La actividad administrativa impugnable

• Tres meses y un mes
• Un mes y tres meses
• Dos meses y seis meses
• Seis meses y dos meses

El art. 29 fija dos esperas distintas: tres meses desde la reclamación cuando la Administración no cumple la prestación a la que está obligada (29.1), y un mes desde la petición cuando no ejecuta un acto suyo que ya es firme (29.2). Los dos y los seis meses son los plazos de interposición del art. 46.1, no estas esperas.

• Declara la validez o la nulidad de la disposición general
• Se limita a inaplicarla al caso, sin pronunciarse sobre ella
• Deja su validez para una cuestión de ilegalidad posterior
• La remite al Tribunal Supremo para que resuelva sobre ella

El art. 27.2 ahorra un trámite: si el mismo tribunal es competente para el recurso contra el acto y para el recurso directo contra la disposición, no tiene sentido que se plantee la cuestión a sí mismo, y por eso la propia sentencia declara la validez o la nulidad de la disposición general. La cuestión de ilegalidad posterior es la del órgano que no tiene esa competencia; limitarse a inaplicarla dejaría la disposición viva, que es lo que la ley quiere evitar.

• No: la ilegalidad del reglamento solo se discute recurriéndolo directamente
• No: antes tiene que pedir a la Administración que revise el reglamento
• Sí, pero solo si el reglamento se publicó hace menos de dos meses
• Sí: cabe impugnar el acto de aplicación por la ilegalidad del reglamento

Es el recurso indirecto del art. 26.1: además de impugnar directamente una disposición general, se puede impugnar un acto dictado en aplicación de ella alegando que la disposición no es conforme a Derecho. La ley no exige pedir antes a la Administración que la revise. Y los dos meses son el plazo para recurrir directamente la disposición, no un límite del recurso indirecto: este se dirige contra el acto, que tiene su propio plazo.

• Que se dicte fuera del plazo fijado para el procedimiento
• Que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento
• Que produzca indefensión a derechos o intereses legítimos
• Que decida directa o indirectamente el fondo del asunto

El art. 25.1 admite el recurso contra los actos de trámite solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. La lista es cerrada, y que el acto se dicte fuera de plazo no figura en ella: el retraso no convierte por sí solo un acto de trámite en recurrible.

• Diez días
• Quince días
• Veinte días
• Treinta días

El art. 30 da a la Administración diez días desde la presentación del requerimiento para cesar en la vía de hecho; si no lo atiende en ese plazo, el interesado puede deducir directamente el recurso. Veinte días es el distractor tentador, pero es otro plazo: el que el art. 46.3 da para interponer el recurso cuando no hubo requerimiento, contado desde que se inició la vía de hecho.

• Sí: es un acto nuevo y abre un nuevo plazo para recurrir
• Sí, siempre que antes se haya interpuesto recurso de reposición
• Sí, pero solo en los dos meses siguientes a su notificación
• No: el recurso no es admisible contra esa clase de actos

El art. 28 declara inadmisible el recurso contra los actos que reproducen otros anteriores definitivos y firmes. Si un acto así abriera un plazo nuevo, bastaría con pedir a la Administración que repitiera su decisión para resucitar un asunto ya cerrado. Por eso no lo salva interponer antes un recurso de reposición ni recurrir dentro de los dos meses: lo que falla no es el plazo, es el objeto.

• Contra los anteproyectos de ley que apruebe el Gobierno
• Contra la inactividad de la Administración y la vía de hecho
• Contra los proyectos de reglamento que estén todavía en tramitación
• Contra las leyes que no requieran actos de aplicación

El art. 25.2 amplía el objeto del recurso a dos supuestos en los que no hay acto que impugnar: la inactividad de la Administración y sus actuaciones materiales que constituyen vía de hecho. Las leyes no son actividad de la Administración y su control no corresponde a este orden jurisdiccional; un anteproyecto o un proyecto de reglamento en tramitación todavía no son disposiciones ni actos que pongan fin a nada.

• Plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
• Comunicar la sentencia a la Administración para que derogue la disposición
• Declarar nula la disposición en un auto posterior a la sentencia
• Plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal que puede anularla

El art. 27.1 obliga al órgano judicial que estima el recurso por la ilegalidad de la disposición aplicada a plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra ella, que es el que puede anularla (la ley habla de «Juez o Tribunal»; los Juzgados son hoy, por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, Secciones de los Tribunales de Instancia). No resuelve por sí mismo sobre la disposición, ni en la sentencia ni en un auto posterior. La cuestión de inconstitucionalidad es otra cosa: se plantea contra normas con rango de ley, no contra un reglamento.

• Sí: sin requerimiento previo, el recurso será inadmisible
• Sí, salvo que antes haya interpuesto recurso de alzada
• No: el requerimiento a la Administración es potestativo
• Solo si la actuación procede de una entidad local

El art. 30 dice que el interesado «podrá» formular el requerimiento intimando a la Administración que cese: es una facultad, no un requisito, y si no lo formula puede deducir directamente el recurso contencioso-administrativo. En la vía de hecho no hay acto que recurrir en alzada, y la ley no distingue entre Administraciones.