El municipio y su término

• En castellano, en la otra lengua oficial de la comunidad o en ambas, a todos los efectos
• Solo en castellano a efectos oficiales, y en la otra lengua a efectos locales
• En la lengua que fije la ley de la comunidad, sin que quepa la doble denominación
• En las dos lenguas, siempre juntas, para que la denominación sea oficial

El art. 14.2 da tres posibilidades, y las tres valen a todos los efectos: castellano, la otra lengua oficial en la comunidad, o las dos. No hay una denominación oficial y otra local, ni se prohíbe la doble, ni se obliga a usarla.

• Con la mayoría absoluta de cada uno de los plenos
• Con dos tercios de cada uno de los plenos
• Con tres quintos de cada uno de los plenos
• Con la mayoría simple de cada uno de los plenos

Basta la mayoría simple en cada pleno, y es una excepción pensada para facilitar las fusiones: la creación y la supresión de municipios y la alteración de términos piden en general la mayoría absoluta del artículo 47.2. El mismo artículo 13.6 rebaja también a mayoría simple los acuerdos del 47.2 que traigan causa de la fusión.

• El territorio, la población y el patrimonio
• El territorio, la población y la hacienda
• El territorio, la población y la organización
• El territorio, la población y los servicios

La ley nombra tres elementos: el territorio, la población y la organización. El patrimonio, la hacienda y los servicios los tiene el municipio, pero ninguno de ellos figura entre sus elementos.

• residen los vecinos empadronados
• se sitúan los bienes municipales
• se prestan los servicios mínimos obligatorios
• el ayuntamiento ejerce sus competencias

La ley define el término por la competencia: es el espacio donde el ayuntamiento la ejerce. Los vecinos, los bienes y los servicios están en el término, pero no lo definen.

• La dispensa de aprobar un presupuesto propio durante ese periodo
• La dispensa de seguir prestando los servicios mínimos de antes
• Preferencia en los planes de cooperación local y en las subvenciones
• La exención de la tutela financiera de su comunidad autónoma

Durante al menos cinco años, prorrogables por la Ley de Presupuestos, tiene preferencia en los planes de cooperación local, las subvenciones y los convenios que se reparten por concurrencia. La dispensa de servicios es más estrecha: solo de los servicios mínimos nuevos que le tocarían por haber crecido en población. Y el presupuesto no se aplaza: aprueba uno nuevo para el ejercicio siguiente al convenio.

• La audiencia de los municipios interesados
• La autorización previa de la Administración General del Estado
• El informe de la Administración que ejerza la tutela financiera
• El dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico

Se exigen en todo caso la audiencia de los municipios interesados, el dictamen del Consejo de Estado (o del órgano consultivo autonómico, si existe) y el informe de quien ejerza la tutela financiera. A la Administración General del Estado solo se le da conocimiento, a la vez que se pide el dictamen: no autoriza nada, porque la creación y la supresión las regula la legislación autonómica.

• No: el núcleo ha de tener al menos 4.000 habitantes
• No: el núcleo ha de tener al menos 5.000 habitantes
• Sí: el núcleo supera el mínimo legal de 1.000 habitantes
• Sí: basta con que el municipio resultante sea financieramente sostenible

No llega: el artículo 13.2 pide un núcleo de al menos 4.000 habitantes, y además que el resultante sea sostenible, cuente con recursos suficientes y no empeore los servicios. Los requisitos se suman, así que la sostenibilidad sola no basta. El 5.000 es la cifra anterior, que todavía repiten muchos manuales: el Real Decreto-ley 6/2023 la bajó a 4.000.

• Cuando se anota en el registro estatal de entidades locales y se publica en el BOE
• Cuando se anota en el registro autonómico de entidades y se publica en su diario oficial
• Cuando lo publica el boletín oficial de la provincia tras el acuerdo del pleno
• Cuando se publica en el BOE, sin necesidad de anotarlo en ningún registro

Hacen falta las dos cosas y en ese orden: la anotación en el registro que lleva la Administración del Estado y la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Sin la anotación previa, la publicación sola no basta; y ni el registro autonómico ni el boletín de la provincia dan carácter oficial al nuevo nombre.

• Transcurridos cuatro años desde la adopción del convenio
• Transcurridos cinco años desde la adopción del convenio
• Transcurridos ocho años desde la adopción del convenio
• Transcurridos diez años desde la adopción del convenio

La ley ata la fusión diez años, contados desde que se adopta el convenio. Los cinco años son otro plazo de la misma fusión, que no ata la segregación; y cuatro u ocho años, uno o dos mandatos, no son plazos de este artículo.