La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación

• Suspende el plazo para interponer el recurso de alzada o el de reposición
• Es un requisito previo para poder interponer el recurso de alzada
• Sustituye al recurso de alzada y, en su caso, al de reposición
• Sustituye al recurso contencioso-administrativo contra esos actos

El art. 40.b) hace de la mediación o la conciliación de la Autoridad un sustitutivo de los recursos administrativos: ocupa el lugar del recurso de alzada y, en su caso, del de reposición, con la cobertura del art. 112.2 de la Ley 39/2015, que permite a una ley sustituirlos por otros procedimientos. No suspende el plazo de un recurso ni es un trámite previo a él, y no alcanza a la vía contencioso-administrativa, que es judicial.

• A solicitud de cualquiera de las partes en conflicto, salvo en los de contenido penal o laboral
• Con el consentimiento expreso de las partes, salvo en los de contenido penal o laboral
• Con el consentimiento expreso de las partes, salvo en los de contenido penal
• A solicitud de cualquiera de las partes en conflicto, salvo en los de contenido penal

El art. 40.b) pone dos condiciones a la vez: que las partes consientan expresamente —no basta con que lo pida una de ellas— y que el conflicto no tenga contenido penal ni laboral. Las otras opciones cambian una de las dos piezas: la solicitud de una sola parte en lugar del consentimiento de todas, o una excepción que deja fuera lo laboral.

• Actúa bajo la dirección del Defensor del Pueblo, como unidad adscrita a esa institución
• Asume en exclusiva las competencias del Defensor del Pueblo en materia de igualdad de trato
• Actúa sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y puede convenir con él
• Solo puede investigar las quejas que le haya trasladado previamente el Defensor del Pueblo

El art. 45 hace convivir a las dos instituciones: la Autoridad ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de sus equivalentes autonómicos, y puede celebrar con ellos convenios de colaboración para cooperar. No depende del Defensor del Pueblo ni le quita competencias, y su actuación no espera a que él le traslade una queja.

• No: el deber de colaboración no alcanza a los datos de terceros
• Sí, cuando resulte estrictamente necesario para cumplir sus funciones
• Sí, pero solo con autorización judicial previa para cada una de las cesiones
• Sí, siempre que los datos se entreguen antes anonimizados

El art. 44.4 incluye en el deber de colaboración e información los datos personales de terceros sin su consentimiento cuando resulte estrictamente necesario para las funciones de la Autoridad, conforme a la legislación de protección de datos. No pide autorización judicial, y un dato anonimizado ya no sería personal.

• Su condena firme por un delito imprudente
• Su incapacidad permanente para el ejercicio del cargo
• La disolución anticipada de las Cortes Generales
• Una moción de reprobación aprobada por el Senado

El art. 41.4 enumera las causas de cese anticipado como lista cerrada («únicamente»): renuncia, causa de incompatibilidad, incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, condena en sentencia firme por delito doloso e incumplimiento grave de los deberes del cargo. La condena por un delito imprudente no basta, porque la ley pide que sea doloso; y ni la disolución de las Cortes ni una reprobación parlamentaria figuran entre las causas.

• Interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que vulneren la igualdad de trato
• Emitir dictamen sobre los proyectos de disposiciones de carácter general que desarrollen la ley
• Ejercer como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en los centros de privación de libertad
• Imponer las sanciones por las infracciones administrativas de esta ley

Dictaminar los proyectos de disposiciones de carácter general que desarrollen la Ley 15/2022, y cualquier otro que afecte al derecho a la igualdad de trato, es la letra i) del art. 40. El recurso de inconstitucionalidad y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura son funciones del Defensor del Pueblo; y sancionar no figura entre sus funciones del art. 40: la letra e) le encarga interesar la actuación de la Administración del Estado para que lo haga.

• Un órgano del Ministerio competente en materia de igualdad, con autonomía funcional
• Un consorcio entre el Estado y las comunidades autónomas, con plena autonomía funcional
• Una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y autonomía funcional
• Una fundación del sector público estatal, dotada de personalidad jurídica propia

El art. 41.1 la define como una entidad de derecho público de las previstas en el art. 109 de la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia y autonomía funcional respecto de las administraciones públicas. No es un órgano del Ministerio, que no tendría personalidad propia, ni un consorcio, que también es entidad de derecho público pero lo crean varias Administraciones (art. 118.1 de la Ley 40/2015), ni una fundación del sector público: la Autoridad la crea la propia ley en el ámbito de la Administración del Estado (art. 40).

• El Gobierno, mediante real decreto
• Las Cortes Generales, en sesión conjunta
• El Defensor del Pueblo, oídas las Cámaras
• La persona titular del Ministerio, por orden

La nombra el Gobierno por real decreto, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad de trato, y el nombramiento solo se hace efectivo después de su comparecencia ante las comisiones correspondientes del Congreso y del Senado. Las Cámaras intervienen en el procedimiento, pero no nombran; y ni el Defensor del Pueblo ni una orden ministerial tienen papel en él.

• Diez días
• Quince días
• Veinte días
• Un mes

El art. 44.3 obliga a las administraciones públicas y a los particulares a colaborar con la Autoridad cuando lo exija una investigación del art. 40.c), y a proporcionarle la información y los datos que pida en el plazo de diez días. Es la regla general: puede fijarse otro plazo, de forma motivada, cuando lo justifiquen la naturaleza de lo solicitado o las circunstancias del caso.