Los negocios y contratos excluidos

El art. 11.6 excluye la prestación de servicios sociales por entidades privadas cuando se hace sin celebrar contratos públicos —por ejemplo, con la simple financiación o con licencias o autorizaciones—, siempre que se autorice a todas las entidades que cumplan las condiciones fijadas antes por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, con publicidad suficiente y con transparencia y no discriminación. Seleccionar a las mejores o dar exclusividad por zonas limitaría el acceso, y este apartado no reserva la prestación a entidades sin ánimo de lucro.

El art. 4 dice dos cosas de los negocios de esta sección: que quedan fuera de la ley y se rigen por sus normas especiales, y que los principios de la LCSP se aplican para resolver las dudas y lagunas que se presenten. No es, por tanto, una aplicación supletoria de toda la ley, pero tampoco una exclusión sin rastro: llegan sus principios, no sus reglas. Repartir la adjudicación por la LCSP y los efectos por otro régimen recuerda a los contratos privados de las Administraciones (art. 26), que sí son contratos sujetos a la ley.

El art. 9.1 excluye de la LCSP las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, que se regulan por su legislación específica, salvo en los casos en que se declaren expresamente aplicables las prescripciones de la LCSP. No es una concesión de servicios: el ayuntamiento no le encomienda la gestión de un servicio suyo, le permite ocupar un bien demanial. Y no la regula el derecho privado: la ley la remite a su legislación específica.

El art. 11.4 excluye los contratos por los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio: aquí la universidad es quien presta y la empresa privada, quien recibe. Que el contrato sea oneroso no basta para sujetarlo, y la exclusión no depende de su importe. Si quien recibiera el servicio fuera una entidad del sector público sujeta a la ley, sería ella la que tendría que ajustarse a la LCSP para celebrar su contrato. Las universidades públicas son poder adjudicador, pero eso no basta: aquí la universidad no recibe la prestación, la presta.

El art. 8 excluye los contratos de investigación y desarrollo, salvo los de ciertos códigos CPV que cumplan a la vez dos condiciones: que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador, para su utilización en su propia actividad, y que el servicio lo remunere íntegramente el poder adjudicador. Aquí falta la primera, porque la empresa también explota los resultados, y basta con que falte una para que el contrato siga excluido. Pagarlo entero y estar en esos códigos son rasgos que lo acercarían a la ley, no los que lo sacan; y el artículo no mira quién lo adjudica.

El art. 10 excluye, en el ámbito financiero, los contratos de préstamo y las operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros. El seguro, la auditoría de cuentas y la consultoría contable no están entre los negocios excluidos: son contratos de servicios, sujetos a la ley.

El art. 9.2 excluye de la LCSP la compraventa, la donación, la permuta, el arrendamiento y los demás negocios análogos sobre bienes inmuebles, y les da siempre el carácter de contratos privados, regidos por la legislación patrimonial. Alquilar un local no es, pues, ni un servicio ni un suministro sujetos a la ley, y tampoco es un contrato administrativo. La salvedad del artículo es para los que recaen sobre programas de ordenador y deben calificarse como suministro o servicios.

El art. 11.1 excluye de la LCSP la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral: ni el nombramiento del interino ni la contratación del peón son contratos del sector público. Que las dos relaciones sean retribuidas no cambia nada, porque la exclusión alcanza a ambas por lo que son.