El objeto de la ley de dependencia, sus definiciones y quién es titular de los derechos

• Toda persona cuidadora no profesional que esté identificada en el Plan Individual de Atención
• La cuidadora principal designada al reconocer la prestación para cuidados en el entorno familiar
• Toda persona que cuide a alguien en situación de dependencia, tanto profesional como no profesional
• La persona cuidadora principal, sea cual sea la prestación económica que se le haya reconocido

El art. 4 bis distingue dos círculos: las personas cuidadoras no profesionales en general tienen los derechos de su apartado 2, y los de empleo, conciliación y Seguridad Social del apartado 3 son solo de la persona cuidadora principal designada como tal en la resolución que reconoce la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. No basta con ser la cuidadora principal si la prestación reconocida es otra, y quienes cuidan como profesionales no entran en este artículo.

• Su autorización previa, expresa y por escrito, o la de su representante
• Que el comité de ética del centro dé antes su visto bueno a ese proyecto
• Que se le informe por escrito con antelación al comienzo del proyecto
• Su consentimiento verbal, prestado ante dos testigos antes de comenzar

El art. 4.2.h) reconoce el derecho a ser advertida de si los servicios que se le prestan pueden utilizarse en un proyecto docente o de investigación, y exige además su autorización previa, expresa y por escrito, o la de quien la represente. Informarla por escrito no basta, porque tiene que autorizarlo; un consentimiento verbal no cumple la forma escrita, y la ley no pone la decisión en manos de un comité del centro.

• Como un principio rector de la política social
• Como un derecho subjetivo de ciudadanía
• Como un derecho fundamental de los españoles
• Como una ayuda graciable, sujeta a crédito

El art. 1 lo llama «derecho subjetivo de ciudadanía», y el objeto de la ley es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio. Un derecho subjetivo se puede exigir: no es una ayuda graciable que se da o no según el crédito que haya. La ley no lo califica como derecho fundamental, y «principio rector» es una categoría de la Constitución que este artículo no emplea.

• Al propio niño, desde su nacimiento
• A nadie: los menores están exentos
• Al niño, pero reducido a la mitad
• A quien ejerza su guarda y custodia

Para los menores de cinco años, el art. 5.1.c) no suprime el requisito de residencia ni lo rebaja: lo traslada a quien ejerce la guarda y custodia del menor. Un niño de cuatro años no podría acreditar por sí mismo cinco años de residencia, y por eso la ley mira a quien lo tiene a su cargo.

• Siempre que lo aconseje la valoración de su grado
• Siempre que su familia pueda atenderla en casa
• Siempre que esa sea la voluntad de la persona
• Siempre que no esté en situación de gran dependencia

El principio de la letra j) pone una sola condición a la permanencia en el entorno en que la persona desarrolla su vida: que sea su voluntad, facilitando su incorporación activa en la comunidad y evitando el aislamiento y la percepción de soledad. No la subordina al grado, a la valoración ni a que la familia pueda cuidar: la decide la persona.

• Una prestación económica a la cuidadora mientras dure la enfermedad
• Que la persona en situación de dependencia siga atendida y cuidada
• El ingreso inmediato de la persona en una residencia de titularidad pública
• La suspensión de la prestación para cuidados hasta que la cuidadora se recupere

Dentro del derecho de la persona cuidadora principal a medidas de conciliación, el art. 4 bis.3.b) obliga a las Administraciones competentes a garantizar la continuidad de la atención y los cuidados de la persona en situación de dependencia cuando la cuidadora está gravemente enferma u hospitalizada y no puede cuidar temporalmente. Lo garantizado es la atención a la persona cuidada, no una prestación a quien cuida, y el precepto no elige por ella una modalidad concreta, como el ingreso en una residencia.

• Sustituir a la familia cuando no puede atender a la persona
• Dar descanso a la persona cuidadora principal unas horas
• Prestar en el domicilio la atención sanitaria que se precise
• Fomentar la vida independiente y la autonomía de la persona

La ley define la asistencia personal como un servicio que presta un asistente personal, que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de la persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Su fin se mira desde la persona atendida, no desde la familia ni desde quien la cuida, y no es atención sanitaria.

• Los emigrantes españoles que tienen previsto volver a España
• Los que viven fuera por el destino oficial de un familiar suyo
• Los españoles que trabajan fuera por cuenta propia o ajena
• Los que estudian fuera de España con una beca de la Administración

La letra c) remite a la disposición adicional decimonovena el caso de las personas titulares de derechos que residen en el extranjero a consecuencia del destino oficial de miembros de su unidad familiar en una misión o servicio público amparado por la normativa estatal sobre acción exterior. Para los emigrantes, el mismo artículo prevé otra cosa: que el Gobierno fije las condiciones de acceso de los que retornan. Quien vive fuera por su propio trabajo o sus estudios no tiene esa regla.

• Una institución pública o una entidad privada sin ánimo de lucro acreditada
• Una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, pero no un autónomo
• Un profesional sanitario colegiado, por cuenta propia o ajena, en su domicilio
• Una institución pública, una entidad con o sin lucro o un profesional autónomo

Los cuidados profesionales los presta una institución pública o una entidad, con y sin ánimo de lucro, o un profesional autónomo, siempre que entre sus finalidades esté prestar servicios a personas en situación de dependencia, en su hogar o en un centro. Caben, por tanto, las entidades con ánimo de lucro y los autónomos, y la ley no exige una titulación sanitaria. Lo que los separa de los no profesionales es esa vinculación a un servicio, no el lugar donde se prestan.