El padrón y los vecinos

• La prueba, salvo que se demuestre lo contrario
• No la prueba, ni le atribuye por sí derecho alguno
• Le otorga por sí sola autorización de residencia
• La prueba si se acompaña del certificado de empadronamiento

La ley separa el padrón de la situación del extranjero: su inscripción no prueba la residencia legal en España ni le atribuye derechos que no le reconozca la legislación vigente, en especial la de extranjería. Empadronarse es una obligación de quien vive en el municipio, no un título de residencia.

• Cada tres meses
• Cada seis meses
• Cada año
• Cada dos años

La inscripción de los extranjeros sin autorización de residencia de larga duración que no son de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo ni de un Estado asimilado por convenio tiene que renovarse periódicamente cada dos años. A los ciudadanos de esos Estados y a los residentes de larga duración no se les pide.

• La diputación provincial o entidad equivalente
• El Instituto Nacional de Estadística, de forma subsidiaria
• La comunidad autónoma, por medio de su instituto de estadística
• Un municipio limítrofe, por convenio

La regla es que cada Ayuntamiento lleve su padrón con medios informáticos. Cuando no puede, asumen esa gestión las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, los Cabildos y los Consejos insulares. Ni el Instituto Nacional de Estadística ni la comunidad autónoma ocupan ese lugar, y la ley no prevé que lo haga otro municipio.

• A todos los efectos, y forman parte de su población
• Únicamente al ejercicio del derecho de sufragio
• Al sufragio y al uso de los servicios municipales
• Únicamente a la elaboración de estadísticas oficiales

Son vecinos solo para votar: la ley lo limita al ejercicio del derecho de sufragio y añade que no constituyen en ningún caso población del municipio. Contarlos en la población o darles acceso a los servicios municipales es justo lo que el artículo excluye.

• Quienes residen en su término, estén o no inscritos
• Los electores inscritos en su censo electoral
• Los vecinos mayores de edad empadronados en él
• El conjunto de personas inscritas en su padrón

La ley define la población por la inscripción, no por el hecho de residir: la forman las personas inscritas en el padrón, sean de la edad que sean. Quien vive en el término sin estar inscrito no cuenta, y el censo electoral, que solo recoge a quienes pueden votar, es otra cosa.

• No, solo puede usarlos para estadísticas oficiales
• Sí, pero solo a los institutos autonómicos
• Sí, en las mismas condiciones que el padrón municipal
• Sí, con el consentimiento expreso de cada inscrito

Desde 2023 el Instituto Nacional de Estadística puede ceder su base padronal a otras Administraciones públicas en las mismas condiciones del artículo 16.3, las que rigen la cesión de los datos del padrón municipal. A los institutos autonómicos de estadística, además, les facilita los datos de los padrones de su territorio, pero no son los únicos destinatarios.

• Cuando lo pida al menos el diez por ciento de los vecinos
• Cuando el Pleno lo haya incluido en el presupuesto anual
• Cuando la diputación provincial haya informado que es viable
• Cuando sea una competencia municipal propia de carácter obligatorio

El vecino puede exigir el servicio cuando prestarlo es una competencia municipal propia de carácter obligatorio. La ley liga este derecho a que el servicio sea una competencia municipal propia de carácter obligatorio; no lo condiciona a un número de vecinos, al presupuesto ni a un informe de la diputación. El diez por ciento de los vecinos suena a la iniciativa popular del art. 70 bis, que permite proponer acuerdos, no exigir servicios.

• Documento público y fehaciente, pero solo a efectos electorales y estadísticos
• Documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos
• Documento privado con el valor de una declaración del propio vecino
• Documento público y fehaciente, válido solo ante el Ayuntamiento que lo expide

Las certificaciones del padrón son documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos: no se limitan a lo electoral ni a las relaciones con el Ayuntamiento que las expide. Tampoco son una declaración del interesado, porque da fe la Administración que certifica unos datos que, según el mismo artículo, prueban la residencia en el municipio y el domicilio habitual.

• La caducidad de la inscripción, sin necesidad de audiencia previa
• La caducidad de la inscripción, previa audiencia del interesado
• Una sanción por infracción leve, manteniendo la inscripción
• La baja que acuerde el Instituto Nacional de Estadística de oficio

No renovar en plazo es causa para acordar la caducidad de la inscripción, y la ley permite declararla sin audiencia previa del interesado: esa es la salvedad que hay que recordar. No prevé ninguna sanción por no renovar, ni encarga la decisión al Instituto Nacional de Estadística.