El derecho a la igualdad de trato y no discriminación: objeto y definiciones

• Solo a quien reclamó contra la discriminación que él mismo sufre
• A quien presentó la queja y a quien interviene, participa o colabora en el procedimiento
• A quien colabora en el procedimiento como testigo, pero no a la persona que lo promovió
• A quien presentó la queja, a partir del momento en que la discriminación se declara probada

La ley protege a quien promueve el procedimiento y también a quien solo interviene, participa o colabora en él, sea una persona o el grupo en que se integra. La primera opción es la indemnidad de la LO 3/2007 (art. 9), que protege a quien reclama por su propia discriminación.

• Perseguir una finalidad legítima y ser un medio adecuado, necesario y proporcionado
• Responder al ejercicio de la libertad de empresa, que la Constitución reconoce
• Haber sido aceptado por la persona afectada, de forma expresa y por escrito
• Que la edad no sea la única razón del trato, sino una más entre varias

Solo deja de ser discriminación la diferencia de trato que se justifica objetivamente por una finalidad legítima, y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. La libertad de empresa no basta, porque la ley obliga también a los particulares; el consentimiento no está entre las condiciones; y que la causa protegida concurra con otras razones no excluye la discriminación.

• Los órganos de la Administración de Justicia
• Los órganos y servicios de las Cortes Generales
• Las entidades que integran la Administración Local
• Las fundaciones constituidas por las Administraciones

La lista del art. 2.4 comprende la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración Local, la Administración de Justicia, el sector público institucional y las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones. Las Cortes Generales no figuran en ella.

• Concreta, directa y reiterada en el tiempo ante la misma persona
• Concreta, directa y difundida en público por cualquier medio
• Concreta, directa y documentada por escrito o en soporte digital
• Concreta, directa y eficaz para provocar una actuación discriminatoria

La ley pide tres rasgos a la vez: que la inducción sea concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una actuación discriminatoria. Si falta uno, no hay inducción en el sentido de la ley, por mucha difusión o insistencia que tenga.

• Sí, sea cual sea su nacionalidad, edad o residencia
• Sí, a partir del momento en que obtenga la residencia legal
• Sí, siempre que alguno de sus progenitores resida legalmente
• No: lo tienen los españoles y los extranjeros con residencia legal

El derecho se reconoce a toda persona con independencia de su nacionalidad, de que sea menor o mayor de edad y de que disfrute o no de residencia legal. Ni la residencia propia ni la de sus progenitores condicionan la protección.

• En castellano, que es la lengua oficial del Estado
• En la que decidan sus representantes legales
• En la lengua cooficial que él o ella elija
• En la que use el organismo que le atiende

La ley reconoce a niños, niñas y adolescentes el derecho a recibir la información necesaria en un lenguaje claro y comprensible y en formatos accesibles, y en los territorios con lenguas cooficiales pueden recibirla en la lengua cooficial que elijan. La elección es suya: no la hacen sus representantes ni el organismo que les atiende.

• No: hace falta que la desventaja se haya producido y pueda medirse
• Sí, si el criterio se adoptó con el propósito de perjudicar
• Sí: basta que el criterio aparentemente neutro pueda ocasionarla
• Sí, pero solo si el criterio puede afectar a un grupo, y no a una sola persona

La indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular por una de las causas de la ley. Basta que pueda ocasionarla, aunque sea a una sola persona, y la definición no pide propósito de perjudicar.

• Ninguna diferencia, porque la enfermedad es una de las causas protegidas
• Las que deriven del tratamiento, pero no las de salud pública
• Cualquiera que se apoye en un informe médico sobre la persona
• Las de su tratamiento, sus límites objetivos o la salud pública

La enfermedad es causa protegida, pero la ley admite tres clases de diferencias de trato: las que derivan del propio proceso de tratamiento, las de las limitaciones objetivas que imponga para ejercer determinadas actividades y las exigidas por razones de salud pública. Fuera de esas tres, la enfermedad no ampara ninguna, por mucho que la respalde un informe médico.

• La que hace el sector público, pero no la de los particulares
• La que se ofrece al público fuera de la vida privada y familiar
• Toda oferta, también la que se hace dentro de la vida privada y familiar
• La que se dirige a consumidores, siempre que medie un precio

El ámbito alcanza el acceso, la oferta y el suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda, que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar. Da igual que quien los ofrece sea público o privado, y la ley no pide que medie un precio: lo que deja fuera es lo que pertenece a la vida privada y familiar.