La igualdad en el empleo público

• Uniformidad, jornada, retribuciones, permisos y régimen disciplinario
• Acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas
• Acceso, jornada, retribuciones, segunda actividad y jubilación
• Formación, uniformidad, régimen disciplinario y retribuciones

El art. 67 señala cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas. Son los mismos que el art. 65 destaca para el personal de las Fuerzas Armadas.

• Igualdad, prevención de la violencia de género y sexual, y conciliación
• Igualdad y conciliación, pero no la prevención de la violencia
• Igualdad, conciliación y régimen disciplinario del personal
• Prevención de la violencia de género, retribuciones y jornada

El art. 68 nombra tres materias: la igualdad, la prevención de la violencia de género y de la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. El régimen disciplinario, las retribuciones y la jornada no están entre ellas.

• El plan de igualdad del departamento
• Un informe de la junta de personal
• Un estudio de la plantilla por sexos
• Un informe de impacto de género

El art. 55 exige que la aprobación de cada convocatoria vaya acompañada de un informe de impacto de género. No pide el plan de igualdad del departamento, ni un informe de la junta de personal, ni un estudio de la plantilla.

• Las Unidades de Igualdad
• El Consejo de Ministros
• Las Cortes Generales
• La Mesa General de Negociación

El art. 64 encomienda la evaluación del cumplimiento al Consejo de Ministros. La negociación con la representación de los empleados públicos es sobre el Plan, no sobre su evaluación, y la ley no se la atribuye ni a las Cortes ni a las Unidades de Igualdad.

• La Comisión Interministerial de Igualdad, que informa cada nombramiento
• El Gobierno, en los nombramientos cuya designación le corresponda
• Cada Subsecretaría, en los nombramientos de su propio departamento
• La Unidad de Igualdad de cada ministerio, que propone las candidaturas

El art. 52 dirige el mandato al Gobierno: «atenderá» a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos directivos de la Administración General del Estado y de sus organismos cuya designación le corresponda. No interpone ningún órgano que informe o proponga las candidaturas.

• A todas las Administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias
• A la Administración General del Estado y a los organismos públicos que dependen de ella
• A la Administración General del Estado y a las de las comunidades autónomas
• A las Administraciones que hayan aprobado su propio plan de igualdad

El capítulo I del título V se dirige a «las Administraciones públicas», cada una en el ámbito de sus respectivas competencias: también a las autonómicas y a las locales, y sin esperar a que tengan un plan propio. Lo que se ciñe a la Administración General del Estado y a sus organismos son los capítulos que vienen después.

• La excedencia voluntaria por interés particular
• La excedencia voluntaria por agrupación familiar
• La excedencia por guarda legal y atención a dependientes
• La excedencia por prestar servicios en el sector público

El art. 60.1 tiene en cuenta el reingreso desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, además de la vuelta de los permisos que nombra. Las excedencias que no responden a un deber de cuidado no están en el artículo.

• Todas, sea cual sea el cuerpo o la escala
• Las de los cuerpos de los subgrupos A1 y A2
• Las de los puestos con funciones directivas
• Las del personal de las unidades de igualdad

El art. 61.1 dice «todas las pruebas de acceso»: el principio de igualdad forma parte de cualquier proceso selectivo de la Administración General del Estado y de sus organismos, no solo de los de cuerpos superiores, directivos o especializados.

• Solo a los comités nacionales, no a los internacionales
• A los comités nacionales y a los internacionales
• A los de la Unión Europea, no a los demás internacionales
• A los que crea una ley, no a los que crea un reglamento

El art. 54 alcanza a la designación de representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, «nacionales o internacionales». No distingue por el ámbito del comité ni por la norma que lo crea.