Los funcionarios habilitados, los apoderamientos y la firma de los interesados

• Su denominación y su Número de Identificación Fiscal
• Su denominación y su domicilio social
• Su Número de Identificación Fiscal y sus datos de inscripción registral
• Su denominación, su Número de Identificación Fiscal y su objeto social

De la persona jurídica, el reglamento pide como mínimo su denominación y su Número de Identificación Fiscal; el resto del contenido mínimo identifica a la persona física que actúa como representante. El domicilio social, los datos de inscripción en el registro y el objeto social no forman parte de ese mínimo.

• El Número de Afiliación a la Seguridad Social
• El Código de Identificación Fiscal
• El Número de Identificación Consular Central
• El Código de Identificación Personal sanitario

El reglamento enumera los números que valen como atributo mínimo del certificado de persona física: el del DNI, el NIE, el Número de Identificación Consular Central o el NIF, siempre que conste de manera inequívoca. Ni el número de afiliación a la Seguridad Social, ni el código de identificación personal sanitario, ni el antiguo Código de Identificación Fiscal están en esa enumeración, por conocidos que sean en otros ámbitos.

• Un notario, y su suficiencia ya no se vuelve a valorar en ninguna actuación
• Los servicios jurídicos, y su suficiencia ya no se revisa en cada actuación
• Un notario, sin perjuicio de valorar su suficiencia en cada actuación
• Los servicios jurídicos, sin perjuicio de valorar su suficiencia en cada actuación

El bastanteo lo hacen los servicios jurídicos correspondientes, no un notario, y no cierra la cuestión: queda a salvo la apreciación concreta de si el poder es suficiente en la actuación, el trámite o el procedimiento en que se use. Las opciones combinan quién lo hace con qué efecto tiene, y solo una acierta en las dos cosas.

• Los trámites que se especifiquen en el propio certificado
• Cualquier actuación, ante la Administración que lo admitió
• Cualquier actuación ante cualquier Administración Pública
• Las actuaciones de mero trámite, si no hay un poder inscrito

Cuando se actúa en nombre de una persona jurídica, el certificado cualificado de representante basta para acreditar la representación, y el reglamento entiende que ese poder abarca cualquier actuación y ante cualquier Administración Pública. No se limita a unos trámites ni a la Administración ante la que se presenta, ni necesita un poder inscrito al lado.

• Al Esquema Nacional de Interoperabilidad
• Al Esquema Nacional de Seguridad
• A la Política marco de firma electrónica
• A las normas técnicas del Reglamento eIDAS

Un sistema de clave concertada es, ante todo, una cuestión de seguridad: garantiza que quien se identifica es quien dice ser. Por eso el reglamento lo somete al Esquema Nacional de Seguridad. El de Interoperabilidad se ocupa de que los sistemas de distintas Administraciones se entiendan entre sí, y la política de firma, de los formatos y certificados de firma, no de los requisitos de un sistema de claves.

• Sí, si ese organismo es el que tramita su procedimiento en curso
• Sí, y entonces el poder surte efectos solo ante ese organismo
• No: los poderes generales no pueden inscribirse en los registros particulares
• No, salvo que el organismo no tenga acceso al registro general

Los registros particulares de los organismos estatales son para los poderes que se otorgan para los trámites de su competencia. El poder general del artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015 queda excluido de ellos sin excepción: su sitio es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

• La orden conjunta que regula el registro estatal
• Una Norma Técnica de Interoperabilidad
• Un convenio entre el Estado y cada comunidad
• Una guía CCN-STIC del Esquema Nacional de Seguridad

Que los registros de apoderamientos de todas las Administraciones se entiendan entre sí, y con las sedes, los registros mercantiles y de la propiedad y los protocolos notariales, es materia del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la desarrolla una Norma Técnica de Interoperabilidad. La orden conjunta del reglamento regula otra cosa: los requisitos y el funcionamiento del registro estatal.

• La Secretaría General de Administración Digital
• Los órganos que emiten o custodian los originales
• El responsable de la oficina de registro de su destino
• El Subsecretario del departamento, por resolución

La habilitación para expedir copias auténticas la da quien tiene relación con los documentos originales: el órgano que los emite, el que los custodia o archiva, o aquel al que sus normas de competencia se lo atribuyan. No la confiere un órgano central de administración digital, ni el responsable de una oficina, ni el Subsecretario por resolución.

• Para cualquier trámite de un procedimiento de la Administración General del Estado
• Para todos los trámites, salvo la interposición de recursos administrativos
• Para los que elija el interesado al comparecer ante el funcionario habilitado
• Para los que haya determinado con carácter previo cada ministerio u organismo

La actuación del funcionario habilitado no vale para cualquier trámite: solo para los que cada ministerio, organismo o entidad haya determinado antes, y de ellos se mantiene una relación pública y permanentemente actualizada. No lo decide el interesado al comparecer, y el reglamento no fija una exclusión genérica de los recursos.