La responsabilidad social de las empresas y los órganos para la igualdad

• Deben alcanzarla en cada renovación del consejo, sin excepción
• Procuran incluir en él un número de mujeres que permita alcanzarla
• Pueden alcanzarla si así lo acuerda su junta general
• Deben alcanzarla, bajo sanción de la autoridad laboral

El art. 75 dice «procurarán»: es un mandato de esfuerzo, no de resultado, y no lleva aparejada sanción. Por eso fallan las opciones que lo convierten en una obligación de alcanzar la presencia equilibrada, y también la que la deja en una mera facultad de la junta general. La pregunta es lo que dispone la LO 3/2007: para las sociedades cotizadas, es el art. 529 bis.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción de la LO 2/2024, y no esta ley, el que fija hoy la presencia mínima del sexo menos representado en su consejo.

• Un grado en Derecho, en Trabajo Social o en Psicología, sin más requisitos
• Un grado, posgrado o equivalente en estudios de género, feministas y de políticas de igualdad
• Cualquier título universitario de grado, completado con un curso oficial de igualdad
• Únicamente un máster universitario oficial en políticas públicas de igualdad

La disposición adicional trigésima segunda abre la profesión a quien tenga un título de grado, posgrado o equivalente del ámbito de conocimiento de los estudios de género, los estudios feministas y las políticas públicas de igualdad. No vale un grado de otra rama, con curso o sin él, y tampoco se exige precisamente un máster: el grado también da acceso.

• Asesorar al Departamento al elaborar el informe sobre impacto por razón de género
• Aprobar el informe sobre impacto por razón de género de los proyectos del Departamento
• Resolver los recursos que el personal del Departamento interponga por discriminación
• Imponer las sanciones por las infracciones de esta ley cometidas en el Departamento

Entre las funciones que enumera el art. 77 está asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. Asesorar no es aprobar: la Unidad de Igualdad no da el visto bueno al informe. Tampoco le atribuye la ley resolver recursos ni imponer sanciones.

• Cuando las acciones no se hayan concertado con los trabajadores
• Cuando la empresa no tenga inscrito un plan de igualdad
• Cuando la empresa no haya obtenido el distintivo de igualdad
• Cuando pudiera haberse incurrido en publicidad engañosa

El art. 74 permite ese uso publicitario en las condiciones de la legislación general de publicidad, y legitima al organismo estatal de igualdad y a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas para actuar cuando consideren que pudiera haberse incurrido en publicidad engañosa. Ni la falta de concertación, ni la de un plan de igualdad, ni la del distintivo son el supuesto en que pueden hacerlo.

• La sustituyen por la que ellas elaboran en exclusiva para el Departamento
• La remiten al Instituto Nacional de Estadística para que la apruebe
• La recaban y asesoran a esos órganos en relación con su elaboración
• La revisan antes de publicarse y pueden oponerse a que se difunda

La letra a) del art. 77 encarga a la Unidad de Igualdad recabar la información estadística que elaboran los órganos del Ministerio y asesorarlos en su elaboración. Las estadísticas siguen siendo de esos órganos: la Unidad no las sustituye, no las somete a la aprobación de otro organismo ni tiene un veto sobre su difusión.

• La de la Administración General del Estado y la de las asociaciones de mujeres
• La del conjunto de las Administraciones públicas y la de los sindicatos más representativos
• La del conjunto de las Administraciones públicas y la de las asociaciones de mujeres
• La de la Administración General del Estado y la de los sindicatos más representativos

El art. 78.2 deja al reglamento el funcionamiento, las competencias y la composición del Consejo, pero garantiza en todo caso dos participaciones: la del conjunto de las Administraciones públicas, no solo la del Estado, y la de las asociaciones y organizaciones de mujeres. Los sindicatos no están entre las que la ley garantiza.

• Las del Estado y las de las comunidades autónomas
• Las adoptadas por los distintos departamentos ministeriales
• Las de todas las Administraciones, incluidas las locales
• Las que adoptan las empresas en sus planes de igualdad

El art. 76 la define como el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su ámbito son los ministerios: ni la coordinación con las comunidades autónomas, ni la de las entidades locales, ni los planes de igualdad de las empresas forman parte de lo que le encomienda.

• De consulta y asesoramiento
• De inspección y control
• De resolución de quejas
• De gestión de ayudas públicas

El art. 78.1 le da funciones de consulta y asesoramiento, como cauce para la participación de las mujeres en la igualdad efectiva y en la lucha contra la discriminación por razón de sexo. No decide: no inspecciona ni controla, no resuelve quejas ni gestiona ayudas.

• A la Comisión Interministerial de Igualdad, para todo el Gobierno
• Al ministerio de igualdad, por todos los departamentos
• A una comisión paritaria con la representación de su personal
• A uno de los órganos directivos de ese mismo Ministerio

El art. 77 obliga a que en todos los Ministerios se encomienden esas funciones a uno de sus propios órganos directivos: es lo que la rúbrica del artículo llama Unidades de Igualdad. No las ejerce un ministerio por todos los demás, ni la Comisión Interministerial, que es un órgano colegiado distinto, ni una comisión paritaria con el personal.