Las prestaciones de la dependencia y el catálogo de servicios

• La acuerda el Consejo Territorial y la aprueba después el Gobierno mediante real decreto
• La fija cada comunidad autónoma en la norma que regula su propia red de servicios sociales
• La fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin acuerdo previo
• La acuerda el Consejo Territorial y la aprueba después cada comunidad autónoma

La ley no da importes: la cuantía la acuerda el Consejo Territorial y la aprueba después el Gobierno mediante real decreto. Las comunidades participan en ese acuerdo, pero no aprueban la cuantía cada una por su cuenta, y la ley no la deja a los presupuestos de cada año.

• A contratar una asistencia personal durante un número determinado de horas, según el PIA
• A retribuir al familiar que cuida a la persona en su propio domicilio, en los términos del PIA
• A adquirir los productos de apoyo que la persona necesita para su autonomía personal
• A pagar una plaza en una vivienda compartida con cuidados y apoyos comunes

La prestación sirve para contratar asistencia personal durante las horas que fije el PIA, y la ley la reconoce en cualquiera de los grados de dependencia. La asistencia personal es a la vez un servicio del Catálogo y esta prestación económica, que es una manera de recibirla: no se excluyen. No retribuye al familiar que cuida, los cuidados y apoyos en viviendas tienen su propia prestación en el art. 19 bis, y los productos de apoyo no se financian con esta.

• Cuando la persona cuidadora vive en el mismo municipio y recibe por ello una compensación económica
• Cuando media un compromiso de cuidados sin contraprestación y ambas viven en viviendas próximas
• Cuando la persona en situación de dependencia está valorada con el grado III de dependencia
• Cuando la persona cuidadora es un familiar de primer grado que trabaja a jornada completa

La convivencia es la regla, y la ley deja de exigirla de forma excepcional y con dos condiciones a la vez: un compromiso de cuidados sin contraprestación económica entre la persona en situación de dependencia y su cuidadora no profesional, y que ambas residan en viviendas próximas. Si quien cuida cobra por hacerlo, falta la primera, y vivir en el mismo municipio no es lo mismo que vivir en viviendas próximas. Ni el grado ni el parentesco abren la excepción.

• La debida acreditación de la comunidad autónoma que corresponda en cada caso
• Un concierto con la comunidad autónoma para integrarse en la red
• La inscripción en un registro de la Administración General del Estado
• La condición de entidad del tercer sector sin ánimo de lucro

Que un centro privado no esté concertado no lo deja fuera de control: la ley le exige la acreditación de la comunidad autónoma que corresponda. El concierto es lo que permite a un centro privado entrar en la red de centros del Sistema, junto a los públicos autonómicos y locales y a los de referencia estatal, pero no es obligatorio para atender a personas en situación de dependencia. Al tercer sector la ley lo tiene en cuenta de manera especial cuando se incorporan centros concertados a la red, sin hacerlo requisito.

• El centro de día y de noche
• Los cuidados y apoyos en viviendas
• La provisión de productos de apoyo
• Los cuidados en el entorno familiar

El Catálogo enumera nueve servicios: prevención de la situación de dependencia, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, asistencia personal, centro de día y de noche, cuidados y apoyos en viviendas, atención residencial y provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Los cuidados en el entorno familiar no son un servicio del Catálogo, sino una prestación económica, la del art. 18.

• Retribuir a la persona cuidadora como si fuera una trabajadora del Sistema
• Pagar a la familia los gastos de adaptar la vivienda a la persona atendida
• Costear las horas de un centro de día cercano al domicilio familiar
• Apoyar a quien cuida y que la persona siga en su núcleo convivencial

La prestación tiene una doble finalidad social: apoyar económicamente la labor que la persona cuidadora desarrolla en el entorno familiar y conseguir que la persona en situación de dependencia permanezca en su núcleo convivencial de origen, cuando así lo elija y se considere idónea la atención en el PIA. Quien cuida es una persona cuidadora no profesional, no una empleada del Sistema, y la prestación no se destina a obras en la vivienda ni a pagar otro servicio.

• Con carácter subsidiario, a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales autonómica
• Con carácter prioritario, a través de la red de centros propia de la Administración General del Estado
• Con carácter complementario, a través de los servicios sociales de las entidades locales
• Con carácter prioritario, a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales autonómica

El art. 14.3 da a los servicios del Catálogo carácter prioritario y dice que los prestan las comunidades autónomas a través de la oferta pública de su Red de Servicios Sociales. No son subsidiarios ni un complemento de los servicios sociales municipales, y no se prestan a través de una red propia de la Administración General del Estado: los centros de referencia estatal forman parte de la red, pero junto a los de las comunidades, los de las entidades locales y los privados concertados (art. 16.1).

• Sí, si la prestación es un servicio, pero no si se trata de una prestación económica
• No, salvo que su actividad sea por cuenta propia y no por cuenta ajena
• Sí, aunque los ingresos de ese trabajo se computan a los efectos del art. 33 de la ley
• Sí, y los ingresos de ese trabajo no se tienen en cuenta a ningún efecto dentro del Sistema

La ley declara compatible la percepción de una prestación, económica o de servicios, con el trabajo por cuenta ajena y con la actividad por cuenta propia. Lo que no hace es ignorar ese sueldo: los ingresos del trabajo se computan a los efectos del art. 33, el que regula la participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones según su capacidad económica. Trabajar no cierra ninguna de las dos clases de prestación, y la ley no distingue entre trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia.

• Que se le articule de forma transitoria otro servicio o prestación económica de los previstos para su grado
• Que pase al último lugar del orden de prioridad para acceder a la prestación que tiene reconocida en su PIA
• Que se le reconozca de oficio la prestación económica para cuidados en el entorno familiar
• Que su PIA quede en suspenso hasta que haya una plaza disponible en ese mismo servicio

Para los grados II y III, la falta del servicio no deja a la persona sin atención: mientras tanto se le ofrece otro servicio o prestación económica de los previstos para su grado, acorde a su voluntad, deseos y preferencias, hasta que acceda a una plaza o servicio del sistema público. Esa atención transitoria no le hace perder su puesto: la ley dice que no altera, en ningún caso, el orden de prioridad de acceso a la prestación reconocida en el PIA. Tampoco se le impone de oficio una prestación concreta ni se suspende su programa.