El ámbito de aplicación y el sector público estatal

• Las que reciben fondos de los Presupuestos Generales del Estado
• Las que no han sido transferidas a las comunidades autónomas
• Cualquiera, dependa del Estado o de una comunidad autónoma
• Las creadas por una ley aprobada en las Cortes Generales

El art. 2.2.g) incluye solo las universidades públicas no transferidas: las que siguen dependiendo del Estado. Las transferidas dependen de su comunidad autónoma y quedan fuera del sector público estatal. Recibir fondos estatales no es el criterio, y tampoco lo es la norma que las creó.

• En el sector público empresarial
• En el sector público fundacional
• En el sector público administrativo
• En el que resulte de su financiación

El art. 3.1.a) nombra directamente a los organismos autónomos entre los que integran el sector público administrativo, junto a la Administración General del Estado. El distractor tentador es decidirlo por la financiación: ese criterio solo se aplica a los demás organismos y entidades de derecho público, a los consorcios y a los fondos sin personalidad jurídica del art. 3.1.b), no a los organismos autónomos.

• La Administración General del Estado y el sector público institucional estatal
• La Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas
• Los organismos públicos estatales y las sociedades mercantiles estatales
• Los órganos de las Cortes Generales y la Administración General del Estado

El art. 2.1 divide el sector público estatal en dos: la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, que es donde están los organismos públicos, las sociedades mercantiles y el resto de entidades del art. 2.2. Los organismos y las sociedades son solo una parte del segundo componente, no los dos componentes. Las comunidades autónomas no son sector público estatal, y las Cortes Generales quedan expresamente fuera de la ley.

• No, porque carece de personalidad jurídica propia
• No, salvo que su norma de creación lo disponga
• Sí, aunque esta ley no se le aplica en ninguna materia
• Sí, y esta ley regula su régimen económico-financiero

El art. 2.3 los incluye en el sector público estatal aunque no tengan personalidad jurídica ni estén dentro de la Administración General del Estado, y regula por esta ley su régimen económico-financiero, sin perjuicio de las especialidades de sus normas de creación, organización y funcionamiento. Por eso falla el «sí» que les niega toda aplicación de la ley. La pertenencia la decide el propio art. 2.3: no depende de su norma de creación, y la falta de personalidad jurídica es justo la circunstancia que la ley declara irrelevante.

• Al empresarial, porque no cumple las dos características a la vez
• Al administrativo, porque cumple una de las características
• Al fundacional, porque carece de ánimo de lucro
• A ninguno, porque los consorcios quedan fuera de la ley

El art. 3.1.b) lleva al sector público administrativo a los consorcios, los fondos sin personalidad jurídica y las entidades de derecho público que cumplan alguna de dos características; basta una. La primera es que su actividad principal no sea la producción en régimen de mercado de bienes y servicios. El empresarial es el sector de los consorcios que no cumplen ninguna. Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado sí forman parte del sector público estatal (art. 2.2.d).

• En el empresarial, al no cumplir ninguna característica del administrativo
• En el administrativo, por tratarse de una entidad de derecho público
• En el fundacional, por depender de la Administración del Estado
• En ninguno, mientras no adopte la forma de entidad pública empresarial

El art. 3.2.c) integra en el sector público empresarial a las entidades de derecho público, los consorcios y los fondos no incluidos en el sector público administrativo. Esta entidad no cumple ninguna de las dos características del art. 3.1.b): su actividad principal es de mercado, no redistribuye renta y vive de ingresos comerciales. El distractor tentador es el administrativo por su naturaleza pública, pero para estas entidades la ley no decide por su naturaleza, sino por las dos características del art. 3.1.b).

• Los rendimientos de sus depósitos y de sus activos financieros
• Los procedentes de transferencias y subvenciones de otras entidades
• Los obtenidos como contrapartida de entregas de bienes o servicios
• Los que superan la mitad de sus ingresos totales del ejercicio

El art. 3.1.b), en su segunda característica, define los ingresos comerciales como los obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios, cualquiera que sea su naturaleza. El distractor tentador confunde la definición con el umbral: «mayoritariamente» es la medida que se aplica a esos ingresos para clasificar, no lo que los define. Las transferencias y los rendimientos financieros no son contrapartida de ninguna entrega ni prestación.

• Sus normas de creación, organización y funcionamiento, sin aplicar esta ley
• Esta ley, con las especialidades que fijen sus normas de creación
• Esta ley, con las instrucciones que dicte la Intervención General
• Las normas que dicte para cada uno de ellos el Tribunal de Cuentas

El art. 2.3 somete la contabilidad y el control de estos órganos, en todo caso, a sus normas de creación, organización y funcionamiento, y añade que en esas materias no se les aplica la Ley 47/2003. El distractor tentador es la fórmula «esta ley, con las especialidades de sus normas», que el mismo apartado usa para otro de sus regímenes, no para estos dos. Ni la Intervención General ni el Tribunal de Cuentas dictan esas normas.

• Su organización, su funcionamiento y las relaciones entre sus entidades
• Su régimen patrimonial y la gestión de sus bienes y derechos
• Su régimen presupuestario, contable, de intervención y de control
• Su régimen de personal y la provisión de sus puestos de trabajo

El art. 1 fija el objeto de la ley: el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero del sector público estatal. El distractor tentador es la organización y el funcionamiento: es el objeto de la Ley 40/2015, que regula el sector público institucional desde otro ángulo. El patrimonio y el personal tienen también sus propias leyes.