El concejo abierto y los regímenes especiales del municipio

• Los de menos de 100 residentes, por imperativo de su población
• Aquellos cuya localización geográfica u otras circunstancias lo aconsejen
• Los que la Diputación provincial designe para prestar en común sus servicios
• Los que no puedan sostener por sí mismos los servicios mínimos obligatorios

El art. 29.1 tiene dos supuestos, y ninguno es de población: el tradicional y voluntario de la letra a) y el de la letra b), cuando la localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. Los 100 residentes son el error de los manuales viejos: el concejo abierto obligatorio por población desapareció con la reforma de 2011. Ni la Diputación ni la falta de medios para los servicios mínimos llevan a este régimen.

• La unanimidad de los tres electos y la mayoría de los vecinos
• Dos tercios de los tres electos y la aprobación autonómica
• La unanimidad de los tres electos y la aprobación autonómica
• La mayoría de los tres electos y dos tercios de los vecinos

El concejo abierto obligatorio por población ya no existe: desde la reforma de 2011, los municipios que lo tenían por ley pueden conservarlo, pero no están obligados. Para seguir, el segundo párrafo del art. 29.4 pide dos voluntades a la vez, después de la sesión constitutiva: la unanimidad de los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos. No basta una mayoría de los electos, aunque sea cualificada, y la Comunidad Autónoma no tiene que aprobar nada: es un régimen que el municipio ya tenía.

• Favorable, por mayoría absoluta de sus miembros
• Favorable, por tres quintos de sus miembros
• Favorable, por dos tercios de sus miembros
• Favorable, por unanimidad de sus miembros

Es el supuesto de la letra b) del art. 29.1, y el 29.2 le pone tres piezas: la petición de la mayoría de los vecinos, la decisión favorable del Ayuntamiento por dos tercios de sus miembros y la aprobación de la Comunidad Autónoma. La mayoría absoluta, la que la ley pide para tantos acuerdos del Pleno, aquí se queda corta; la unanimidad y los tres quintos no los exige el precepto. Los municipios de la letra a), los de concejo abierto tradicional, no pasan por este trámite.

• A un Alcalde y una asamblea vecinal de todos los electores
• A un Alcalde y un Pleno de concejales elegidos por los vecinos
• A una asamblea vecinal de todos los electores, sin Alcalde
• A un Alcalde y una junta vecinal elegida por la asamblea

El art. 29.3 cambia el Pleno de concejales por una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, pero conserva al Alcalde: el gobierno es de los dos. Por eso tienta tanto la asamblea sin Alcalde como el Pleno de siempre, que es justo lo que este régimen sustituye. Su funcionamiento se ajusta a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a la Ley 7/1985 y a las leyes autonómicas de régimen local; el precepto no pone entre los dos ninguna junta elegida.

• Un real decreto del Gobierno, a propuesta del ministerio
• El reglamento orgánico que apruebe el propio Pleno
• Una ordenanza de la Diputación provincial respectiva
• La ley de régimen local de la Comunidad Autónoma

El art. 30 deja los regímenes especiales a las leyes autonómicas de régimen local, en el marco de la Ley 7/1985: para los municipios pequeños o rurales y para los que tengan otras características que lo aconsejen, como el carácter histórico-artístico o el predominio de actividades turísticas, industriales o mineras. Es una posibilidad («podrán»), no un mandato. No lo hace el Estado por reglamento, ni la Diputación, ni el municipio en su propio reglamento orgánico.