El ámbito del orden contencioso-administrativo

• Los actos del Consejo General del Poder Judicial
• La actuación de la Administración electoral
• El recurso contencioso-disciplinario militar
• Los contratos administrativos de un ayuntamiento

El art. 3.b) excluye de este orden el recurso contencioso-disciplinario militar, que corresponde a la jurisdicción militar. Los otros tres asuntos sí son de este orden: los actos del Consejo General del Poder Judicial y la actuación de la Administración electoral, porque el art. 1.3 los nombra expresamente, y los contratos administrativos, por el art. 2.b). El Consejo General del Poder Judicial y la Administración electoral tientan porque no son Administración pública, pero la ley los trae aquí igualmente.

• Cuando exceda los límites de la delegación
• Si el Congreso no lo ha convalidado a tiempo
• Cuando lo impugne una Administración afectada
• Solo si lo ha derogado una ley posterior

El art. 1.1 trae a este orden los decretos legislativos solo cuando exceden los límites de la delegación: en lo que se extralimitan, no los cubre la ley que delegó, y los jueces de este orden pueden controlarlos. La convalidación por el Congreso es propia del decreto-ley, no de la legislación delegada, y de esa confusión sale el distractor tentador. Ni quién impugna el decreto legislativo ni que una ley posterior lo haya derogado abren la puerta a este orden.

• Al Tribunal Constitucional, en exclusiva
• Al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
• A la Sala Tercera del Tribunal Supremo
• A la Audiencia Nacional, en única instancia

El art. 3.d) saca de este orden los recursos directos o indirectos contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y los atribuye en exclusiva al Tribunal Constitucional, en los términos de la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. Es una excepción expresa: sin ella, esas normas seguirían el régimen común de los tribunales de este orden, y por eso tienta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional conocen de ellas.

• De su cumplimiento y de su extinción
• De la interpretación de sus cláusulas
• Del pago del precio y de sus intereses
• De los actos de preparación y de adjudicación

El art. 2.b) distingue: de los contratos administrativos conoce este orden; de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas, solo los actos de preparación y de adjudicación, que la Administración dicta antes de contratar. El cumplimiento, la extinción, la interpretación de las cláusulas o el pago del precio son ya la vida del contrato privado, y el art. 2.b) no los trae aquí. El distractor tentador es el cumplimiento, que sí se discute en este orden cuando el contrato es administrativo.

• De los que dicten en el ejercicio de sus funciones constitucionales
• De los de personal, administración y gestión patrimonial
• De los que afecten a los derechos fundamentales de sus miembros
• De todos los que no tengan valor de ley, sea cual sea la materia

Estos órganos no son Administración pública, pero el art. 1.3.a) lleva a este orden sus actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público: cuando deciden sobre su personal o gestionan su patrimonio actúan como lo haría una Administración. Lo que hacen en el ejercicio de sus funciones constitucionales queda fuera, y la ley no abre este orden por la clase de derecho afectado. Que un acto no tenga valor de ley tampoco basta: la ley mira la materia.

• Produce efectos de cosa juzgada también en el otro orden
• Solo tiene efectos en ese proceso y no vincula al otro orden
• Vincula al otro orden mientras este no resuelva por sí mismo
• Vale en otros recursos de este orden, pero no vincula al otro

El art. 4.2 limita el alcance de lo que el órgano contencioso-administrativo decide sobre una cuestión prejudicial: no produce efectos fuera del proceso en que se dicta y no vincula al orden jurisdiccional al que la cuestión pertenece. No hace cosa juzgada en ese otro orden, ni lo vincula de forma provisional, ni sirve para otros recursos contencioso-administrativos. La opción que la extiende a otros recursos de este orden es la tentadora, porque acierta al negar el efecto en el otro orden y falla al extenderlo fuera del proceso.

• Las de carácter constitucional y civil
• Las de carácter penal y social
• Las de carácter constitucional y penal
• Las de carácter civil y social

El art. 4.1 extiende la competencia de este orden a las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo que estén directamente relacionadas con un recurso, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. Las civiles y las sociales, en cambio, las decide el propio órgano contencioso-administrativo, y por eso fallan las opciones que las exceptúan, aunque dos de ellas acierten a medias al nombrar la constitucional o la penal.

• No le corresponde, porque está excluida de este orden
• No le corresponde: la resuelve el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
• La resuelve si el interesado lo pide en el procedimiento
• Decide cuando el superior común no la resuelva en plazo

Una disputa de competencia entre dos órganos de un mismo ministerio es un conflicto de atribuciones entre órganos de una misma Administración, y el art. 3.c) lo deja fuera de este orden, como los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración. Se resuelve dentro de la propia Administración, no ante el juez: no lo traen aquí ni el interesado ni el silencio del superior común. Tampoco va al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que es el de los conflictos entre los tribunales y la Administración.

• De su oportunidad y de su adecuación al programa de gobierno aprobado
• De los derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones
• De nada: la naturaleza política del acto lo excluye de este orden
• Solo de sus requisitos de forma, si lo impugna el Parlamento autonómico

El art. 2.a) somete a este orden tres aspectos de los actos del Gobierno y de los Consejos de Gobierno autonómicos: la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, sus elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que procedan. Lo hace «cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos», y esa frase es la que desarma el distractor tentador, el que excluye el acto por ser político. La oportunidad política no la controla el juez, y la ley no reserva la impugnación a ningún parlamento.