El acuerdo y las modalidades de negociación previa

Basta manifestarlo en la demanda y acompañar el justificante de haber enviado la oferta y de que la otra parte la recibió, sin mencionar su contenido, porque la oferta es confidencial en todo caso (art. 17.3). La oferta no pasa por ningún conciliador ni exige notario.

Las partes la designan de mutuo acuerdo para que emita una opinión no vinculante; solo si todas aceptan sus conclusiones nace un acuerdo con los efectos del art. 13 (art. 18.4). Que la opinión no vincule es lo que la distingue de la aceptación de una oferta vinculante (art. 17).

La disposición adicional segunda permite a las Administraciones con competencias en Justicia sufragar, en todo o en parte, el coste del tercero neutral para quien reúna los requisitos que se fijen, cuando el medio sea requisito de procedibilidad o haya derivación judicial, y siempre según las disponibilidades presupuestarias. Es una facultad («podrán»), no una obligación.

El art. 14 reparte las conciliaciones: la notarial, por la Ley del Notariado (cap. VII del tít. VII); la registral, por el título IV bis de la Ley Hipotecaria; la del letrado de la Administración de Justicia, por el título IX de la Ley 15/2015, y la del juez de paz, por ese mismo título y además por el art. 47 de la LEC. El título IX solo es lo de la conciliación ante el letrado.

Los servicios los constituyen el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, cada uno en su ámbito de competencias y en la forma que considere adecuada. Entre sus funciones está informar a los órganos judiciales y apoyar la derivación judicial, pero no dependen del CGPJ ni de los colegios.

Entre los principios del art. 19.2 está la renuncia a tribunales de los profesionales de la abogacía que intervinieron, si no se consigue una solución: no son ellos quienes llevan el pleito. La transparencia y la buena fe también son principios del proceso, pero no tienen esas consecuencias, y la homologación exige un acuerdo (art. 12.7).

La homologación judicial cabe en dos supuestos: cuando la ley lo exija o cuando el acuerdo se alcanzó en una negociación a la que el tribunal derivó a las partes dentro del proceso. Si la otra parte no quiere ir al notario, la escritura se otorga unilateralmente (art. 12.3), y para ejecutar en otro Estado se exigen, además de la escritura, los requisitos de los convenios y de la Unión (art. 12.6).

La oferta decae si se rechaza o si no se acepta expresamente en un mes o en el plazo mayor que fije quien la hace: se puede alargar, no acortar. Los diez días hábiles son los de la opinión de persona experta (art. 18.3).

En las acciones individuales de consumidores, la reclamación extrajudicial previa a la empresa, sin respuesta en plazo o con una respuesta no satisfactoria, ya cumple el requisito. Acudir a las entidades de resolución alternativa de consumo es posible («sin perjuicio»), pero no obligatorio.

El art. 12.1 enumera el contenido del documento: identidad y domicilio de las partes (y, en su caso, de sus abogados y del tercero neutral), lugar y fecha, las obligaciones que asume cada parte y que se ha seguido un procedimiento ajustado a la ley. Las cuestiones sin acuerdo no figuran aquí: las recoge el acta final del Derecho colaborativo (art. 19.3); los honorarios se fijan en el acta de inicio de la conciliación privada (art. 16.c).

Para la conciliación ante el registrador, el art. 13.2 añade una tercera vía: que el acuerdo conste en la certificación a la que se refiere el art. 103 bis de la Ley Hipotecaria. No basta con inscribir ni con un acta: la ley nombra esa certificación.

Entre las funciones de la persona conciliadora (art. 16.c) está documentar un acta de inicio firmada por todas las partes con el objeto de la controversia, los honorarios y si comparecen solas o asistidas. El encargo puede hacerlo una sola parte (art. 15.3), y el acta final y la certificación llegan al terminar, con acuerdo o sin él.

El art. 18.3 da diez días hábiles, contados desde la comunicación del dictamen, para hacer observaciones o propuestas antes de aceptar la opinión. El mes es el plazo para aceptar la oferta vinculante (art. 17.4).

Aceptada expresamente la oferta, quien la formuló queda obligado a cumplir y la aceptación es irrevocable. El mes del art. 17.4 es el plazo para aceptar, no para retractarse.

El acuerdo es vinculante desde que se alcanza y cierra la puerta a una demanda con el mismo objeto. La escritura pública o la homologación no lo hacen vinculante: le dan valor de título ejecutivo (art. 13.2), que es otra cosa.

El art. 15.1 habla de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos, pero el 15.2 exige además estar inscrita como ejerciente en un colegio profesional (abogacía, procura, graduados sociales, economistas, notariado, registradores u otro reconocido) o como mediadora en los registros correspondientes. Los conocimientos solos no bastan.