Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

• Sí, como cualquier Administración que impugna un acto administrativo
• Sí, salvo que la decisión le haya sido favorable en el fondo del asunto
• No, pero tiene que haber requerido antes al órgano que la ha dictado
• No: la ley la exime en este caso de la declaración de lesividad

El art. 19.4 deja recurrir ante este orden las decisiones de los órganos que resuelven los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación tanto a los particulares como a las Administraciones, y a estas «sin necesidad» de declaración de lesividad. Es una excepción a la regla general del art. 19.2 para la Administración que impugna un acto suyo, y por eso tienta la opción que la trata como cualquier otra Administración que impugna un acto. La salvedad de la decisión favorable no existe, y tampoco la del requerimiento: el art. 44.1 dice que en esta materia se recurre directamente y sin necesidad de previo requerimiento.

• Sobre el sindicato, que es quien actúa en el proceso
• Sobre el sindicato y la funcionaria, de forma solidaria
• Sobre la funcionaria afiliada que lo ha autorizado
• Sobre todo el personal afiliado de esa Administración

El art. 19.1.k) legitima a los sindicatos para actuar en nombre e interés del personal funcionario y estatutario afiliado que lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, y dice expresamente que los efectos de esa actuación recaen sobre los afiliados. El sindicato actúa, pero el derecho y el resultado son de quien lo autorizó: por eso no recaen sobre él, ni a medias. Tampoco se extienden a otros afiliados que no han dado su autorización.

• El órgano que ha dictado la decisión, como autor del acto
• El órgano que resolvió, junto con la Administración de la que depende
• Las personas o Administraciones favorecidas por el acto
• El órgano que resolvió y el poder adjudicador, a la vez

Es una excepción a la regla del art. 21.1.a), según la cual es parte demandada la Administración contra cuya actividad se dirige el recurso. En los recursos contra las decisiones de los órganos que resuelven los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación, el art. 21.3 dice que esos órganos no son parte demandada, y que lo son las personas o Administraciones favorecidas por el acto recurrido, o que se personen en ese concepto. La opción tentadora es la del órgano autor del acto, que aplica la regla general; y la que suma a la Administración de la que depende sigue incluyendo a un órgano que la ley excluye.

• También es parte demandada, como autora de la disposición
• Ninguna, porque el acto recurrido no procede de ella
• Solo es parte si el ayuntamiento la llama al proceso
• Se limita a informar sobre la legalidad del reglamento

Según el art. 21.4, si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, la Administración que la dictó se considera también parte demandada, aunque la actuación recurrida no proceda de ella. Por eso falla la opción que la deja fuera porque el acto no es suyo. La ley no hace depender su posición de que el ayuntamiento la llame, ni la reduce a emitir un informe: es parte.

• En cualquier asunto en el que esté en juego el interés general
• En los casos que estén expresamente previstos por las leyes
• Cuando ningún interesado haya recurrido el acto en su plazo
• Siempre que preste la fianza que le fije el órgano judicial

La acción popular permite recurrir sin tener un derecho ni un interés legítimo propios, y por eso el art. 19.1.h) la limita a los casos que las leyes prevén expresamente: no hay una acción popular general en lo contencioso-administrativo. Que esté en juego el interés general no la abre por sí solo, ni depende de que otro haya dejado pasar su plazo. La fianza es una exigencia que la LJCA no pone a quien la ejerce.

• Procurador y Abogado, los dos de forma obligatoria
• Procurador obligatorio, y Abogado solo si lo elige
• Sin Procurador ni Abogado, por medio de su administrador
• Abogado obligatorio, y Procurador solo si lo elige

Ante los órganos unipersonales, el art. 23.1 dice que las partes «podrán» conferir su representación a un Procurador y «serán asistidas, en todo caso, por Abogado»: la asistencia letrada es obligatoria y el Procurador, potestativo. Si no nombra Procurador, puede conferir la representación al propio Abogado. La opción que exige Procurador se lo impone cuando aquí es potestativo, y la que hace potestativo al Abogado invierte el artículo. Una empresa no puede comparecer sin Abogado.

• Las que tienen personalidad jurídica propia y patrimonio independiente
• Las que se financian sobre todo con ingresos propios obtenidos en el mercado
• Las dotadas por ley de un estatuto específico de autonomía respecto de ella
• Las que actúan sujetas al derecho privado en el asunto concreto

El art. 20.c) prohíbe a las entidades de derecho público dependientes o vinculadas al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales recurrir la actividad de la Administración de la que dependen, y exceptúa solo a las que una ley ha dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de ella. La personalidad jurídica propia no las exceptúa: la tienen todas las entidades de derecho público, también las que quedan dentro de la prohibición. Financiarse en el mercado o actuar en derecho privado no es el criterio de la ley.

• Cuando una ley se la reconozca de forma expresa
• Cuando todos sus miembros acrediten estar afectados
• Cuando todos sus miembros le otorguen un poder notarial
• Cuando un reglamento se la reconozca de forma expresa

Los grupos de afectados, las uniones sin personalidad y los patrimonios independientes o autónomos pueden ser titulares de derechos y obligaciones aunque no sean personas jurídicas, pero el art. 18 solo les da capacidad procesal cuando una ley lo declara expresamente. No basta con que todos sus miembros estén afectados ni con que apoderen a alguien: eso sirve para que litiguen ellos, cada uno con su propia capacidad, no el grupo como tal. Y el artículo pide una ley: un reglamento no basta para darle capacidad.

• Por las del art. 23 de la misma ley, con Procurador y Abogado como cualquier otra parte
• Por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Asistencia Jurídica al Estado y las autonómicas
• Por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la ley de la jurisdicción declara supletoria
• Por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y los estatutos de cada Administración

El art. 24 saca la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales de las reglas generales del art. 23 y la remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y a las normas que las comunidades autónomas hayan dictado en el marco de sus competencias. Por eso falla la opción que las somete al art. 23: las Administraciones no se rigen por el régimen de Procurador y Abogado de los particulares. La Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 39/2015 no son las normas a las que remite el artículo.