La obligación de cotizar, las bases y los tipos

La transmisión electrónica es requisito para conseguir y conservar los beneficios, y la única excepción la autoriza la Tesorería General: a petición del interesado, de forma excepcional y transitoria, atendiendo al número de trabajadores, a su dispersión o a que el sujeto responsable sea público. La Inspección comprueba el cumplimiento, el Instituto Nacional gestiona prestaciones y la Intervención controla el gasto: ninguno de ellos concede esta dispensa.

La consecuencia del art. 20.3 es automática pero acotada: la empresa pierde el beneficio únicamente en las cuotas de los períodos que no ingresó en plazo. No arrastra los meses ya pagados ni cierra los siguientes, que conservan la bonificación si se ingresan a tiempo, y pagar tarde con recargo no la recupera. Si el retraso se debiera a un error de la Administración de la Seguridad Social, no la perdería.

El art. 18.2 no dice quién cotiza: lo remite a las normas de cada régimen, porque en unos la obligación recae en la empresa y el trabajador y en otros en quien trabaja por su cuenta. Por eso no hay una lista común para todo el sistema. Y quién está obligado no se pacta en el contrato ni lo decide la Tesorería al dar el alta: viene dado por la norma del régimen.

El art. 18.1 abre la sección con una regla sin matices: cotizar a la Seguridad Social es obligatorio en todos los regímenes que forman el sistema, el General y los especiales. No depende de que la norma de cada régimen especial lo prevea, ni de que se trabaje por cuenta ajena: también cotiza quien trabaja por su cuenta. Y los sistemas especiales viven dentro de un régimen, así que tampoco quedan fuera.

El art. 20.1 mira un momento concreto: la empresa tiene que estar al corriente en la fecha en que se le concede el beneficio. No basta con estarlo al pedirlo, si entre la solicitud y la concesión contrae una deuda, y el artículo no exige un historial limpio de meses atrás ni mira el cierre de ningún ejercicio. Lo que pasa con los incumplimientos posteriores lo regula el apartado 3.

Si la Administración no paga a tiempo, el importe se incrementa con el interés de demora del art. 31.3, y ese interés corre desde el día en que la empresa presentó la solicitud, no desde que venció el plazo para pagar: el retraso hace que se compute el periodo entero desde ese día. La liquidación en que debió descontarse marca el plazo para pedir el reintegro, no el inicio de los intereses.

La cuota de solidaridad grava lo que no cotiza por los tipos ordinarios: la parte de la retribución computable, la del art. 147, que queda por encima de la base máxima. Lo que está por debajo del tope ya cotiza por los tipos ordinarios y no se vuelve a gravar, así que no se aplica a toda la retribución. Nada tiene que ver con las horas extraordinarias, que llevan su propia cotización adicional.

El plazo es corto: tres meses desde la presentación de la liquidación en la que debió aplicarse el beneficio, y si se deja pasar, el derecho al reintegro se extingue. Es una regla propia de los beneficios no deducidos; los demás plazos son de otros capítulos de la ley.

La obligación de cotizar va unida al trabajo: nace en el momento en que empieza la actividad correspondiente. No la hace nacer la firma del contrato, que puede ser anterior, ni el primer cobro, que llega después, y tampoco se espera al mes siguiente: corre desde el primer día de actividad. El art. 144.1 concreta esta regla para el Régimen General.

Para el desempleo, el Fondo de Garantía Salarial, la formación profesional y los demás conceptos que se recaudan junto con las cuotas, el art. 18.1 no da una regla general: la obligación existe en los regímenes y supuestos, y con el alcance, que fijen la LGSS, su desarrollo y las normas propias de cada concepto. Por eso no se extiende sin más a todo el sistema, pero tampoco la ley la encierra en el Régimen General. Y no la decide la Tesorería General, que recauda estos conceptos pero no dice dónde se cotiza por ellos.

El art. 19 bis parte el exceso sobre la base máxima en tres tramos: hasta un 10 % por encima de ella, del 10 % al 50 %, y lo que pasa del 50 %, que es el tramo con el tipo mayor. Los tipos del artículo son la regla final: la DT 42.ª los aplica de forma gradual, con porcentajes propios para cada año de 2025 a 2045, pero sobre los mismos tramos.

Cuando la obligación de cotizar es del empresario, el art. 18.4 mira a la realidad y no a los papeles: la deuda puede reclamarse a quien efectivamente recibe los servicios de los trabajadores, aunque no figure como empresario en los contratos, en los registros públicos ni en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes. No hace falta una sentencia que la declare empleadora, y el artículo no condiciona la reclamación a la insolvencia de nadie.

El art. 18.3 admite dos orígenes para la responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa: cualquier norma con rango de ley que se refiera a las obligaciones de Seguridad Social o no las excluya expresamente, y los pactos o convenios que no sean contrarios a las leyes. No hace falta que la imponga la propia LGSS, y la Tesorería General no tiene que aprobar el pacto: basta con que sea lícito.

El desempleo no tiene base propia: en todos los regímenes que lo cubren se cotiza por él sobre la misma base que por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no sobre la de contingencias comunes, que es la que tienta. El mismo apartado aplica esa base al Fondo de Garantía Salarial y a la formación profesional. No es la base mínima del grupo ni un promedio de meses anteriores.

El techo de las bases se ata a las pensiones: sube cada año lo mismo que se revalorizan las pensiones contributivas conforme al art. 58.2. No sigue al salario mínimo ni al crecimiento del PIB, y no queda al criterio del Gobierno. El art. 19.3 da la regla final: hasta 2050, la DT 38.ª suma a ese porcentaje una cuantía fija anual, así que el tope máximo crece algo más que las pensiones.