La calidad del Sistema, la formación y los órganos consultivos

• El Comité Consultivo
• El Consejo Territorial
• El Consejo Estatal de Personas Mayores
• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

El art. 35 bis.3 obliga a informar al Comité Consultivo de cómo evolucionan los indicadores de calidad del empleo —salario, jornadas, temporalidad u otras condiciones—, que el Consejo Territorial acuerda después de oír al propio Comité (art. 35 bis.2). Al Consejo Territorial no se le informa, porque es él quien acuerda esos indicadores. La ley no da este papel al Consejo Estatal de Personas Mayores, y la Inspección de Trabajo no aparece en el artículo.

• Por mayoría de los votos emitidos en cada una de sus dos partes
• Por mayoría simple de los votos emitidos por todos sus miembros
• Por unanimidad de los miembros presentes en cada sesión
• Por mayoría absoluta, con voto de calidad de la presidencia

El art. 40.3 exige la mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes: la mayoría de las Administraciones públicas y, a la vez, la mayoría de las organizaciones sindicales y empresariales. Contar todos los votos juntos no basta: hace falta reunir la mayoría en cada parte por separado. La ley no pide unanimidad ni da voto de calidad a nadie.

• El Observatorio Estatal de la Discapacidad
• El Consejo Estatal de Personas Mayores
• El Consejo Nacional de la Discapacidad
• El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social

El art. 41.1 nombra cuatro órganos consultivos: el Comité Consultivo, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. El Observatorio Estatal de la Discapacidad no está en esa lista: lo regula la legislación de discapacidad, no la Ley 39/2006. Confundirlo con el Consejo Nacional de la Discapacidad es el error que busca la pregunta.

• La persona titular del ministerio, que lo preside en persona
• Un representante autonómico elegido por las comunidades
• Un representante estatal designado por el titular del ministerio
• Un representante de las organizaciones, por turno anual

El art. 40.4 pone la presidencia en el representante de la Administración General del Estado que designe el titular del ministerio. Quien ocupa el ministerio no preside el Comité en persona: elige quién lo hace entre los representantes del Estado. La ley no prevé que lo presida una comunidad autónoma ni un turno entre las organizaciones sindicales y empresariales.

• Un plan estatal de formación, con unas horas mínimas por servicio
• Los centros autorizados para impartir la formación en dependencia
• Las cualificaciones profesionales idóneas para las funciones del Catálogo
• Los requisitos de titulación de las personas cuidadoras no profesionales

El art. 36.1 encarga a los poderes públicos determinar las cualificaciones profesionales idóneas para ejercer las funciones que corresponden al Catálogo de servicios: es lo que permite saber qué preparación pide cada servicio. El artículo no fija horas, no señala centros ni exige titulaciones; lo que añade es promover programas y acciones formativas y fomentar la colaboración entre Administraciones, universidades y organizaciones.

• Al Consejo Territorial
• A las comunidades autónomas
• Al Comité Consultivo
• A la Administración General del Estado

El art. 34.4 se lo encarga a las comunidades autónomas, y extiende esa alerta a la discriminación y a la limitación o vulneración de derechos. Al Consejo Territorial el mismo artículo le reserva otra cosa: fijar criterios comunes de acreditación de calidad, que son reglas generales y no la respuesta a un caso concreto. El Comité Consultivo asesora y no actúa sobre los centros, y la Administración General del Estado no recibe este encargo.

• De un reglamento de régimen interior
• De un código ético de la residencia
• De un protocolo de buenas prácticas
• De una guía de convivencia y funcionamiento

El art. 35.4 exige a los centros residenciales una guía de convivencia y funcionamiento, que recoge, entre otras cuestiones, cómo se organiza y funciona el servicio, los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia y la forma en que participan. El reglamento de régimen interior era lo que pedía la redacción anterior a la Ley 4/2026, que ya no rige. Las buenas prácticas las recoge el plan que hace público el Consejo Territorial (art. 35.3), y la ley no exige a las residencias ningún código ético.

• Cuatro por cada Administración —estatal, autonómica y local— y seis por las empresariales y seis por las sindicales
• Nueve por cada Administración —estatal, autonómica y local— y seis por las empresariales y seis por las sindicales
• Seis por la Administración estatal y seis por la autonómica, y nueve por las empresariales y nueve por las sindicales
• Seis por cada Administración —estatal, autonómica y local— y nueve por las empresariales y nueve por las sindicales

El art. 40.4 fija seis representantes de la Administración General del Estado, seis de las comunidades autónomas y seis de las entidades locales, y nueve de las organizaciones empresariales y nueve de las sindicales más representativas. La regla se recuerda en dos cifras: seis por cada Administración y nueve por cada tipo de organización. Las entidades locales sí forman parte del Comité, y ninguna Administración tiene nueve representantes ni cuatro.

• Su situación laboral y la de los miembros de su unidad familiar
• Su participación en el coste, con ratios de su renta y patrimonio
• Las reclamaciones que han presentado sobre los servicios que reciben
• Su historia clínica y los informes de salud usados en la valoración

El art. 37.2 enumera como datos esenciales la población protegida, los recursos humanos, las infraestructuras de la red, los servicios y prestaciones, la titularidad de los servicios, los tiempos y listas de espera, los costes desagregados por administraciones, la participación de las personas usuarias —con ratios de su capacidad económica, renta y patrimonio—, los resultados y la calidad. De las personas usuarias, lo que el sistema recoge es su participación en el coste: ni su situación laboral, ni sus reclamaciones, ni su historia clínica están en la lista.