La accesibilidad de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado

• A la normativa sancionadora en materia de igualdad y no discriminación
• Al conocimiento de las discapacidades y de cómo influyen en la atención
• A la lengua de signos española, que ha de acreditar todo ese personal
• A la tramitación de las quejas y sugerencias sobre accesibilidad

El art. 14.2 pide atender especialmente, en la formación de ese personal, al conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios auxiliares que faciliten ese trato. No impone acreditar la lengua de signos a todo el personal ni centra la formación en el régimen sancionador o en las quejas: el foco es saber tratar y atender.

• Totalmente, cuando el edificio esté declarado bien de interés cultural por su valor
• Parcialmente, si la infraestructura o el patrimonio hacen imposible aplicarlas
• Parcialmente, cuando la oficina atienda a muy pocas personas al año
• Totalmente, si adaptar la oficina cuesta más que su presupuesto anual

El art. 11.1 admite exceptuar las condiciones solo «parcialmente», y solo cuando en el edificio o en su entorno concurran circunstancias de infraestructura o de protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente. Un edificio protegido no basta por sí solo, y nunca para una excepción total; tampoco el volumen de público es causa. Y el coste solo cuenta si hace la aplicación económicamente imposible por esas circunstancias, no por compararlo con un presupuesto.

• Con dos bandas horizontales de contraste cromático, a dos alturas distintas
• Con una franja vertical de textura rugosa a lo largo del marco de la puerta
• Con el símbolo internacional de accesibilidad a la altura de los ojos
• Con una sola banda horizontal a la altura de una persona sentada en silla de ruedas

El art. 5.2.h recomienda proteger las puertas acristaladas para evitar roturas por impacto y señalizarlas con dos bandas horizontales de 20 centímetros de ancho, de contraste cromático con el resto de la superficie: la primera entre 100 y 120 centímetros de altura y la segunda entre 150 y 170. Lo que se busca es que el vidrio se vea, y por eso es contraste de color y en dos alturas; una sola banda o una marca táctil en el marco no responden a lo que dice el texto.

• En las oficinas de registro, para entregarlos a quien los solicite allí
• En el diario oficial, como anexo de la norma que los aprueba
• En los puntos de información sin personal de cada oficina
• En las páginas web correspondientes y en formato electrónico accesible

El art. 12.3 añade una obligación sin condiciones: los documentos e impresos «deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible». La expresión «en todo caso» la hace incondicional: no depende de la oficina ni de que nadie lo pida. Ni el registro ni los puntos de información sin personal son el lugar que el texto exige.

• En las tres —visual, acústica y táctil— de forma simultánea y en todo caso
• Al menos en dos de las tres: visual, acústica y táctil
• En la visual siempre, y en braille cuando lo pida la persona interesada
• En una al menos, la que mejor se adapte a cada tipo de información

El art. 7.c recomienda que la información relevante se disponga «al menos» en dos de las tres modalidades sensoriales —visual, acústica y táctil (altorrelieve o braille)—, para que puedan percibirla plenamente también las personas con discapacidad visual y auditiva. Exigir las tres a la vez va más allá del texto, y una sola no llega: el mínimo son dos de las tres, y braille solo a petición no asegura esas dos.

• Por orden de cada departamento, que la comunica de forma reservada a sus oficinas
• Por resolución, previa consulta con los departamentos afectados, con una relación pública
• Por real decreto del Consejo de Ministros, previo informe de cada comunidad autónoma
• Por decisión de cada delegación del Gobierno para las oficinas de su territorio

El art. 3 encarga la determinación a la AGE mediante una resolución dictada previa consulta con los departamentos ministeriales afectados, y añade que se hará pública una relación de esas oficinas, permanentemente actualizada y a disposición pública. Lo que distingue la clave es esa doble condición —consulta previa y relación pública—; una lista reservada o una decisión territorial no encajan. El órgano que el artículo nombra lleva su denominación de 2007, y por eso la pregunta no se fija en él sino en el procedimiento.

• Para reservarles una parte de los puestos de trabajo de las oficinas de atención
• Para eximirles de presentar sus solicitudes en los modelos normalizados
• Para concederles preferencia en todos los procedimientos que tramiten
• Para compensar las desventajas que puedan tener ante la Administración

El art. 2.b recoge la acción positiva «para compensar las desventajas» que los ciudadanos con discapacidad pudieran presentar en sus relaciones con la Administración. Es un medio al lado de la garantía de igualdad, de los apoyos suplementarios y de la eliminación de prácticas discriminatorias. El artículo no la concreta en una reserva de empleo, en una exención de los impresos ni en una preferencia de tramitación: su finalidad es compensar, no dispensar.

• Los formularios internos con que el personal registra cada atención prestada
• Las guías de estilo que fijan cómo se señalizan las oficinas de atención
• Los impresos de la AGE para formular solicitudes, alegaciones o recursos
• Los protocolos de atención telefónica que siguen los servicios de información

El art. 1.2.b define los modelos normalizados como los impresos que la Administración General del Estado pone a disposición de los ciudadanos para formular solicitudes, declaraciones, alegaciones, recursos o cualquier otra pretensión ante ella. Son, junto con las oficinas de atención al ciudadano, los dos medios preferentes que deben cumplir las condiciones de accesibilidad. No son documentos de uso interno ni pautas de señalización o de atención telefónica: lo que los define es que los rellena el ciudadano para dirigirse a la Administración.

• Que quede fuera del real decreto mientras no se convierta en permanente
• Que se le apliquen las excepciones que autorice antes la Delegación del Gobierno
• Que cumpla las condiciones del capítulo II en el año siguiente a su apertura
• Que se le apliquen las excepciones necesarias, sin menoscabo de derechos

El art. 4.3 contempla las oficinas con especialidades —las itinerantes o ambulantes y las habilitadas provisionalmente por razones del servicio— y les aplica las singularidades o excepciones que sean necesarias, con un límite: que no supongan menoscabo de derechos de las personas con discapacidad. No las saca del real decreto, no les da un plazo de adaptación y no hace depender las excepciones de una autorización territorial: lo que las acota es no restar derechos.