Las competencias del municipio

• Sí, porque es servicio obligatorio en los de más de 20.000 habitantes
• No, porque solo es obligatorio en los de más de 50.000 habitantes
• Sí, porque el art. 25.2 lo incluye entre las competencias propias
• No, porque solo es obligatorio en los de más de 75.000 habitantes

El transporte colectivo urbano de viajeros está en el último escalón del art. 26.1, el de más de 50.000 habitantes, junto al medio ambiente urbano. Que el art. 25.2.g) lo cuente entre las competencias propias no lo convierte en servicio obligatorio: son dos ejes distintos, y un municipio puede tener la competencia sin estar obligado a prestar el servicio.

• El Pleno
• El Alcalde
• La Junta de Gobierno Local
• El Alcalde, dando cuenta al Pleno

La renuncia la acuerda el Pleno de la entidad local. Las causas las fija el acuerdo de delegación, y entre ellas están siempre el incumplimiento financiero de la Administración delegante y la imposibilidad sobrevenida de ejercerla sin menoscabo de las competencias propias. Ni el Alcalde ni la Junta de Gobierno pueden decidirla.

• El reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad
• La concesión de las prestaciones económicas por discapacidad
• La gestión de los centros residenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma
• La promoción de la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal

La letra q), que añadió la Ley 4/2026 con efectos desde el 23 de octubre de 2026, habla de promover actuaciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Reconocer el grado de discapacidad, conceder prestaciones o gestionar centros de titularidad autonómica no figuran en la lista: el verbo de la letra es promover, no gestionar ni conceder.

• Al municipio, que transfiere a la Diputación el coste del servicio
• A partes iguales entre municipio y Diputación
• A la Diputación, que es quien asume su prestación
• A la Comunidad Autónoma, que la reparte según el uso

Si la Diputación presta el servicio, la tasa va a ella. La primera opción tienta porque el mismo párrafo dice que la Diputación repercute a los municipios el coste efectivo del servicio según su uso, pero, si el servicio se financia con una tasa, la ley la destina a la Diputación que lo presta, no al municipio.

• En todos los municipios
• En los de población superior a 5.000 habitantes
• En los de población superior a 20.000 habitantes
• En los de población superior a 50.000 habitantes

El acceso a los núcleos de población está en la letra a) del art. 26.1, la de los servicios que deben prestar todos los municipios, junto al alumbrado, el cementerio, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el agua potable, el alcantarillado y la pavimentación. Los escalones de 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes suman otros servicios, pero este no depende de la población.

• Limpieza viaria
• Alumbrado público
• Cementerio
• Acceso a los núcleos de población

La lista del art. 26.2 es cerrada y tiene seis servicios: residuos, agua y aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos, pavimentación y alumbrado. El cementerio es servicio obligatorio en todos los municipios (art. 26.1.a), pero no está entre los que coordina la Diputación: esa coincidencia parcial entre las dos listas es la que confunde.

• Un acuerdo de la Diputación provincial, con el informe de la Comunidad Autónoma
• Una decisión de la Comunidad Autónoma, con la conformidad previa del municipio afectado
• Un acuerdo del Pleno del propio municipio por mayoría absoluta del número legal de miembros
• Una decisión del Estado, tras oír a la Comisión Nacional de Administración Local

El art. 28, al que el Real Decreto-ley 6/2023 devolvió contenido, deja la decisión a la Comunidad Autónoma, conforme a su legislación de régimen local, y exige siempre la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas. La Diputación puede informar como entidad afectada, pero no decide, y el Estado no interviene.

• Educación infantil, primaria y especial
• Educación primaria y secundaria obligatoria
• Educación infantil, primaria y secundaria obligatoria
• Educación primaria, secundaria y formación profesional

La letra n) se ciñe a los edificios de educación infantil, primaria y especial. La secundaria no está, aunque sea obligatoria: tienta porque la misma letra encarga al municipio participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria, que es otra cosa que conservar el edificio.

• Un año
• Dos años
• Cuatro años
• Cinco años

La delegación fija su alcance, contenido, condiciones y duración, y esta no puede ser inferior a cinco años. Cuatro años tienta porque es la duración del mandato de los concejales, que la Ley 7/1985 deja a la legislación electoral (art. 73.1); la delegación no puede bajar de cinco.