Las políticas públicas para la igualdad efectiva de las personas LGTBI

• Es anual, y la aprueban las Cortes Generales
• Es cuatrienal, y la aprueban las Cortes Generales
• Es cuatrienal, y la aprueba el Consejo de Ministros
• Es anual, y la aprueba el Consejo de Ministros

El art. 10 da a la Estrategia carácter cuatrienal y la hace aprobar por Acuerdo del Consejo de Ministros, después de que la elabore el Ministerio con la participación de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las organizaciones sociales. Lo anual no es la Estrategia, sino el informe de seguimiento de su ejecución; y las Cortes Generales no intervienen en su aprobación.

• Las de cincuenta o más personas trabajadoras, con un protocolo frente al acoso
• Las de más de cincuenta personas trabajadoras, con un protocolo frente al acoso
• Las de cincuenta o más personas trabajadoras, con un informe anual a la Inspección
• Las de más de cincuenta personas trabajadoras, con un informe anual a la Inspección

El art. 15.1 obliga a las empresas «de más de cincuenta personas trabajadoras»: una con cincuenta justas queda fuera. Ese conjunto de medidas y recursos ha de incluir un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI; la ley no le exige un informe anual a la Inspección de Trabajo.

• Del Consejo de Participación de las Personas LGTBI
• De la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
• De las comisiones paritarias de los convenios colectivos
• Del Servicio Público de Empleo Estatal

El art. 15.2 encarga al Consejo de Participación de las Personas LGTBI recopilar y difundir las buenas prácticas de las empresas en la inclusión de las personas LGTBI y en la igualdad y no discriminación por las causas de la ley. No se lo atribuye a la Inspección de Trabajo, a las comisiones paritarias de los convenios ni al Servicio Público de Empleo Estatal.

• Sustituirlos por los modelos únicos que apruebe el Ministerio
• Adecuarlos solo cuando lo pida la persona interesada
• Adecuarlos cuando se renueven por cualquier otra causa
• Adoptar las medidas necesarias para procurar que se adecúen a ella

El art. 13 obliga a las Administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios se adecúen a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y a la diversidad familiar. Es un mandato de medios («procurar»): no impone modelos únicos de un ministerio, no espera a que lo pida la persona interesada ni a que el documento se renueve por otro motivo.

• Exigen la autorización previa de sus contenidos sobre esa diversidad
• Controlan su programación mediante un órgano de supervisión propio
• Fomentan la sensibilización y el respeto a esa diversidad
• Fijan una cuota de programación dedicada a esa diversidad

El art. 27.2 encarga a los poderes públicos fomentar, en los medios de titularidad pública y en los que perciben subvenciones, la sensibilización y el respeto a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y adoptar medidas para eliminar los contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI. El verbo es fomentar: la ley no prevé ahí una autorización previa de contenidos, un órgano propio de control ni cuotas de programación.

• Los centros educativos
• Las universidades
• Las comunidades autónomas
• El Gobierno

El art. 20.1 se lo encarga al Gobierno, que lo incluye entre los aspectos básicos del currículo junto con el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas de la ley. Los aspectos básicos no los fijan los centros en su proyecto ni cada comunidad autónoma por su cuenta; y las universidades aparecen en el mismo artículo para otra cosa, los planes de estudio de los títulos que habilitan para profesiones docentes, sanitarias y jurídicas.

• Garantizan la igualdad en la de promoción pública y velan por ella en el alquiler
• Garantizan la igualdad en el acceso a las dos clases de vivienda
• Velan por la igualdad en el acceso a las dos clases de vivienda
• Velan por la igualdad en la de promoción pública y la garantizan en el alquiler

La disposición adicional segunda reparte la fuerza del mandato: las Administraciones «garantizarán» el acceso en plena igualdad de oportunidades a las viviendas de promoción pública y «velarán» por que no haya discriminación en el acceso a las de alquiler. El verbo cambia según la vivienda: no es el mismo para las dos, y el reparto no es el inverso.

• El acceso y la permanencia, pero no el uso de los servicios
• El acceso, la permanencia y el uso de los servicios
• El acceso y el uso de los servicios, pero no la permanencia
• El uso de los servicios, pero no el acceso ni la permanencia

El art. 25.c) pide fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho de admisión para que ni las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público ni el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan puedan restringirse «en ningún caso» por esas causas. Las tres cosas van juntas: la ley no deja fuera ninguna.

• El número de personas reconocidas como refugiadas por estas causas no se publica en ningún caso
• El principio de unidad familiar no se aplica a los familiares que acompañan a la persona solicitante de protección
• No pueden usarse medios de prueba de la orientación o identidad sexual que vulneren derechos fundamentales
• Las entrevistas pueden hacerlas personas sin formación específica, siempre que cuenten con intérprete

El art. 38.3 prohíbe utilizar medios orientados a probar la orientación o la identidad sexual que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la persona solicitante. El mismo artículo dice lo contrario de las demás opciones: las entrevistas las hace personal cualificado y con formación suficiente, la unidad familiar se aplica sin discriminación en el procedimiento y en la acogida, y cada año se publica el número de personas reconocidas como refugiadas por estas causas.