Las competencias de la provincia y los regímenes especiales

• El tratamiento de residuos
• El abastecimiento domiciliario de agua potable
• El alumbrado público
• La prevención y extinción de incendios

El art. 36.1.c) nombra dos servicios que la Diputación asume cuando el municipio no los presta, y cada uno con su umbral: los incendios en los de menos de 20.000 habitantes y el tratamiento de residuos solo en los de menos de 5.000. Con 12.000 habitantes entra en el primero y no en el segundo, que es el distractor que tienta. El agua y el alumbrado no figuran en esa letra: el art. 36.1.c) no los menciona, aunque en los municipios de menos de 20.000 habitantes su prestación la coordine la Diputación (art. 26.2).

• Con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de la Comunidad
• Con plena autonomía, sin sujeción a instrucciones de la Comunidad
• Sujeta solo a las instrucciones generales de la Comunidad, no a las particulares
• Sujeta a las instrucciones del Estado, previo informe de la Comunidad

En la encomienda de gestión el servicio sigue siendo de la Comunidad, y por eso la Diputación lo gestiona con sujeción «plena» a sus instrucciones, tanto las generales como las particulares. La autonomía sería propia de una competencia de la Diputación, no de una gestión encomendada; partir las instrucciones en generales y particulares es la trampa, porque la ley nombra las dos; y el Estado no da instrucciones sobre un servicio que es de la Comunidad.

• Cuando el Ayuntamiento se la encomiende
• Cuando el Ayuntamiento incumpla sus plazos de resolución
• Cuando así lo ordene la Comunidad Autónoma respectiva
• Cuando lo acuerde el Pleno de la Diputación por su cuenta

La Diputación da soporte a los ayuntamientos en sus procedimientos y gestiones, pero solo los asume cuando el ayuntamiento se los encomienda: la iniciativa es municipal. La ley no le permite asumirlos por decisión propia, ni porque lo ordene la Comunidad Autónoma, ni como sanción por un retraso del ayuntamiento.

• Los asume directamente cuando el municipio no los preste
• Coordina su prestación por convenio con la Comunidad Autónoma
• Los financia íntegramente con cargo a su plan provincial
• Encomienda su gestión a los municipios mediante delegación

La letra i) del art. 36.1 le da a la Diputación un papel de coordinación, y lo ata a un instrumento y a un interlocutor: el convenio con su Comunidad Autónoma. No dice que asuma ella el servicio cuando el municipio no lo preste, ni que lo pague por entero con el plan provincial, ni que lo delegue en los municipios.

• Las normativas, si el ámbito provincial es el más idóneo
• Cualesquiera, salvo las reservadas a la Comunidad Autónoma
• Las de mera ejecución, si el ámbito provincial es el más idóneo
• Las de planificación y coordinación de los servicios municipales

El Estado puede delegar en las Diputaciones, tras consultar a la Comunidad Autónoma interesada y recibir su informe, solo competencias de mera ejecución, y solo cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para prestar los servicios. La opción de las normativas copia esa condición del ámbito, pero cambia la clase de competencia, que es lo que la ley acota; y la delegación no alcanza a cualquier competencia ni a la planificación o coordinación de los servicios municipales.

• Con preferencia sobre su régimen foral
• Solo en materia de organización
• En ningún caso
• Con carácter supletorio

Los órganos forales conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto vasco, y la ley lo respeta; pero no los deja fuera del todo, sino que se les aplica con carácter supletorio, para lo que su régimen no regule. Por eso es falso que no se les aplique en ningún caso, y también que prevalezca sobre el régimen foral; la ley no limita esa aplicación a la organización.

• Las de los municipios de menos de 5.000 habitantes de su isla
• Las de la Delegación del Gobierno
• Las de las Diputaciones provinciales
• Las de las mancomunidades provinciales interinsulares

En Canarias el gobierno de cada isla es su Cabildo, que asume las competencias de las Diputaciones provinciales y se rige por la disposición adicional decimocuarta de la ley y, supletoriamente, por las normas de organización y funcionamiento de las Diputaciones. No absorbe las de sus municipios, que conservan las suyas, ni las del Estado; y las mancomunidades provinciales interinsulares solo subsisten como órganos de representación de los intereses provinciales, sin competencias que ceder.

• Asume ella la prestación de esos servicios en lugar de los municipios
• Ofrece a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente
• Reduce a esos municipios las aportaciones que les concede en sus planes
• Lo comunica a la Comunidad Autónoma para que coordine esos servicios

La letra h) le pide a la Diputación ofrecer, no imponer: su colaboración para gestionar los servicios de forma coordinada y más barata. No le da poder para quitarle el servicio al municipio, ni para castigarlo recortando sus aportaciones, ni le manda trasladar el asunto a la Comunidad Autónoma.

• Los de policía local y protección civil
• Los de urbanismo y licencias de obra
• Los de secretaría e intervención
• Los de biblioteca pública y mercado

Por debajo de 1.000 habitantes, la ley no deja la asistencia a la voluntad de la Diputación: le ordena garantizar «en todo caso» la prestación de los servicios de secretaría e intervención (art. 36.1.b). El urbanismo, con su disciplina, es competencia propia del municipio (art. 25.2.a); la biblioteca pública y el mercado son servicios obligatorios del municipio por encima de 5.000 habitantes, y la policía local y la protección civil son materias de competencia municipal. Ninguno figura en esa garantía. Y que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación coordine la prestación de ciertos servicios obligatorios (art. 26.2) es otra cosa: coordinar no es la garantía «en todo caso» del art. 36.1.b).