Los medios adecuados de solución de controversias y el intento previo de negociación

Con medidas cautelares acordadas durante la negociación, el art. 7.3 acorta el plazo y fija el órgano: la demanda va ante el mismo tribunal que conoció de las medidas, en los veinte días siguientes a la terminación sin acuerdo. El año es el plazo general, cuando no hay medidas; los treinta días naturales son los de la falta de respuesta del art. 7.1.

La primera de las materias que el art. 5.2 exceptúa es la tutela judicial civil de derechos fundamentales; en la misma lista están, entre otras, las medidas del art. 158 del Código Civil, la filiación y el juicio cambiario. Las otras tres son procesos declarativos o especiales sin excepción, así que exigen haber intentado antes la negociación.

El art. 7.4 ata la conducta en la negociación a dos pronunciamientos: las costas (o su tasación) y la imposición de las multas o sanciones previstas, en los términos de la LEC; ahí cuentan la colaboración de las partes y el eventual abuso del servicio público de Justicia. No toca la prueba, la cuantía ni la competencia, que se rigen por sus propias reglas; lo negociado, además, es confidencial y en principio ni siquiera se admite como prueba (art. 9.2).

El art. 9.1 declara confidenciales el proceso de negociación y la documentación utilizada en él, con una salvedad: si las partes acudieron o no al intento de negociación previa y cuál era el objeto de la controversia. Es justo lo que hace falta para comprobar el requisito de procedibilidad (identidad de objeto, art. 5.1) sin enseñar lo que se dijo. Las propuestas, lo reconocido y los documentos quedan bajo la confidencialidad.

El art. 4.1 cierra la puerta a los conflictos sobre materias que no están a disposición de las partes, y añade que tampoco por derivación judicial: que lo proponga el tribunal no cambia lo que las partes pueden pactar. La homologación es el distractor tentador porque la ley la nombra justo después, pero para otra cosa: sí cabe negociar los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 del Código Civil, sin perjuicio de la homologación judicial del acuerdo.

El art. 5.3 libera del requisito a la demanda ejecutiva, a la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, a la solicitud de diligencias preliminares y, con excepciones, a los expedientes de jurisdicción voluntaria: son actuaciones que preparan o aseguran el pleito, o lo ejecutan, y no lo plantean. Las otras tres son demandas declarativas del libro II de la LEC, a las que el art. 5.2 sí exige la negociación previa.

El art. 3.1 ciñe el título a los asuntos civiles y mercantiles y añade expresamente los conflictos transfronterizos, que define por remisión al art. 3 de la Ley 5/2012, de mediación. Lo laboral no entra: el art. 3.2 lo excluye en todo caso, junto a lo penal y lo concursal. Y no se extiende a todos los órdenes: es una regulación de lo civil y lo mercantil.

El art. 5.3 deja fuera del requisito la iniciación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, con dos excepciones que sí lo exigen: la intervención judicial por desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales, y la intervención judicial por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Son desacuerdos entre personas que pueden negociar; la ausencia, el defensor judicial o una autorización no lo son.

El art. 5.4 resuelve el empate con un criterio temporal: si todas las partes quieren acudir a un medio adecuado y no se ponen de acuerdo sobre cuál, se emplea el que se haya propuesto antes. Ni la última propuesta ni quién vaya a demandar deciden, y el letrado de la Administración de Justicia puede derivar a las partes, pero no elige entre lo que ellas proponen.

El art. 5.1 lo dice expresamente: se considera cumplido el requisito cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados bajo sus directrices y con su conformidad. El tercero neutral es posible pero no obligatorio (art. 2). Lo que habrá que hacer es acreditar el intento: sin tercero, con un documento firmado por ambas partes o con la prueba de que la otra recibió la invitación (art. 10.2). Los seiscientos euros solo deciden si la negociación va preferentemente por medios telemáticos (art. 8.2).

El art. 8.2 fija seiscientos euros: si la reclamación de cantidad no los excede, la negociación va preferentemente por medios telemáticos, salvo que alguna de las partes no pueda usarlos. Por encima, las partes pueden acordar igualmente hacerla en todo o en parte por esos medios (art. 8.1). Los dos mil euros son de otro precepto: el umbral por debajo del cual la oferta vinculante no exige abogado (art. 6.2).

El art. 2 lo define por la negociación: cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, por sí mismas o con un tercero neutral. Por eso no es un trámite dentro del pleito, no se limita a la mediación y la conciliación (caben las de leyes autonómicas y otras actividades negociadoras) y no es el arbitraje, donde el tercero decide en lugar de ayudar a negociar.

El art. 11.2 hace pagar a quien eligió solo: si la parte invitada no acepta al tercero neutral propuesto unilateralmente por la otra, es esta —la que lo propuso— quien abona íntegramente los honorarios devengados hasta ese momento, si los hay. Rechazarlo no cuesta nada a la invitada. La gratuidad es la de los mecanismos públicos que la ley manda asegurar; quien opta por otros pacta antes los honorarios del tercero.

La regla del art. 6 es que las partes pueden ir asistidas de abogado, y la única excepción es la oferta vinculante: «únicamente» ahí es preceptiva la asistencia letrada, salvo que la cuantía no supere los dos mil euros o que una ley sectorial no exija letrado. Los dos mil euros no convierten en obligatorio el abogado en los demás medios: son el umbral por debajo del cual ni siquiera la oferta vinculante lo exige.

La regla del art. 9.2 es que ni las partes, ni los abogados, ni el tercero neutral pueden declarar o aportar documentación de la negociación en un juicio o un arbitraje, ni ser obligados a ello. La primera excepción es la dispensa, y tiene tres condiciones: todas las partes, de forma expresa y por escrito. No basta la de una sola parte ni una de palabra. El juez civil no puede pedirlo por su cuenta: la excepción judicial es para los jueces del orden penal, mediante resolución motivada (art. 9.2.c).

El art. 3.2 nombra tres materias excluidas en todo caso: la laboral, la penal y la concursal. La mercantil no puede estar en la lista, porque el art. 3.1 la incluye expresamente junto a la civil. La de familia tampoco está excluida como tal: el art. 4.1 admite negociar los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 del Código Civil, y el requisito del art. 5 solo exceptúa algunas materias concretas, como la filiación.

El art. 6.3 da tres días: quien requiere lo dice en el propio requerimiento, y la parte requerida, en los tres días siguientes a recibir la propuesta. Se le comunica a la otra parte, que tiene a su vez otros tres días para decidir si también va con abogado. Los quince días naturales son de otro precepto: el plazo de la persona conciliadora en el art. 7.2.b.

El art. 10.4.c fija tres meses desde la primera reunión sin acuerdo, y añade que las partes pueden seguir negociando de mutuo acuerdo más allá. Los treinta días son otros supuestos de terminación: sin primera reunión ni respuesta a la solicitud inicial (10.4.a) o sin respuesta a una propuesta concreta (10.4.b). El año es el plazo para demandar una vez terminado el proceso (art. 7.3).

El art. 7.1 adelanta el efecto al momento más temprano posible: la fecha en que conste el intento de comunicar la solicitud a la otra parte, en su domicilio personal, en su lugar de trabajo o por el medio electrónico que usaban en sus relaciones previas. No hace falta que conteste, que acepte ni que se celebre la reunión: si no hay reunión ni respuesta escrita en treinta días naturales, lo que ocurre es que el cómputo se reinicia o se reanuda. Con persona conciliadora la regla es otra: cuenta desde que ella recibe la solicitud (art. 7.2.b).

El art. 10.3 pone la acreditación en manos del tercero neutral: debe expedir, a petición de cualquiera de las partes, un documento con su identidad y cualificación, la de las partes, el objeto, las fechas de las reuniones y la declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe. Si alguna no compareció o rehusó, se hace constar. Sin tercero, basta un documento firmado por ambas partes o la prueba de que la otra recibió la invitación (art. 10.2).