Quién es titular de los derechos y el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad

• A todas las personas físicas y jurídicas, sean públicas o privadas
• A los poderes y Administraciones públicas y a sus autoridades y agentes
• A los medios de comunicación, tanto públicos como privados
• A las Administraciones públicas, pero solo en sus normas

El mandato es para los poderes y las Administraciones públicas: sus disposiciones normativas, sus resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones, y las de sus autoridades y agentes cuando actúan en calidad de tales. No alcanza a los particulares ni a los medios de comunicación como tales, y tampoco se queda en las normas: cubre también los actos y las comunicaciones de la Administración.

• Nada: la asimilación sustituye a cualquier otra valoración
• Solicitar que se la valore con base en su discapacidad real
• Renunciar antes al grado de dependencia que tiene reconocido
• Esperar dos años desde que se le reconoció la dependencia

El art. 4.2 cierra las asimilaciones con una salvedad: con independencia de ellas, la persona puede solicitar la valoración con base en su discapacidad real. La asimilación no le cierra esa puerta, y la ley no le exige renunciar a la dependencia reconocida ni esperar ningún plazo.

• A todos los efectos de la ley, sin distinción de materias
• Mientras no tengan reconocida una situación de dependencia
• Solo a efectos de las partes de la ley que el artículo señala
• Cuando el órgano competente revise y confirme su grado

La equiparación que hace el art. 4.2 es limitada: vale a efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I y del título II, no con carácter general (para el capítulo VI, el del trabajo, los equipara aparte el art. 35.1). No depende de una revisión previa del grado ni de que tengan o no reconocida una dependencia.

• Grado I, del 33 por ciento; grados II y III, del 65 por ciento
• Grado I, del 25 por ciento; grados II y III, del 50 por ciento
• Grados I y II, del 33 por ciento; grado III, del 65 por ciento
• Grado I, del 45 por ciento; grados II y III, del 75 por ciento

La ley hace dos tramos, no tres: el grado I de dependencia se asimila a una discapacidad del 33 por ciento, y los grados II y III, juntos, a una del 65 por ciento. Lo tentador es llevar el grado II al tramo bajo, con el I, pero la ley lo agrupa con el III.

• Conciliar su protección con el acceso, goce y disfrute de las personas con discapacidad
• Anteponer la protección de los bienes culturales a cualquier exigencia de accesibilidad
• Exigir la accesibilidad plena de los bienes aunque altere su valor histórico protegido
• Garantizar la accesibilidad de los bienes de titularidad pública, pero no la de los privados

El art. 5 incluye el patrimonio cultural conforme a la legislación de patrimonio histórico y con un propósito declarado: conciliar los valores de protección patrimonial y los de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad. Ninguno de los dos valores se impone al otro, y la ley no distingue por la titularidad del bien.

• La valoración de su grado de discapacidad
• El criterio de quien le presta los apoyos
• Su voluntad, sus deseos y sus preferencias
• Su capacidad para tomar esa decisión en concreto

La ley pone en el centro a la persona: sus circunstancias y su voluntad, sus deseos y sus preferencias, con apoyos que garanticen su libertad de decidir. La capacidad para tomar la decisión en concreto era lo que mandaba tener en cuenta el artículo hasta la Ley 4/2026, de 1 de octubre; hoy ya no figura. Tampoco cuentan el criterio de quien presta el apoyo ni el grado reconocido.

• Un grado igual o superior al 25 por ciento
• Un grado igual o superior al 45 por ciento
• Un grado igual o superior al 33 por ciento
• Un grado igual o superior al 50 por ciento

Basta un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, además de quienes encajan en la definición del apartado 1. Es el umbral al que se remiten muchas otras normas cuando hablan de «personas con discapacidad». Las demás cifras no aparecen en el art. 4.2.

• Los comunitarios destinados a la población en general
• Los específicos creados para las personas con discapacidad
• Los de titularidad pública, con exclusión de los privados
• Los que tengan reconocida la accesibilidad por certificado

El art. 6.4 habla de las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general: lo que asegura es que también estén a disposición de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta sus necesidades, incluido el acceso a una vivienda digna. No se refiere a servicios aparte ni distingue por la titularidad.

• En el ámbito del empleo
• En el ámbito de los servicios sociales
• En el ámbito educativo
• En el ámbito tributario

La asimilación solo surte efecto en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que la contemplen expresamente, y el propio artículo excluye uno por su nombre: el tributario. Ningún otro ámbito se nombra como excluido: en el empleo, los servicios sociales o la educación, la asimilación vale donde una ley u otra norma la prevea.