La recaudación de las cuotas: la competencia, el aplazamiento y la prescripción

El ingreso en una entidad concertada o autorizada vale lo mismo que el hecho en la propia Tesorería, y desde el momento en que se lleva a cabo. Lo que la entidad tarde en transferir o en comunicar el cobro, o lo que tarde la Tesorería en aplicarlo, no corre en contra de quien pagó.

Mantenerse al corriente de las obligaciones posteriores es parte del trato: el aplazamiento se considera incumplido en el momento mismo en que el beneficiario deja de estarlo, aunque pague puntualmente los plazos de la deuda vieja. La ley no exige un requerimiento ni una declaración previa, y la deuda nueva no se incorpora a lo aplazado.

El aplazamiento lo concede la Tesorería General, pero no lo ofrece por su cuenta: hace falta que el deudor lo pida, y se concede en los términos y con las condiciones que fije el reglamento. Ni la Inspección lo propone ni la providencia de apremio lo abre de oficio.

Los derechos de la Seguridad Social no se negocian por la vía ordinaria: transigir sobre ellos, o someter sus contiendas a arbitraje, exige un real decreto acordado en Consejo de Ministros, con audiencia previa del Consejo de Estado. Una orden ministerial no basta, y el órgano que se oye es el consultivo, no la Abogacía del Estado.

Las cuotas y los conceptos de recaudación conjunta, con sus recargos e intereses, gozan «en su totalidad» del mismo rango que los créditos del art. 1924.1.º del Código Civil: no se separa el principal de lo accesorio. El apartado 2.º E) del mismo artículo es el rango de los demás créditos de la Seguridad Social, los que no son cuotas. Dentro de un concurso, manda la legislación concursal.

Interrumpe cualquier actuación de la Administración dirigida a liquidar o recaudar la deuda, siempre que el responsable del pago tenga conocimiento formal de ella: una gestión interna que no llega a conocer no le corta el plazo. La reclamación de deuda y el acta de liquidación se citan «especialmente», como ejemplos, no como las únicas.

La concesión no despliega efectos hasta que el deudor ingresa las cuotas que el aplazamiento no puede cubrir, y para eso tiene como máximo un mes desde que se le notifica. Es una condición de eficacia: sin ese ingreso, el aplazamiento concedido no llega a funcionar. Los demás plazos no son los de este precepto.

La liquidación simplificada es para cuotas que no dependen de una nómina mensual: las de los autónomos y los trabajadores por cuenta propia del Mar, los empleados de hogar, los agrarios en inactividad, el Seguro Escolar o los convenios especiales. La autoliquidación la hace el propio sujeto responsable, y la liquidación directa la practica la Tesorería trabajador por trabajador, a petición de la empresa y con sus datos. Las mutuas no liquidan cuotas.

La Tesorería puede pactar con el deudor, de conformidad con él y con las garantías que estime oportunas, unas condiciones singulares de pago dentro del concurso; el tope es que no mejoren para el deudor lo que recoja el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Las garantías son las que la Tesorería estime oportunas, no un aval por el total.

La colaboración de los particulares en la recaudación tiene que poder revisarse: sus habilitaciones son temporales «en todo caso», sin excepción por el tipo de entidad ni por lo que diga la propia habilitación. Por eso no cabe una habilitación indefinida, ni siquiera condicionada a que la entidad cumpla lo pactado.

El plazo arranca el día siguiente al del ingreso, con independencia de cuándo se descubra el error. No espera a que se conozca ni a que una resolución lo reconozca, y el vencimiento del plazo reglamentario de pago no importa aquí: lo que cuenta es la fecha en que el dinero entró.

El interés corre desde que el dinero entró en la Tesorería General, no desde que se pidió de vuelta: la Seguridad Social lo tuvo desde ese día. Y se para en la propuesta de pago, no en el pago efectivo. El tipo es el de demora vigente a lo largo del periodo de devengo.

La Tesorería General no lleva una caja por régimen: reúne como caja única los recursos del sistema y los conceptos de recaudación conjunta, y los gestiona bajo la dirección y tutela del Estado. Las comunidades autónomas no tutelan esa gestión: el régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.17.ª CE).

El plazo del art. 24.1 es el de las cuotas y los conceptos de recaudación conjunta. Para los demás recursos del sistema, la LGSS no fija un plazo propio ni les extiende el de las cuotas: remite a las normas que les correspondan por su naturaleza jurídica. Tampoco los declara imprescriptibles.

Incumplir cualquier condición o pago del aplazamiento devuelve la deuda al apremio sin pasos intermedios: el procedimiento ya iniciado se prosigue «sin más trámite». No hay requerimiento previo ni vuelta a la reclamación de deuda, y tampoco se abre uno nuevo para lo ya apremiado; lo que no lo estuviera recibe su propia providencia de apremio.

Con el principal entran los recargos, intereses y costas que ya fueran exigibles cuando se pidió: la foto se toma en la fecha de la solicitud, no en la de la concesión, y desde que se concede no pueden exigirse otros, salvo si se incumple. No hay que pagar aparte los recargos ni las costas para obtenerlo.

La LGSS excluye expresamente de la devolución lo ingresado maliciosamente, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda. Que el error fuera del propio obligado no la impide: el art. 26.1 protege el ingreso hecho por error, sin preguntar de quién fue. Lo pagado en una entidad autorizada vale como pagado en la Tesorería, y lo cobrado por apremio se devuelve incluso con sus recargos y costas.

Lo aplazado devenga el interés de demora vigente en cada momento, desde la concesión hasta el pago. El tentador es quedarse ahí: eso es lo que paga quien sí aporta garantías. Si se exime de ellas por causas extraordinarias, el interés sube dos puntos, porque la Tesorería asume más riesgo. El interés legal del dinero no es el que usa este artículo.

No se aplaza la aportación de los trabajadores, la parte de la cuota que la empresa les descuenta, ni la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. La parte empresarial por contingencias comunes y la cuota al Fondo de Garantía Salarial, que paga solo la empresa, no están en esa exclusión y pueden aplazarse. El error típico es recordar bien uno de los dos conceptos y emparejarlo con el que no toca.

La liquidación directa calcula la cotización de cada trabajador con los datos de la Tesorería y los que aporta la empresa, pero presupone el alta: si el trabajador no figura en alta en el régimen que corresponde durante el periodo, la ley excluye liquidarlo por ese sistema, aunque la empresa haya facilitado sus datos. Ni un alta de oficio ni un recargo, ni acreditar que se pidió el alta, cambian esa exclusión.