5870 preguntas · 244 bloques
Citas contrastadas con el texto vigente · Actualizada el 8 de noviembre de 2026
Test de Tramitación procesal y administrativa: Constitución, LOPJ con Tribunales de Instancia, personal de Justicia y ofimática, con el artículo literal.
Se responde en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta. Nemoteca hace la parte cara: decidir qué y cuándo.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 5870 preguntas que contiene en total.
Sobre las enmiendas basta la mayoría simple, tanto para aceptarlas como para rechazarlas. La absoluta es la que hace falta para levantar un veto sin esperar dos meses.
o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
Quien se encuentra en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública es declarado en excedencia voluntaria en su cuerpo de Justicia: es la excedencia por prestación de servicios en el sector público del art. 506.d). No sigue en servicio activo: el art. 507.2.f) lo mantiene solo para quien accede a un puesto de trabajo de otra Administración cuya relación de puestos lo prevé, no para quien ingresa en otro cuerpo.
serán declarados en situación de excedencia voluntaria, de oficio o a petición del interesado, cuando lo soliciten por interés particular, cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas
El 117.1 los llama independientes, inamovibles y responsables. La imparcialidad no es una de las notas que les atribuye ese apartado.
independientes, inamovibles, responsables
La disposición adicional primera permite al Gobierno actualizarlas periódicamente mediante real decreto, a propuesta del ministerio competente en igualdad, teniendo en cuenta la evolución del Índice de Precios de Consumo. No basta una orden ministerial, y el índice de referencia no es el salario mínimo.
Las cuantías de las sanciones podrán ser actualizadas periódicamente por el Gobierno mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Igualdad, teniendo en cuenta la evolución del Índice de Precios de Consumo.
La regla del artículo 21.3 es el despacho ordinario de los asuntos públicos, y fuera de él el Gobierno en funciones se abstiene de adoptar otras medidas salvo en los casos que el mismo apartado exceptúa. La urgencia es una de esas salvedades, no la medida de la gestión; y el límite no depende de que el asunto se iniciara antes del cese ni de una autorización del Congreso.
El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos
Las certificaciones y testimonios se expiden de actuaciones no declaradas secretas ni reservadas a las partes, y con expresión de su destinatario y del fin para el que se piden. No exigen una resolución judicial que los autorice: es una función propia del letrado. El «interés legítimo y directo» es el requisito del artículo 454.4 para que el letrado facilite información sobre el estado de las actuaciones, no lo que debe expresar una certificación.
expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.
La solicitud se dirige al Consejo, que decide por unanimidad, después de consultar a la Comisión y con la aprobación del Parlamento Europeo. La trampa es la mayoría cualificada, que no es la regla de la adhesión; y el Consejo Europeo no resuelve la solicitud: solo acuerda los criterios de elegibilidad que se tienen en cuenta.
El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo
El art. 128.3 deja pedir la habilitación de días inhábiles en el procedimiento de derechos fundamentales y en el incidente cautelar, por urgencia o porque las circunstancias lo hagan necesario. El juez oye a las demás partes y resuelve por auto en tres días, y la ley le obliga a acordarla «en todo caso» cuando denegarla pudiera causar perjuicios irreversibles. Fuera de ese supuesto decide valorando el caso: ni el acuerdo de las partes, ni que el plazo caiga en agosto, ni quién lo pida le atan.
El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles.
La investigación judicial tiene un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa (art. 324.1), sin contar las prórrogas que el juez puede acordar. Tres y dieciocho meses son la duración inicial y el tope de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas (art. 588 ter g), no de la instrucción.
La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.
El art. 730.4 no cierra la puerta tras la demanda, ni siquiera pendiente un recurso, pero pone una condición: que la petición tardía se funde en hechos y circunstancias que la justifiquen en ese momento. Por eso fallan las dos opciones extremas —«nunca» y «en cualquier momento, sin otro requisito»—, y la contestación del demandado no marca ningún límite.
Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.
El art. 764.4 permite intervenir el permiso de conducción y requerir al investigado o encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor mientras dure la medida, advirtiéndole del delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal. Es una medida cautelar, no una pena: no espera a la sentencia ni exige prisión, y no anula el permiso.
También podrá acordarse la intervención del permiso de conducción requiriendo al investigado o encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor, en tanto subsista la medida
El art. 10.3 dispensa a las sedes derivadas de repetir los contenidos y los servicios mínimos de los apartados 1 y 2 cuando ya figuran en la sede de la que derivan: la derivada cuelga de la principal y tiene que ser accesible desde ella (art. 9.3). La dispensa depende de que estén en la principal, no de lo que diga la disposición de creación ni de que la sede sea de una oficina fiscal, y no deja fuera ningún contenido concreto.
No será necesario recoger en las sedes derivadas la información y los servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la sede de la que aquéllas derivan.
La LOPJ deja al reglamento los plazos de cancelación (art. 534.7), y el art. 42.3 fija al menos dos años para las faltas graves y cuatro para las muy graves, contados desde el cumplimiento. Dos años es la cifra de las graves. El apercibimiento se cancela a los seis meses, contados desde su firmeza, y la separación del servicio no se cancela.
cuando hayan transcurrido, al menos, dos o cuatro años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de falta grave o muy grave
El art. 798.2.1.º manda dictar, cuando las diligencias son suficientes, auto en forma oral, que debe documentarse y no es susceptible de recurso alguno. La forma oral y la irrecurribilidad son lo que permite seguir en la misma guardia sin esperas. Los recursos del procedimiento abreviado sí caben, en cambio, frente a lo que el juez decida sobre medidas cautelares cuando dicta un auto de los del art. 779.
dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento del capítulo siguiente
El art. 429.2 encaja la negociación entre la audiencia previa y el juicio. Ese tiempo solo se alarga si, quince días antes de llegar la fecha, todas las partes manifiestan la conveniencia de prorrogarlo «por una sola vez» y por un tiempo determinado que deben especificar; entonces el letrado fija nueva fecha. No basta que lo pida una parte, y ni siquiera el acuerdo de todas permite prórrogas sucesivas.
si quince días antes de llegar dicho término todas las partes manifestaran la conveniencia de prorrogar dicho plazo por una sola vez y por un tiempo determinado que deberán especificar, el letrado o letrada de Administración de Justicia fijará nueva fecha para la celebración del juicio.
El art. 58.2 distingue dos cauces: el acta, que tramita el notario, y el expediente, que instruyen el letrado de la Administración de Justicia o el Encargado del Registro Civil. En los dos manda el domicilio de uno de los contrayentes, no el lugar de la boda ni la libre elección. Por eso el letrado es el distractor tentador: también es competente por el domicilio, pero para el expediente, no para el acta.
La tramitación del acta competerá al notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes.
La revisión se interpone ante el juez o tribunal con competencia funcional en la fase del proceso en que recayó el decreto (art. 238 ter): si el decreto se dicta en la instrucción, ante el juez instructor. Ante el propio letrado se interpone la reposición (art. 238 bis), no la revisión. La Audiencia Provincial no es la regla: depende de la fase, y en la instrucción es el instructor quien la resuelve. El Secretario de Gobierno no resuelve recursos procesales.
El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez o Tribunal con competencia funcional en la fase del proceso en la que haya recaído el decreto del Secretario judicial que se impugna
Junto al organismo estatal de igualdad, el art. 8 asegura en el Consejo Escolar del Estado la representación de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional. No exige declaración de utilidad pública ni una antigüedad mínima, y no basta con estar presente en varias comunidades autónomas.
en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.
Mediante auto y previa audiencia de las partes, las dos cosas «en todo caso». Una providencia no basta aunque se oiga a las partes, y el trámite previo que exige el 4 bis.2 es oírlas a ellas, no pedir un informe al Ministerio Fiscal.
en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes
La LEC da prioridad a la videoconferencia: se usa siempre que sea posible, y el auxilio judicial queda para cuando no lo es (art. 129.2). La opción que invierte el orden es la tentación de quien piensa en el exhorto a otro tribunal como la vía natural para lo que se hace fuera del partido. Las dos que dicen «en todo caso» suprimen la alternativa que la ley mantiene.
se practicarán, cuando proceda, mediante videoconferencia siempre que sea posible y, en otro caso, mediante auxilio judicial
Los gastos de otorgamiento se pagan según lo acordado y, en defecto de acuerdo, los paga quien solicite la elevación a escritura, sin perjuicio de repercutirlos como costas en la ejecución. Lo que decide es quién pide la escritura, no quién abrió la negociación ni quién se negó a firmarla, y el reparto por mitad no lo dice la ley.
En defecto de acuerdo, serán pagados por la parte que solicite la elevación a escritura pública
La Ley para la Reforma Política queda derogada sin más. Las demás leyes que nombra el apartado 1, la Ley Orgánica del Estado incluida («en los mismos términos»), solo se derogan en tanto en cuanto no lo hubiera hecho ya esa ley.
Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley
El art. 74.4 prefiere, primero, al funcionario del mismo centro de destino; entre varios interesados que reúnan los requisitos, al que tenga más tiempo de servicios prestados en el centro (atendiendo, en su caso, al orden jurisdiccional), y solo si hay empate, al de mayor antigüedad en el cuerpo. La antigüedad en el cuerpo es el desempate, no el primer criterio.
Si hubiera más de un funcionario interesado que reuniera los requisitos establecidos para el desempeño del puesto, tendrá preferencia el que tenga mayor tiempo de servicios prestados en el centro de destino
El art. 49.5 hace válidas las comunicaciones electrónicas cuando consta la transmisión y la recepción, sus fechas y el contenido íntegro, y cuando se identifica al remitente y al destinatario; la acreditación de la práctica se incorpora al expediente judicial electrónico. No pide un acuse firmado con certificado cualificado. El aviso al correo es algo que la persona puede facilitar (art. 49.4), no una condición de validez, y la Carpeta Justicia es solo uno de los cauces del art. 50.1.
serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y que se identifique al remitente y al destinatario de las mismas
El funcionamiento del Tribunal, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante él y las condiciones para ejercer las acciones. El número de miembros y la duración del mandato no están en el 165: los fija la propia Constitución en el 159.
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
Volver a empezar no tiene por qué ser empezar de cero. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer de la organización, el personal y la ofimática: la Constitución, la igualdad y la violencia de género, el Gobierno, la organización territorial y la Unión Europea, el Poder Judicial y su Consejo General, cada tribunal con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025, los jueces de paz y las Oficinas de Justicia en los municipios, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, con Windows, Word, Outlook e Internet.
De las leyes procesales, el recurso contencioso-administrativo y sus procedimientos, el Tribunal del Jurado, las disposiciones generales, las normas comunes, los expedientes de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación de la jurisdicción voluntaria, los medios adecuados de solución de controversias y, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el poder de disposición de las partes, los días hábiles y los plazos, la inmediación, la publicidad y la fe pública judicial, los actos de comunicación, el auxilio judicial, las resoluciones, la nulidad de las actuaciones, la tasación de costas, la clase de juicio, la presentación de escritos y sus copias, la prueba, los juicios ordinario y verbal, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares, las disposiciones generales de los procesos especiales, los procesos de apoyos y de filiación, los procesos matrimoniales, la sustracción internacional de menores, la división de la herencia, el monitorio y el cambiario, y de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la jurisdicción y la competencia, las partes, los actos procesales, la evitación del proceso, la demanda, el juicio, la prueba y la sentencia, el despido, las sanciones y las demás extinciones del contrato, las prestaciones de la Seguridad Social y los recursos de reposición, de revisión y de suplicación, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las resoluciones, los actos de comunicación, los términos, los recursos, el sumario, la detención, la prisión provisional, las fianzas y los embargos, el sobreseimiento, la calificación, el juicio oral, el procedimiento abreviado, los juicios rápidos, el juicio sobre delitos leves, la ejecución de las sentencias y la justicia restaurativa.
Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Carta de Derechos, con su explicación. Comparte sus bloques con la colección de cada ley y con Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
No incluye las demás leyes procesales: ni el resto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está en sus cuatro colecciones, ni el resto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en sus tres colecciones, ni el resto de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que está entera en su propia colección, ni el resto de los expedientes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que está entera en la suya y de la que lleva solo sus disposiciones generales, sus normas comunes, los de adopción, de medidas judiciales de apoyo, de tutela y curatela, de Derecho sucesorio y de obligaciones, y la conciliación.
Y tampoco el caso práctico del segundo ejercicio, que son diez preguntas sobre un mismo supuesto. Tampoco los datos abiertos y la cooperación entre Administraciones del Real Decreto-ley 6/2023, los Fiscales de Sala especialistas, la Carrera Fiscal y el estatuto y la responsabilidad de los fiscales, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los anexos de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, la ley de incompatibilidades del personal de las Administraciones, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el derecho de huelga, la prevención de riesgos laborales, el Plan de Transparencia Judicial ni la estructura de la Secretaría de Estado de Justicia, que fija cada Gobierno por real decreto.
La ofimática va en preguntas, no en práctica en pantalla. De la Ley Orgánica del Poder Judicial lleva sus principios, la planta y cada tribunal, el gobierno de los tribunales, el Consejo General, la Carrera Judicial y la independencia, la lengua y los medios técnicos, la protección de datos, la oficina judicial, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios, los abogados, los procuradores, la Policía Judicial, las actuaciones judiciales —los días y las horas hábiles, la nulidad de los actos, las resoluciones, las notificaciones y la cooperación entre tribunales— y el depósito para recurrir, sin el resto de la ley, que está entera en su propia colección: ni la extensión de la jurisdicción, ni los conflictos de competencia, ni las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados.
De la Constitución, todo menos los derechos y deberes de los ciudadanos de la sección segunda, los principios rectores de la política social y económica, la Administración Pública, la economía y la hacienda y el Defensor del Pueblo; de la Administración local, solo lo que dice la Constitución, y de la Unión Europea, del Tratado de la Unión los valores, el marco institucional, la adhesión y la retirada, y del de Funcionamiento, las categorías de competencias, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones, sin el detalle de las demás instituciones, las políticas de la Unión ni sus actos jurídicos: los dos Tratados tienen su propia colección.
Y de otras cuatro leyes lleva una parte, y están enteras en sus propias colecciones:
El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.
Estudiar es gratis, y es igual en los dos planes: el repaso no tiene límite y las preguntas nuevas de cada día son las mismas. Premium añade simulacros de examen sin límite —en el plan gratuito, uno a la semana— y sacar preguntas de tus propios PDF con IA.
El método de fondo es el mismo, y Anki es extraordinario: te devuelve cada tarjeta en el momento justo. El problema nunca fue Anki, fue tener que fabricarse las tarjetas primero. Aquí las preguntas ya están hechas: abres la colección y ya estás respondiendo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de punta a punta —sus principios, la extensión y los límites de la jurisdicción española, la planta y lo que conoce cada tribunal, de los jueces de paz al Tribunal Supremo, los conflictos de jurisdicción y de competencia, el gobierno de jueces y tribunales, su inspección y su Consejo General, cómo se actúa ante ellos —el tiempo hábil, la audiencia pública, la formación de las Salas y las sustituciones, la abstención y la recusación, la publicidad, la lengua y los medios técnicos, la protección de datos, la nulidad, las resoluciones, la vista y el fallo, las notificaciones y la cooperación jurisdiccional—, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Justicia, la Carrera Judicial, el nombramiento, las situaciones, la independencia y la responsabilidad de jueces y magistrados, los jueces en provisión temporal, la formación continua y el Centro de Estudios Jurídicos, la oficina judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios, los letrados de la Administración de Justicia, los cuerpos de funcionarios y los institutos de medicina legal, el Ministerio Fiscal y quienes cooperan con la Justicia, la defensa del Estado en juicio y las correcciones a quienes intervienen en los pleitos, los recursos en materia de vigilancia penitenciaria y el depósito para recurrir—, con la planta de Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025 y el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Donde la ley todavía dice Juez de Vigilancia Penitenciaria, las respuestas dan también el nombre de hoy: las Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Tramitación procesal y administrativa: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
989 preguntas
del equipo de Nemoteca La ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de punta a punta —qué asuntos conoce este orden y cuáles no, sus órganos y lo que corresponde a cada uno, las partes, la legitimación y la representación, contra qué actividad de la Administración se puede recurrir y qué se puede pedir, la cuantía, el procedimiento ordinario desde la interposición hasta la sentencia, el abreviado, los recursos de apelación, de casación y de revisión, la ejecución de sentencias, los procedimientos especiales, los plazos, las medidas cautelares y las costas—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Donde la ley todavía dice juzgados de lo contencioso-administrativo y secretarios judiciales, las respuestas usan los nombres de hoy: las Secciones de los Tribunales de Instancia que estrenó la Ley Orgánica 1/2025 y los letrados de la Administración de Justicia. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
359 preguntas del equipo de Nemoteca La Constitución de punta a punta —el preámbulo, sus diez títulos y sus disposiciones—, con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que la incluyen, como Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
914 preguntas del equipo de Nemoteca Dar otra vuelta no tiene por qué ser volver a leerlo todo. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía a Microsoft 365: la Constitución, sus derechos y sus fuentes; el Estatuto, la Asamblea, el Presidente y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con sus Consejerías y su Administración institucional; el acto y el procedimiento administrativo, el recurso contencioso-administrativo, la transparencia del Estado y la de la Comunidad, la protección de datos y los contratos del sector público; el empleo público y las incompatibilidades, con la Ley de Función Pública de la Comunidad, y la Seguridad Social; la Ley de Hacienda de la Comunidad, la 5/2025, que sustituyó a la 9/1990 el 1 de enero de 2026; la igualdad, la información y la atención al ciudadano en la Comunidad, la administración electrónica, los documentos administrativos, el registro y el archivo; y Windows 11, Word, Excel, Access, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint y OneDrive. Las que tienen norma, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las demás, con su explicación. Comparte sus bloques con Auxiliar administrativo del Estado y con la colección de cada ley, como la del Estatuto de Autonomía o la de las leyes de la Comunidad: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
4305 preguntas del equipo de Nemoteca Cuatro normas, cada una con sus bloques, y de tres de ellas, solo una parte. De la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, el título I —su objeto, las telecomunicaciones como servicios de interés general, sus objetivos y los servicios para la seguridad y la defensa nacionales, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil— y el capítulo III del título III: los derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y su interceptación por los servicios técnicos, los datos personales, su conservación y cesión, el cifrado y la seguridad de las redes. Del Real Decreto 1125/2024, que sustituye al Real Decreto 806/2014, su objeto, los órganos —la Comisión de Estrategia TIC, la Agencia Estatal de Administración Digital, las Comisiones Ministeriales, el Comité de Dirección y las Unidades TIC— y el modelo de gobernanza: la estrategia, los medios y servicios digitales comunes y transversales y los proyectos de interés prioritario. De la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los títulos I a III —los efectos de los documentos electrónicos, la vigencia, la revocación y la suspensión de los certificados, cómo se comprueba la identidad de su titular, y las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores— y lo que dice del DNI y sus certificados. Y del Real Decreto 4/2010, del Esquema Nacional de Interoperabilidad, los principios, las dimensiones de la interoperabilidad, la reutilización, la firma, la conservación y la digitalización de documentos, la conformidad y qué normas técnicas lo desarrollan. Con el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Si la estudias para un tema de administración digital o de sistemas de información, no te lo completa: te faltarán el Reglamento europeo de identificación electrónica, el Esquema Nacional de Seguridad y las partes de estas normas que no lleva.
117 preguntas del equipo de Nemoteca Más leyes no tienen por qué ser más vueltas. Cada día, solo las preguntas que se te iban a caer, de la Constitución a la ofimática: el Gobierno, los tribunales y la organización del Estado, con su Servicio Exterior, las comunidades autónomas y la Administración local, la Unión Europea, la transparencia, la atención al ciudadano y el derecho de petición, los archivos y el registro, la administración electrónica y la protección de datos con sus autoridades y los derechos digitales; las fuentes del derecho, el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público con sus organismos públicos, el recurso contencioso-administrativo, los contratos del sector público y la responsabilidad patrimonial; la igualdad, la discapacidad y la dependencia; el empleo público, con sus reglamentos, el Registro Central de Personal, las incompatibilidades, el mutualismo de los funcionarios, el convenio del personal laboral y su Seguridad Social: quién entra en el Régimen General, la acción protectora y la jubilación; y la gestión financiera: el presupuesto del Estado, sus créditos y sus modificaciones, la ejecución del gasto con sus documentos contables, los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, el control de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas, las retribuciones, las indemnizaciones por razón del servicio, las nóminas y las subvenciones. Las de ley, con su artículo literal del texto vigente; las de ofimática y las que no tienen norma, como la Agenda 2030, con su explicación. Lleva todos los bloques de Auxiliar administrativo del Estado: si ya la estudias, lo que sabes allí te cuenta aquí y no se repasa dos veces. Y comparte los suyos con la colección de cada ley, como la de la Ley de Contratos del Sector Público o la de la Ley General Presupuestaria: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.
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