Los criterios generales de las políticas públicas para la igualdad

• En sus disposiciones normativas, pero no en la presupuestación de sus políticas
• En las políticas de empleo y de educación, que son las que la ley nombra
• En sus normas, en la definición y presupuestación de sus políticas y en todas sus actividades
• En las actuaciones que les encomiende el organismo competente en igualdad

El principio informa con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos, y las Administraciones lo integran de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el conjunto de sus actividades. La presupuestación está nombrada expresamente; la ley no se limita al empleo y la educación, ni lo hace depender de un encargo.

• Solo excepcionalmente, con informe motivado y aprobado por el órgano competente
• No: son obligaciones absolutas, que no admiten justificación alguna
• Sí, cuando el coste de cumplirlas resulte desproporcionado para el órgano que actúa
• Sí, siempre que un informe del Instituto Nacional de Estadística lo autorice

Las obligaciones del art. 20 son la regla, pero el último párrafo admite justificar el incumplimiento de alguna de ellas «sólo excepcionalmente» y con dos requisitos: un informe motivado y su aprobación por el órgano competente. No basta alegar el coste, y la ley no encarga esa autorización a un organismo estadístico concreto.

• Lo elaboran las Cortes Generales, y de él se da cuenta al Gobierno
• Lo elabora el Gobierno, y de él se da cuenta a las Cortes Generales
• Lo elabora el Gobierno, y de él se da cuenta al Consejo de Estado
• Lo elabora el Consejo de Estado, y de él se da cuenta a las Cortes Generales

El informe periódico es del Gobierno, versa sobre el conjunto de sus actuaciones en igualdad y se elabora en los términos que fije el reglamento; de él se da cuenta a las Cortes Generales, que lo reciben y no lo elaboran. El Consejo de Estado no interviene en ninguno de los dos papeles.

• Las comunidades autónomas los establecen y el Estado los aprueba
• Las corporaciones locales pueden, y el Estado puede prestar asistencia técnica
• El Estado los establece y las corporaciones locales los ejecutan
• Las corporaciones locales deben establecerlos y el Estado los financia

El art. 22 permite a las corporaciones locales —«podrán», no «deberán»— establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad, para avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres. Al Estado le reserva prestar asistencia técnica para elaborarlos, sin perjuicio de las competencias autonómicas: no los aprueba, no los establece ni la ley le encarga financiarlos.

• Sobre todas, también las de competencia autonómica
• Sobre las laborales y las de Seguridad Social, nada más
• Sobre las que sean de la competencia del Estado
• Sobre las que le delegue la Conferencia Sectorial de la Mujer

El art. 17 limita el Plan Estratégico a las materias de competencia del Estado, y dentro de ellas no lo reduce a lo laboral. Lo que es competencia autonómica no entra, y el Plan no depende de una delegación de la Conferencia Sectorial.

• Se fomenta en el ámbito administrativo y se implanta en todas las relaciones sociales, culturales y artísticas
• Se implanta en el ámbito administrativo y se fomenta en las relaciones sociales, culturales y artísticas
• Se implanta en el ámbito administrativo y también en todas las relaciones sociales, culturales y artísticas
• Se fomenta tanto en el ámbito administrativo como en las relaciones sociales, culturales y artísticas

El criterio undécimo distingue dos ámbitos con dos verbos: en el administrativo, el lenguaje no sexista se implanta; en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas, se fomenta. Las otras tres opciones cruzan los verbos o aplican uno solo a los dos ámbitos.

• Incluirla en las estadísticas solo cuando el estudio verse sobre la igualdad o sobre el empleo
• Incluirla en las encuestas, pero no en la recogida de datos de sus registros administrativos
• Incluirla cuando así lo solicite el organismo competente en materia de igualdad de cada Administración
• Incluirla sistemáticamente en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo

La primera de las obligaciones estadísticas del art. 20 es incluir la variable de sexo de forma sistemática en todas las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que hagan los poderes públicos. No depende del tema del estudio, no excluye ningún tipo de recogida de datos y no espera a que nadie lo pida.

• Que deben adoptarse cada año, con carácter obligatorio
• Que deben adoptarse a propuesta de las Entidades Locales
• Que pueden adoptarse solo si los autoriza el Consejo de Ministros
• Que pueden adoptarse en ella, sin que la ley lo imponga

El art. 21.1 obliga a la Administración General del Estado y a las de las comunidades autónomas a cooperar para integrar el derecho de igualdad, sobre todo al planificar, y para eso dice que en la Conferencia Sectorial de la Mujer «podrán adoptarse» planes y programas conjuntos: es una posibilidad, sin periodicidad fijada, sin iniciativa de las Entidades Locales y sin autorización del Consejo de Ministros.

• Periódicamente, sin un plazo fijado
• Cada cuatro años, como plazo fijo
• Una vez por legislatura, como mínimo
• Cada año, en el primer trimestre

El art. 17 solo dice «periódicamente»: no fija cada cuántos años, ni lo ata a la legislatura ni al año.