Las disposiciones adicionales y finales de la ley de dependencia

• A una prestación vinculada al servicio solo para ayuda a domicilio, o a una prestación de asistencia personal
• A una prestación vinculada al servicio destinada a cualquier servicio del catálogo, o a una plaza residencial
• A la prestación para cuidados en el entorno familiar, o a una prestación económica de asistencia personal
• A una plaza de atención residencial o de centro de día, con prioridad sobre los demás grados de dependencia

La DA 17.ª les reconoce dos vías: la prestación vinculada al servicio del art. 17, que en su caso únicamente puede destinarse a ayuda a domicilio, o la prestación económica de asistencia personal del art. 19. Ni la prestación para cuidados en el entorno familiar ni una plaza residencial figuran en esa disposición. Además, a este grado se le asigna un nivel mínimo de protección específico, garantizado por la Administración General del Estado.

• En el Comité Consultivo del Sistema
• En el Consejo Territorial del Sistema
• En el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
• En el Consejo Nacional de la Discapacidad

La DA 13.ª.3 sitúa el plan integral en el seno del Consejo Territorial, en colaboración con el ministerio competente en infancia, y le da por objeto facilitar la atención temprana, la estimulación y la rehabilitación de las capacidades de estas niñas y niños. La ley no encarga este plan al Comité Consultivo, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales ni al Consejo Nacional de la Discapacidad.

• Cuatro meses
• Seis meses
• Nueve meses
• Doce meses

La DF 1.ª.2 fija seis meses entre la entrada de la solicitud y la resolución que reconoce la prestación, y añade que el plazo es el mismo aunque la Administración competente haya separado en dos procedimientos el reconocimiento de la situación de dependencia y el de las prestaciones: no se suman dos plazos. No hay que confundirlo con el plazo de resolución que fija el art. 28.1: cada uno se refiere a una resolución distinta.

• Desde la fecha de presentación de la solicitud
• Desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
• Desde la fecha del dictamen del órgano de valoración sobre el grado
• Desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones

La DF 1.ª.3 ata el nacimiento del derecho a la fecha de la resolución que reconoce las prestaciones: no se retrotrae a la solicitud ni espera a la notificación. Tampoco cuenta el dictamen del órgano de valoración, que no es la resolución de reconocimiento. Solo si vence el plazo máximo sin resolución expresa dictada y notificada, el derecho se genera desde que ese plazo ha transcurrido.

• La de dictar la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social
• La de fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas
• La de asistencia social, que el Estado comparte con las comunidades autónomas
• La de regular las condiciones básicas de igualdad de todos los españoles

La DF 8.ª invoca la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, la del art. 149.1.1.ª de la Constitución. No invoca la de Seguridad Social ni la de las bases del régimen jurídico de las Administraciones; y la asistencia social es una materia que pueden asumir las comunidades autónomas, no un título que el Estado comparta para dictar esta ley.

• Un informe preceptivo de los servicios de atención temprana
• Una valoración conjunta de los servicios educativos y sanitarios
• Una escala de valoración específica
• La misma escala que al resto, sin ninguna especialidad

La DA 13.ª.1 manda que el instrumento de valoración del art. 27 incorpore una escala específica para estas niñas y niños. La atención temprana aparece en la misma disposición, pero como objeto del plan integral de su apartado 3, no como parte de la valoración; y los servicios educativos y sanitarios quedan a salvo («sin perjuicio»), sin que la ley les encargue valorar.

• El Gobierno, por vía reglamentaria
• Cada comunidad autónoma, en su normativa de servicios sociales
• El Consejo Territorial, mediante un acuerdo
• La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año

La DA 4.ª encarga al Gobierno, por reglamento, su incorporación a la Seguridad Social en el régimen que les corresponda, con los requisitos y el procedimiento de afiliación, alta y cotización. La Ley de Presupuestos aparece en la DA 1.ª, pero para fijar cuánto y cómo se abona a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo; y el Consejo Territorial acuerda, según el art. 18.2, las condiciones de acceso a la prestación para cuidados en el entorno familiar, no la Seguridad Social de quien cuida.

• La compatibilidad de todas las prestaciones de base domiciliaria
• La compatibilidad de la atención residencial con los cuidados en el entorno familiar
• La compatibilidad de todas las prestaciones económicas del Sistema entre sí
• La compatibilidad de todos los servicios del catálogo con la atención residencial

La DA 21.ª obliga a las comunidades autónomas a adaptar sus regímenes de incompatibilidad para que todas las prestaciones de base domiciliaria sean compatibles, en coherencia con el art. 14. La regla se ciñe a lo que se presta en casa: no alcanza a la atención residencial ni declara compatibles entre sí todas las prestaciones económicas.

• Al Consejo Territorial del Sistema
• Al Defensor del Pueblo
• A las Cortes Generales
• Al Tribunal de Cuentas

La DF 6.ª obliga al Gobierno a informar a las Cortes cada año. El Consejo Territorial no recibe ese informe, sino que aporta a él: el informe incorpora la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos.