El contenido, la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales del Estado

• Sobre la infancia, la adolescencia y la familia
• Sobre la cohesión territorial y el reto demográfico
• Sobre la competencia y la unidad de mercado
• Sobre el empleo y la sostenibilidad de las pensiones

La letra c) del artículo 37.2 exige el informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, junto al de impacto de género de la letra b). Las otras tres son materias en las que se mide el impacto de otras normas o políticas, pero ninguna figura en la lista cerrada que acompaña al proyecto de presupuestos.

• Los de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan
• Los de inversiones reales que no se hubieran llegado a comprometer en el ejercicio anterior
• Los de operaciones financieras, salvo los destinados a la carga financiera de la Deuda
• Los de transferencias corrientes a las comunidades autónomas y a las entidades locales

La prórroga es automática, pero el artículo 38.2 la excluye para los créditos de programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan, y para las obligaciones que se extingan en él: no tendría sentido seguir dotando un gasto que ya acabó. Las otras tres opciones inventan exclusiones por tipo de gasto (inversiones, operaciones financieras, transferencias) que la ley no hace: el criterio es si el programa o la obligación termina, no la naturaleza económica del crédito.

• Al Presidente del Gobierno
• Al Ministro de Hacienda
• Al Ministro de la Presidencia
• Al ministro de cada sección

El artículo 36.5 lo atribuye al Ministro de Hacienda, que es quien dirige todo el procedimiento de elaboración: fija las directrices, recibe las propuestas de los departamentos y forma el anteproyecto. Cada ministro remite a Hacienda la propuesta de su sección, pero no la eleva al Gobierno por separado: al Consejo de Ministros llega un solo anteproyecto. El Ministro de la Presidencia no interviene aquí, y el Presidente no eleva el anteproyecto: lo recibe en el Consejo de Ministros, con los demás miembros del Gobierno.

• En los ingresos de capital
• En los ingresos corrientes
• En las operaciones financieras
• En los ingresos patrimoniales

El artículo 41.b) incluye entre los ingresos corrientes las «tasas, precios públicos y otros ingresos», junto a los impuestos directos y cotizaciones sociales, los impuestos indirectos, las transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales. Que estén en el mismo grupo no los hace patrimoniales: la ley los nombra como piezas distintas. Ni los ingresos de capital ni las operaciones financieras los recogen.

• Las Cortes Generales, en cada ley de presupuestos
• El Gobierno, por real decreto y para cada ejercicio
• El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la ley
• Cada departamento ministerial, para su propia sección

El artículo 39 encarga la estructura de los Presupuestos y de sus anexos al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo que establece la propia ley y teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se persiguen. Las Cortes aprueban los presupuestos, pero no fijan su estructura; el Gobierno no la aprueba por real decreto, y un departamento no puede estructurar su sección por su cuenta, porque la estructura es común a todo el presupuesto.

• Las que, como mínimo, han de reconocer
• Las que, como máximo, pueden reconocer
• Una previsión orientativa de ellas
• Las que reconozcan si hay ingresos para ello

El artículo 33.2.a) fija las obligaciones que esos sujetos «como máximo, pueden reconocer»: eso es lo que significa que su presupuesto sea limitativo. No es un mínimo que haya que agotar ni una previsión orientativa, que sería el carácter de un presupuesto estimativo. Y que haya ingresos no levanta el tope por sí solo: para gastar por encima del crédito hace falta una modificación de crédito en las condiciones que la ley prevé.

• Son presupuestos estimativos
• Son presupuestos limitativos
• Son limitativos en sus gastos
• Quedan fuera de esos presupuestos

El artículo 33.1 reparte los Presupuestos Generales en dos grupos: los presupuestos limitativos de la letra a) y los «presupuestos estimativos» de la letra b), donde están las entidades de los sectores empresarial y fundacional, a las que pertenecen las sociedades mercantiles y las fundaciones estatales. Forman parte de los Presupuestos Generales, así que falla la opción que los deja fuera. El carácter limitativo, en todo o en sus gastos, es el de la letra a), no el de estas entidades.

• A los del ejercicio en que se dictó la resolución
• A los del ejercicio en que nació la obligación de fondo
• A los del presupuesto vigente al expedirse las órdenes de pago
• A un crédito extraordinario aprobado para cada caso

El artículo 34.2 es una excepción a la regla general de imputación: las obligaciones que nacen de resoluciones judiciales, igual que los atrasos del personal, se aplican a los créditos del presupuesto vigente «en el momento de la expedición de las órdenes de pago». No importa el año en que se dictó la sentencia ni el de la obligación discutida, que es lo que diría la regla general. Tampoco exige un crédito extraordinario para cada caso.

• Por el porcentaje de ejecución de sus créditos al cierre
• Por un informe de la Intervención General al cierre
• Mediante indicadores que permitan su medición indirecta
• No se comprueba: solo se evalúan los resultados mensurables

La regla del artículo 35.4 es que el cumplimiento de un programa se comprueba por sus resultados cuando son mensurables e identificables; si no lo son, su efectividad se mide «mediante indicadores que permitan su medición indirecta». No queda sin comprobar, que es la trampa de la opción que solo evalúa lo mensurable. Y gastar todo el crédito no prueba que se hayan logrado los objetivos: medir la ejecución de los créditos es justo lo que el presupuesto por programas quiere superar.