El derecho a la accesibilidad universal

• Todos, con independencia de su estado y de su uso
• Los que fueran susceptibles de ajustes razonables
• Solo los de titularidad pública o destinados a uso público
• Solo los que se reformaran después de esa fecha

Para lo que ya existía, la disposición adicional tercera no alcanza a todo: los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010 tenían como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 si eran susceptibles de ajustes razonables. La regla no distingue por la titularidad ni por el uso, ni espera a una reforma: lo que decide es que admitan el ajuste.

• Sí, si las construye, promueve o subvenciona el sector público
• No, porque se limita a los proyectos de viviendas protegidas
• Sí, a toda promoción de viviendas, sea pública o privada
• Solo a las que se destinan al alquiler, sean o no protegidas

El art. 32.2 extiende la misma obligación a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Lo que decide es la intervención pública, no el destino al alquiler: una promoción privada sin construcción, promoción ni subvención públicas no queda obligada por este artículo.

• La comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas
• El acceso físico a los edificios de las personas con movilidad reducida
• La protección de los datos de salud de las personas con discapacidad
• Los apoyos para ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones

El art. 29 bis.1 las define como el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, y también con los procesos y procedimientos. Tratan de entender el entorno y relacionarse con él, no del acceso físico, y no regulan los datos de salud ni los apoyos a la capacidad jurídica.

• La suprime: hay que contratar con quien primero lo solicite
• La limita solo en los contratos que se celebran con el sector público
• No la afecta, si la elección de la otra parte no se debe a su discapacidad
• No la afecta en el sector privado, donde se puede elegir sin límite

El art. 29.2 dice que esa obligación no afecta a la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando esa elección no venga determinada por su discapacidad. Se puede elegir con quién contratar, pero no descartar a alguien por ser persona con discapacidad, y eso vale igual en el sector público que en el privado.

• En los núcleos urbanos, donde se concentra la población
• En los municipios que superen la población fijada por reglamento
• Tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales
• En las capitales de provincia y en las ciudades autónomas

El art. 22.1 obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, bienes, productos y servicios, el transporte, la cultura, la información y las comunicaciones, y en los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. La ley no limita la obligación por el tamaño de la población ni por la clase de municipio: lo rural está incluido expresamente.

• A todas las instalaciones ya existentes, en el plazo de dos años
• A las instalaciones de transporte que sean de titularidad estatal
• A las de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad
• A las que superen el número de viajeros que fije el reglamento

El art. 27.3 aplica la obligación a las obras de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad: no impone adaptar de inmediato todas las instalaciones existentes ni fija un umbral de viajeros. Tampoco distingue por la titularidad: habla de las infraestructuras de transporte de uso público, y los baños deben contar con los recursos y el espacio necesarios para que esas personas hagan sus cuidados con privacidad y comodidad.

• A las comunidades autónomas
• A los ayuntamientos
• A la Dirección General de Tráfico
• Al Gobierno, por real decreto

El art. 30 se lo encarga a los ayuntamientos: son ellos quienes adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad por razón de su discapacidad. El texto refundido no atribuye esta medida a las comunidades autónomas, a la Dirección General de Tráfico ni al Gobierno.

• La compra de una vivienda nueva que ya esté adaptada
• Las reformas para que la vivienda habitual y permanente resulte accesible
• Las reformas de accesibilidad en cualquier vivienda de la que sea propietaria
• La instalación de ascensores en edificios de más de tres plantas

El art. 33 considera rehabilitación las reformas que las personas con discapacidad, o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad, tengan que hacer en su vivienda habitual y permanente para que resulte accesible. No vale cualquier vivienda de su propiedad —tiene que ser la habitual y permanente— ni la compra de otra, y la ley no lo reduce a una obra concreta como el ascensor.

• Consignando en sus presupuestos el coste entero de cada obra
• Sancionando a los propietarios que no los hayan adaptado
• Estableciendo ayudas, exenciones y subvenciones
• Expropiando los inmuebles que no reúnan las condiciones

El art. 34.2 dice que las Administraciones fomentarán la adaptación de los inmuebles privados mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Consignar en los presupuestos la financiación de las adaptaciones es lo que el art. 34.1 les manda hacer con los inmuebles que dependen de ellas, no con los privados; y el artículo no prevé sanciones ni expropiaciones para estos.