La provincia y su organización

• El Presidente
• El Pleno, a propuesta del Presidente
• La Junta de Gobierno
• El Vicepresidente primero

Es una atribución del Presidente (art. 34.1.e), la otra cara del art. 37.1, que permite a las comunidades autónomas encomendar a las Diputaciones la gestión ordinaria de sus servicios propios. No la tiene el Pleno ni la Junta de Gobierno, y los Vicepresidentes solo sustituyen al Presidente.

• No: es una de las atribuciones que el Pleno no puede delegar
• Sí, en la Junta de Gobierno, dando cuenta después al Pleno
• Sí, si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta del número legal
• Solo en caso de urgencia, con ratificación posterior del Pleno

El art. 33.3 atribuye al Pleno la votación de la moción de censura y de la cuestión de confianza, y el 33.4 excluye ese número 3 de lo que el Pleno puede delegar, junto con las letras a) a f), h) y ñ) del 33.2. Ni una mayoría reforzada ni la urgencia lo cambian, y tampoco cabe delegarla en la Junta de Gobierno dando cuenta después.

• La autonomía y la suficiencia financiera de los municipios
• La solidaridad y el equilibrio intermunicipales
• La descentralización y la proximidad de la gestión a los vecinos
• La eficacia y la coordinación de los servicios municipales

El art. 31.2 define la misión de la Provincia hacia sus municipios: garantizar la solidaridad y el equilibrio entre ellos, en el marco de la política económica y social. Es lo que la LBRL añade a la definición constitucional de la provincia. La descentralización, la proximidad y la eficacia son principios que la ley usa al atribuir competencias, no los fines de la Provincia; la autonomía de los municipios no figura entre los fines que el art. 31.2 da a la Provincia.

• Solo si lo dispone su reglamento orgánico o lo acuerda su Pleno
• Sí: existe en todas las Diputaciones
• Solo si la prevé la ley de régimen local de su comunidad autónoma
• No: la gobiernan el Pleno y el Presidente, sin Junta

El art. 32.1 enumera cuatro órganos que existen en todas las Diputaciones: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. Hacerla depender del reglamento orgánico o de un acuerdo del Pleno es poner una condición que la ley no pone a la Diputación. Tampoco depende de la ley autonómica, que solo puede añadir una organización provincial complementaria, y la Diputación no se gobierna sin ella.

• La aprobación de la oferta de empleo público
• La aprobación de los planes de carácter provincial
• La aprobación de las bases de selección del personal
• La distribución de las retribuciones no fijas ni periódicas

Los planes de carácter provincial son el instrumento propio de la Diputación, y el art. 33.2.d) los reserva al Pleno, junto con la organización, las ordenanzas y los presupuestos. Las otras tres son del Presidente (art. 34.1.g): aprobar la oferta de empleo público y las bases de las pruebas de selección y distribuir las retribuciones complementarias que no son fijas y periódicas.

• Asumir la titularidad de los servicios de competencia municipal en todo su territorio
• Velar por la legalidad de los acuerdos de los municipios de su territorio
• Coordinar la acción de la Comunidad Autónoma y del Estado en la provincia
• Participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la estatal

El art. 31.2 concreta los fines de la Provincia en dos: asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. La trampa está en los verbos: la Provincia asegura que los servicios municipales se presten, pero no asume su titularidad, y participa en la coordinación, no coordina a las otras dos Administraciones. El control de legalidad de los acuerdos municipales no figura entre sus fines.

• Entre funcionarios de carrera del Estado, autonómicos o locales, o habilitados nacionales, de los subgrupos A1 o A2
• Entre funcionarios de carrera de la propia Diputación o habilitados nacionales, del subgrupo A1
• Entre funcionarios de carrera del Estado, autonómicos o locales, o habilitados nacionales, del subgrupo A1
• Entre funcionarios de carrera de la propia Diputación, de los subgrupos A1 o A2

El art. 32 bis exige nombrar al personal directivo de las Diputaciones por competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o con habilitación de carácter nacional, y siempre de cuerpos o escalas del subgrupo A1. La ley nombra a las tres Administraciones territoriales, así que no se limita a los funcionarios de la propia Diputación, y no admite el subgrupo A2.

• Todos, con el mismo número de Diputados cada grupo, sea cual sea su tamaño
• Solo los grupos que no forman parte de la Junta de Gobierno, en proporción a su peso
• Todos, con Diputados propios en proporción a los que cada grupo tiene en el Pleno
• Solo los grupos que alcanzan un tercio del número legal de Diputados del Pleno

El segundo párrafo del art. 32.2 da a todos los grupos políticos de la corporación el derecho a estar en esos órganos, mediante Diputados de cada grupo y en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. No hay grupos excluidos —ni los que gobiernan ni los pequeños— y la presencia no es igual para todos, sino proporcional. Y ningún umbral de tamaño deja a un grupo fuera.

• La Junta de Gobierno
• El Diputado de más edad
• El Secretario
• Los Vicepresidentes

El art. 35.4 encarga la sustitución del Presidente a los Vicepresidentes, en los tres casos de vacante, ausencia o enfermedad. En la Diputación no hay Tenientes de Alcalde: la figura equivalente se llama Vicepresidente, y el art. 32.1 la cuenta entre los órganos que existen en todas. La Junta de Gobierno es un órgano colegiado y no suple al Presidente; la edad no decide la suplencia, y el Secretario es un funcionario, no un miembro de la corporación.