Los órganos del orden contencioso-administrativo y sus competencias

El art. 12.2.b) atribuye al Supremo los recursos de casación y revisión contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo que establece su Ley de Funcionamiento. El Consejo de Estado es un órgano consultivo, sin resoluciones que se recurran en casación. El Jurado de Expropiación decide como un tribunal, pero es un órgano administrativo, y lo que resuelve se recurre en la instancia, no en casación. Tampoco el Banco de España, de cuyos actos conoce en única instancia la Audiencia Nacional (art. 11.1.g y DA 4.ª.1), no el Supremo en casación.

El art. 12.1.a) atribuye a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en única instancia, los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno. La Sala de la Audiencia Nacional tienta por el rango estatal del asunto, pero aquí el autor es el propio Consejo de Ministros, y eso es lo que decide. Ninguna regla lleva este acuerdo a la Sección central ni a la Sala del Tribunal Superior de Justicia.

El art. 17.3 fija la competencia al tiempo de la interposición: si una nueva distribución de asuntos altera la de los órganos unipersonales de un mismo partido judicial, la de las Salas de un Tribunal o la de las Secciones de una Sala, de los procesos en tramitación sigue conociendo, y falla, el órgano que era competente según los acuerdos vigentes cuando se interpuso el recurso. El nuevo reparto solo vale para lo que entre después, y por eso es la opción tentadora.

En materia de personal, el art. 9.1.a) lleva los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado a los órganos centrales unipersonales, que la ley todavía llama Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y que desde el 31 de diciembre de 2025 son la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia (Ley Orgánica 1/2025). La Sala de la Audiencia Nacional tienta por el rango del autor, pero en personal la ley lleva estos actos a la Sección central, con salvedades que aquí no se dan. Ninguna regla lleva a las otras dos este acto: el Ministro resuelve en primera vía, no confirma un acto de la Administración periférica (art. 8.3).

El art. 8.3 da a los órganos unipersonales las disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado, y exceptúa, además de los que pasan de cierta cuantía, los dictados en ejercicio de competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales, sea cual sea su importe. Las sanciones, el personal y la responsabilidad patrimonial no están en esa lista. La ley dice Juzgados; hoy son las Secciones de los Tribunales de Instancia, por la Ley Orgánica 1/2025.

El art. 11.2 da a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional las apelaciones contra los autos y las sentencias de los órganos centrales unipersonales, y los recursos de queja que les corresponden. La ley los llama Juzgados Centrales; desde el 31 de diciembre de 2025 son la Sección del Tribunal Central de Instancia (Ley Orgánica 1/2025). La Sala del Tribunal Superior de Justicia tienta porque también resuelve apelaciones, pero no las de la Sección central; el Supremo no conoce de la apelación.

El art. 13.b) extiende la competencia para conocer de recursos contra actos a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de vía de hecho, que no son actos pero se recurren ante el mismo órgano. Las disposiciones generales que el acto aplica tienen su propia regla de competencia, y por eso tientan; las entradas en domicilio para ejecutar actos tienen una atribución propia (art. 8.6), y una reclamación de responsabilidad patrimonial es otro asunto, con su propia regla.

El art. 8.2.b) lleva a los órganos unipersonales las sanciones de la Administración autonómica que consisten en multas no superiores a 60.000 euros, y esta no llega. La LJCA todavía los llama Juzgados de lo Contencioso-administrativo; desde el 31 de diciembre de 2025 son las Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia (Ley Orgánica 1/2025, disposición adicional 1.ª). La Sala del Tribunal Superior de Justicia es la tentadora: es la que conocería si la multa pasara de esa cifra. La Audiencia Nacional y el Supremo no conocen de las sanciones de una consejería.

El art. 7.3 exige que la declaración de incompetencia se haga por auto y antes de la sentencia. La competencia de este orden no se prorroga y se aprecia incluso de oficio, oídas las partes y el Ministerio Fiscal (art. 7.2), así que no queda fijada al admitir el recurso, al contestarse la demanda ni al abrirse la prueba. La tentación es pensar que, admitido el recurso, la competencia ya no se discute.

El art. 11.1.a) da a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en única instancia, los actos de los Ministros aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno. Lo que decide es quién dicta el acto, y aquí es el Ministro: que el Consejo haya intervenido antes no cambia el autor, y por eso no desplaza la competencia a otro tribunal. Ese inciso lo añadió la Ley Orgánica 1/2025 para los recursos interpuestos desde el 3 de abril de 2025. Ni la Sección del Tribunal Central de Instancia ni la Sala del Tribunal Superior de Justicia conocen de los actos de un Ministro en esta materia.

Las cuestiones de competencia entre los órganos unipersonales con sede en la misma comunidad autónoma las resuelve la Sala de lo Contencioso-administrativo de su Tribunal Superior de Justicia (art. 10.4). La ley habla de Juzgados; desde el 31 de diciembre de 2025 son las Secciones de los Tribunales de Instancia (Ley Orgánica 1/2025). La Sala de Gobierno tienta por su nombre, pero es un órgano de gobierno y no ejerce jurisdicción; la Presidencia de un Tribunal de Instancia no está por encima de otro, y el Supremo no interviene en esta cuestión.

El art. 6 enumera cinco órganos: los dos unipersonales —que la ley todavía llama Juzgados y Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, y que desde el 31 de diciembre de 2025 son las Secciones de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia (Ley Orgánica 1/2025)— y tres Salas: las de los Tribunales Superiores de Justicia, la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Supremo. Las Audiencias Provinciales no tienen Sala de lo Contencioso-administrativo: suenan a tribunal colegiado de cada provincia, y por eso tientan, pero no están en la lista.

El art. 11.1.a) reserva a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos, sea cual sea su rango. La Sala del Tribunal Superior de Justicia tienta por el rango inferior del órgano, y la Sección del Tribunal Central de Instancia porque es materia de personal; pero la letra a) nombra este supuesto y lo lleva a la Audiencia. Para la Sección de un Tribunal de Instancia no hay aquí ninguna regla que la llame.

El art. 9.1.c) lleva a los órganos centrales unipersonales, en primera o única instancia, los recursos contra las disposiciones generales y los actos de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y las entidades del sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional. La ley los llama Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo; desde el 31 de diciembre de 2025 son la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia (Ley Orgánica 1/2025). La Sala de la Audiencia Nacional tienta porque el organismo es estatal y de ámbito nacional, pero ninguna letra del art. 11 lo nombra; la Sección de un Tribunal de Instancia conocería si su competencia no alcanzara todo el territorio (art. 8.3), y la Sala del Tribunal Superior de Justicia no tiene regla para este acto.

El art. 8.4 da a los órganos unipersonales todas las resoluciones que dicten en materia de extranjería la Administración periférica del Estado —como una Subdelegación del Gobierno— o los órganos competentes de las comunidades autónomas, sin límite de cuantía. Son las Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia, que es como se leen hoy los Juzgados de la ley desde la Ley Orgánica 1/2025. La Sección del Tribunal Central tienta porque el acto es del Estado, pero una Subdelegación es Administración periférica, no órgano central.

El art. 11.1.f) lleva a la Audiencia Nacional las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, salvo las que se refieren a contratos de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales (art. 10.1.k); un contrato estatal no está en esa salvedad. Lo que resuelven los tribunales territoriales de recursos contractuales y lo que resuelve el Tribunal Económico-Administrativo Central en tributos cedidos es de la Sala del Tribunal Superior de Justicia (art. 10.1.l y e), y lo que el Consejo General del Poder Judicial acuerda sobre su personal tampoco está entre lo que el art. 11 da a la Audiencia. El tentador es el tribunal territorial, que hace lo mismo en otro ámbito.

El nombramiento hace nacer la relación de servicio del funcionario de carrera, y el art. 11.1.a) da a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en única instancia, los actos de los Secretarios de Estado —y de los Ministros— en materia de personal cuando se refieren al nacimiento o a la extinción de esa relación. Que sea materia de personal no basta para llevarlo a otro órgano: la letra a) nombra este supuesto. La Sala del Tribunal Superior de Justicia conoce del personal de órganos inferiores a Secretario de Estado (art. 10.1.i), no de este acto, y el Supremo tienta solo por el rango del autor.

La regla tercera del art. 14.1 da la competencia al órgano en cuya circunscripción radican los inmuebles afectados cuando se impugnan planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comportan intervención administrativa en la propiedad privada. Es un fuero propio: no depende de dónde tenga su sede el órgano que expropia ni de dónde viva el expropiado o de lo que prefiera, y la expropiación no está entre las materias en que el demandante elige.

La regla segunda del art. 14.1 deja elegir al demandante en cuatro materias: responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones. Los contratos públicos no están en esa lista y siguen la regla general. Las propiedades especiales son las que más se olvidan, y por eso pueden parecer el intruso.

El art. 8.2 saca de los órganos unipersonales los actos autonómicos que proceden del respectivo Consejo de Gobierno, aunque la materia sea de las que la ley les atribuye. Que el acto lo firme un consejero o un director general no cambia la regla, ni que resuelva un recurso administrativo. Y los organismos autónomos de la comunidad se tratan como la propia Administración autonómica (art. 13.a), así que tampoco quedan fuera. La ley dice Juzgados; desde el 31 de diciembre de 2025 son estas Secciones (Ley Orgánica 1/2025).