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Derechos de las personas con discapacidad, dependencia y accesibilidad en la Administración del Estado 

283 preguntas · 18 bloques

del equipo de Nemoteca

Tres normas, cada una con sus bloques: la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, del Real Decreto Legislativo 1/2013 —las definiciones y los principios, la accesibilidad universal, el trabajo y la cuota de reserva, la protección social y la participación, la igualdad de oportunidades y las infracciones y sanciones—; la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia —el Sistema y sus niveles de protección, las prestaciones y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, cómo se reconoce el derecho, la financiación y las infracciones—, y el Real Decreto 366/2007, de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Con la reforma de la Ley 4/2026 y el artículo literal del texto vigente en cada respuesta. Sus bloques son los mismos que llevan las colecciones del equipo que las incluyen, como Auxiliar administrativo del Estado: lo que ya sabes en una te cuenta en las demás.

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 283 preguntas que contiene en total.

El derecho a la accesibilidad universal

Además de a personas con discapacidad y a unidades familiares con alguna persona con discapacidad, ¿a quién pueden adjudicarse las viviendas de la reserva para personas con discapacidad que se destinan al alquiler?

  • A empresas para la inclusión laboral, para alojar a sus trabajadores
  • A los ayuntamientos, para destinarlas a vivienda de emergencia social
  • A fundaciones de cualquier sector, sin condiciones sobre su destino
  • A entidades sin ánimo de lucro de la discapacidad, con destino fijado

El art. 32.1 permite adjudicarlas también a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que las destinen a promover la inclusión social de las personas con discapacidad y la vida autónoma: viviendas asistidas, compartidas, de apoyo o proyectos de vida independiente. No cabe cualquier fundación ni un destino libre, y la ley no las abre a empresas ni a ayuntamientos.

podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas, unidades familiares con alguna persona con discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y de la vida autónoma
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
El objeto de la ley de dependencia, sus definiciones y quién es titular de los derechos

¿Cómo califica el art. 1 de la Ley 39/2006 el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia?

  • Como un principio rector de la política social
  • Como un derecho subjetivo de ciudadanía
  • Como un derecho fundamental de los españoles
  • Como una ayuda graciable, sujeta a crédito

El art. 1 lo llama «derecho subjetivo de ciudadanía», y el objeto de la ley es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio. Un derecho subjetivo se puede exigir: no es una ayuda graciable que se da o no según el crédito que haya. La ley no lo califica como derecho fundamental, y «principio rector» es una categoría de la Constitución que este artículo no emplea.

garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Ley 39/2006, de 14 de diciembre
El derecho a la igualdad, las prestaciones, la salud, la atención integral y la educación

Según el texto refundido, ¿a qué deben responder las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad?

  • A los baremos propios que apruebe cada comunidad autónoma
  • A criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible
  • Al criterio clínico del profesional que examina a la persona
  • A las preferencias que declare la persona interesada

El art. 12.4 exige que respondan a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible: la misma vara para todos, no un baremo propio de cada comunidad ni el criterio de cada profesional. La autonomía de la persona se respeta en la orientación para la habilitación y la rehabilitación, pero no fija su calificación.

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad responderán a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

Lo que hay dentro

  • El objeto de la ley general de discapacidad, sus definiciones y sus principios 16 preguntas El capítulo I del título preliminar de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el texto refundido del Real Decreto Legislativo 1/2013, con lo que dispone el propio real decreto legislativo: su objeto, las definiciones —la discapacidad, la igualdad de oportunidades, la discriminación directa, indirecta y por asociación, el acoso, las medidas de acción positiva, la accesibilidad universal, el diseño universal y los ajustes razonables, entre otras— y sus principios.
  • Quién es titular de los derechos y el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad 15 preguntas Los capítulos II y III del título preliminar de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: quién es titular de los derechos y qué se considera persona con discapacidad, en qué ámbitos rigen la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, y el respeto a la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
  • El derecho a la igualdad, las prestaciones, la salud, la atención integral y la educación 17 preguntas Los artículos 7 a 21 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: el derecho a la igualdad, a la familia y al hogar, la protección reforzada de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad, el sistema especial de prestaciones sociales y económicas, la protección de la salud, los equipos multiprofesionales, la atención integral —también en salud mental—, la habilitación y la rehabilitación y el derecho a la educación.
  • El derecho a la accesibilidad universal 19 preguntas El capítulo V del título I de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, con la disposición adicional tercera: el derecho a la accesibilidad universal, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en cada ámbito —la sociedad de la información, los espacios públicos y la edificación, los transportes, las relaciones con las Administraciones y los bienes y servicios a disposición del público—, la accesibilidad cognitiva, cuándo son exigibles, y las medidas de acción positiva, como el estacionamiento y la reserva de viviendas.
  • El derecho al trabajo de las personas con discapacidad 19 preguntas El capítulo VI del título I de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: las garantías del derecho al trabajo y la igualdad de trato, los tipos de empleo, la orientación y la colocación, las ayudas a la generación de empleo, el empleo ordinario —las medidas frente a las desventajas, el empleo con apoyo y la cuota de reserva—, el empleo protegido en las empresas para la inclusión laboral y en los enclaves laborales, y el empleo autónomo.
  • La protección social, la participación y las obligaciones de los poderes públicos 13 preguntas Los capítulos VII a IX del título I de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: el derecho a la protección social y su contenido, las clases de servicios sociales y los centros ocupacionales, la participación en la vida política y en la vida pública, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Oficina de Atención a la Discapacidad, y las obligaciones de los poderes públicos, con el personal especializado, su formación y el voluntariado.
  • La igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad 14 preguntas El título II de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: cuándo se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y sus garantías, las medidas contra la discriminación y las de acción positiva, las de fomento —la calidad, las normas técnicas, la iniciativa privada y el Observatorio Estatal de la Discapacidad— y las de defensa —el arbitraje, la tutela judicial frente a las represalias, la legitimación y la prueba—.
  • Las infracciones y sanciones en materia de discapacidad 22 preguntas El título III de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: el régimen común —su ámbito y sus sujetos, las infracciones y su prescripción, las sanciones, su graduación, las accesorias y su prescripción, y las garantías del procedimiento— y las normas que aplica la Administración General del Estado —sus infracciones y sanciones, el procedimiento sancionador y las autoridades competentes—.
  • El objeto de la ley de dependencia, sus definiciones y quién es titular de los derechos 23 preguntas El título preliminar de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: su objeto, las definiciones, sus principios, los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia, los derechos de las personas cuidadoras no profesionales y quién es titular de los derechos.
  • El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y sus niveles de protección 18 preguntas El capítulo I del título I de la Ley 39/2006: la finalidad del Sistema, sus niveles de protección, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y cómo participan en el Sistema la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
  • Las prestaciones de la dependencia y el catálogo de servicios 13 preguntas Las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II del título I de la Ley 39/2006: los objetivos y las clases de prestaciones, el catálogo de servicios y su red, y las prestaciones económicas —la vinculada al servicio, la de cuidados en el entorno familiar, la de asistencia personal y la de cuidados y apoyos en viviendas— y su cuantía.
  • Los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado 13 preguntas La sección 3.ª del capítulo II del título I de la Ley 39/2006, con el artículo 25 bis: los servicios de prevención, de promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de asistencia personal, de centro de día y de noche, de cuidados y apoyos en viviendas, de atención residencial y de productos de apoyo.
  • Los grados de dependencia y el reconocimiento del derecho 21 preguntas Los capítulos III y IV del título I de la Ley 39/2006: los grados de dependencia y su valoración, el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, el Programa Individual de Atención, la revisión del grado y las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.
  • La financiación del Sistema y lo que aportan las personas beneficiarias 10 preguntas El capítulo V del título I de la Ley 39/2006: la financiación del Sistema por las Administraciones públicas, cómo se determina la capacidad económica y la participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones.
  • La calidad del Sistema, la formación y los órganos consultivos 10 preguntas El título II de la Ley 39/2006: la calidad del Sistema, de los servicios y del empleo, la formación y la cualificación de profesionales y cuidadores, el sistema de información y su red de comunicaciones, la acción contra el fraude, el Comité Consultivo y los demás órganos consultivos.
  • Las infracciones y sanciones en materia de dependencia 13 preguntas El título III de la Ley 39/2006: quién responde, las infracciones y su clasificación, las sanciones, su prescripción y quién tiene la competencia para imponerlas.
  • Las disposiciones adicionales y finales de la ley de dependencia 10 preguntas Las disposiciones adicionales y finales de la Ley 39/2006 que regulan por sí mismas: la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, la protección de las niñas y niños más pequeños en situación de dependencia, la terminología, la aplicación progresiva de la ley y sus plazos, la compatibilidad de las prestaciones de base domiciliaria y el informe anual, entre otras.
  • La accesibilidad de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado 17 preguntas El Real Decreto 366/2007, de condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado: su objeto y sus principios, la accesibilidad de las oficinas de atención al ciudadano —su ubicación, el acceso, la recepción, la señalización, los puestos de atención y los sistemas interactivos de información, con sus excepciones—, los impresos y documentos y la prestación de los servicios de atención.

No incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ni el artículo 49 de la Constitución, que está en su colección; los reglamentos que desarrollan estas leyes —el procedimiento y el baremo para reconocer el grado de discapacidad, el baremo de valoración de la dependencia, el nivel mínimo de protección y las cuantías de cada año—; la reserva de plazas en el empleo público, que está en la colección del Estatuto Básico del Empleado Público; la ley de las lenguas de signos, los reglamentos de accesibilidad cognitiva, de los sitios web y de los espacios públicos urbanizados, ni las leyes de servicios sociales y de accesibilidad de cada comunidad autónoma. Tampoco la redacción anterior a la Ley 4/2026, que muchos manuales todavía recogen —los centros especiales de empleo se llaman ahora empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad—, ni lo que estas normas solo cambian de otras. Y nada de estadísticas, de jurisprudencia ni de doctrina: solo lo que dicen las tres normas, en su redacción vigente.

Antes de empezar

¿Por qué responder y no releer?

El método que mejor sensación te deja es el que peor te va a salir: releer el tema se siente bien porque lo reconoces, no porque lo recuerdes. Aquí no relees, respondes. Lo que ya dominas casi no vuelve, y lo que se te resiste no te deja en paz. Se llama repetición espaciada, y lleva medio siglo funcionando con fichas de cartón.

¿Cuánto cuesta?

Estudiar es gratis, y es igual en los dos planes: el repaso no tiene límite y las preguntas nuevas de cada día son las mismas. Premium añade simulacros de examen sin límite —en el plan gratuito, uno a la semana— y sacar preguntas de tus propios PDF con IA.

¿Esto es como Anki?

El método de fondo es el mismo, y Anki es extraordinario: te devuelve cada tarjeta en el momento justo. El problema nunca fue Anki, fue tener que fabricarse las tarjetas primero. Aquí las preguntas ya están hechas: abres la colección y ya estás respondiendo.

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