionarios». Ese subconcepto los reúne todos, porque comprende los del personal funcionario «incluidos los que correspondan a los altos cargos de la Administración y personal eventual». El 100.01 es el de las retribuciones complementarias del cargo, y el 110.00, el de las básicas del personal eventual, que tampoco cobra por ahí sus trienios.

La introducción del capítulo 1 recoge todo tipo de retribuciones e indemnizaciones al personal «por razón del trabajo realizado por éste y, en su caso, del lugar de residencia obligada del mismo», y cierra con una salvedad: no se incluyen las indemnizaciones por razón del servicio. La de residencia es gasto de personal: se paga por vivir donde el puesto obliga a vivir. Las otras tres son indemnizaciones por razón del servicio, y el artículo 23 del capítulo 2 les da sus conceptos: dietas (230), traslado (232) y las asistencias a consejos de administración (233). Que dos opciones hablen de residencia no las junta: el traslado resarce un gasto que el servicio ocasiona; la residencia obligada, no.

El subconcepto 220.01 recoge la adquisición de libros, publicaciones, revistas y documentos «en cualquier tipo de soporte», y también las cuotas por consultar bases de datos documentales. Solo excluye los que se adquieren para formar parte de fondos de bibliotecas, que se aplican al capítulo 6: pasan a integrar un fondo que perdura, y el concepto 620 cita los fondos de bibliotecas entre sus activos. El soporte no cambia nada.

La introducción del capítulo 2 lo prohíbe sin excepciones: no pueden imputarse a sus créditos los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución por los servicios prestados o los trabajos realizados por el personal dependiente, «cualquiera que sea la forma de esa dependencia». Ni el horario, ni la forma de pago, ni el tipo de vínculo cambian nada: lo que se paga al personal por su trabajo no es gasto corriente en bienes y servicios.

Entre lo que se aplica al capítulo 4 están las prestaciones sociales, «que comprenden pensiones a funcionarios y familias, de carácter civil y militar»: hasta 2014 se imputaban al capítulo 1, y por eso la intuición falla. Las otras tres siguen siendo gasto de personal: las contribuciones al plan de pensiones de los funcionarios (concepto 127), las cuotas sociales a Muface y a los demás regímenes (concepto 160) y la indemnización por destino en el extranjero (concepto 123). Que «pensiones» salga en dos opciones no las junta: aportar al plan de pensiones de un empleado forma parte de lo que cuesta su trabajo; pagar una pensión, no.

El artículo 12 enumera lo que se le imputa —retribuciones básicas, complementarias y en especie, la indemnización por destino en el extranjero, las retribuciones de funcionarios en prácticas y la contribución al plan de pensiones— y cierra con una prohibición: los incentivos al rendimiento no se atienden en ningún caso con cargo a él. Tienen su propio artículo, el 15, «Incentivos al rendimiento», donde están la productividad y las gratificaciones.