Las infracciones y sanciones en materia de discapacidad

• Un año desde la fecha del acuerdo de iniciación
• Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación
• Un año desde la fecha de presentación de la denuncia
• Tres meses desde la fecha de la propuesta de resolución

El art. 101.2 da un año para resolver y notificar, contado desde la fecha en que se dicta el acuerdo de iniciación. No se cuenta desde la denuncia, porque el procedimiento se inicia siempre de oficio y la denuncia es solo una de las vías que llevan a iniciarlo; y el plazo no es de seis ni de tres meses.

• Una orden escrita del órgano que instruye el expediente
• Un aviso con al menos diez días de antelación a la visita
• Su consentimiento expreso o el mandato judicial correspondiente
• La presencia de un agente de la autoridad competente

El deber de colaboración del art. 93 incluye facilitar, previo aviso, el acceso a las dependencias; pero si coinciden con el domicilio de la persona, hace falta su consentimiento expreso o el mandato judicial correspondiente. Ni una orden administrativa, ni un aviso con más antelación, ni la presencia de un agente sustituyen esa garantía.

• Que la sanción, si procede, se le impone en su grado mínimo
• Que el procedimiento se archiva si subsana la infracción
• Que el expediente lo instruye otra Administración pública
• Que recibe el mismo trato que cualquier otra presunta infractora

La legitimación que el art. 89 da a estas organizaciones y asociaciones sirve para defender intereses sociales —ser interesadas en el procedimiento y recurrir el archivo o la desestimación de una denuncia—, pero en ningún caso supone trato preferente cuando son ellas las denunciadas o las presuntas infractoras. Se las trata como a cualquier otro responsable: sin rebaja de grado, sin archivo por subsanar y sin cambio de Administración.

• Las firmes en vía administrativa por faltas graves y muy graves, si lo acuerda quien las dictó
• Las que imponen una multa de cualquier grado, en cuanto se notifican a los interesados
• Las firmes en vía judicial por faltas muy graves, sin que haga falta acuerdo de la autoridad
• Las de faltas graves y muy graves, desde que se dictan y aunque todavía no sean firmes

El art. 92 hace públicas las resoluciones firmes en vía administrativa por faltas graves y muy graves, y solo cuando lo acuerda la autoridad que las adoptó, una vez notificadas y con los datos personales disociados salvo el nombre de los infractores. Las de faltas leves no se publican, la firmeza que cuenta es la administrativa y la publicación no es automática.

• Como infracción grave
• Como infracción muy grave
• Como infracción leve, o grave si es reiterada
• Como infracción grave, o muy grave si es reiterada

El art. 81.4.a califica de muy grave toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del art. 66. La calificación de grave es la de los actos discriminatorios u omisiones que suponen un trato menos favorable a la persona con discapacidad (81.3.a): la frontera entre los dos grados pasa por el acoso, y su calificación no depende de que la conducta se repita.

• Desde el primer acto de la actividad en que se consumó la infracción
• Desde que la Administración tiene conocimiento de la actividad infractora
• Desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
• Desde la finalización de la actividad o el último acto en que se consume

Cuando la infracción deriva de una actividad continuada, el art. 97.1 fija el inicio del cómputo en la finalización de la actividad o en el último acto en que la infracción se consume, no en el primero ni en el momento en que la Administración la conoce.

• 6.000 euros la leve y 60.000 euros la grave
• 30.000 euros la leve y 300.000 euros la grave
• 30.000 euros la leve y 90.000 euros la grave
• 18.000 euros la leve y 90.000 euros la grave

Las multas del título III van de 301 euros a 1.000.000 de euros, y el art. 83 pone dos techos: la de una leve no excede en ningún caso de 30.000 euros, y la de una grave, de 90.000. Las otras cifras son límites de tramos internos de la escala que el art. 96 aplica en la Administración General del Estado, no los topes de cada grado.

• Cuando se comete dos veces en el plazo de un año
• Cuando se comete tres veces en el plazo de un año
• Cuando se comete tres veces en el plazo de tres meses
• Cuando se comete dos veces en el plazo de seis meses

El art. 95.3.i tipifica como grave cometer la misma infracción leve tres veces en el plazo de tres meses. El año es el plazo de la regla paralela de las muy graves, que exige tres infracciones graves, y también el de la reincidencia que agrava la sanción (art. 84); pero repetir una leve dentro de un año, sin más, no la convierte en grave.

• Cuando no es posible determinar el grado de participación de cada uno
• Cuando la infracción cometida está calificada como muy grave
• Cuando al menos uno de los responsables es una persona jurídica
• Cuando lo acuerda el órgano que instruye el procedimiento sancionador

La solidaridad depende de que no se pueda individualizar la responsabilidad: el art. 79.2 la declara solidaria cuando hay varios responsables y no es posible determinar el grado de participación de cada uno en la comisión de la infracción. Ni la gravedad de la infracción, ni que entre los responsables haya una persona jurídica, ni una decisión del instructor la hacen solidaria.