La planificación estratégica, la oferta de empleo público y el concurso abierto y permanente en el Estado

• No: cada convocatoria tiene que reservar el mismo porcentaje mínimo
• Sí, pero ha de concentrarlas en los subgrupos C1 y C2
• Sí, pero necesita autorización de la Secretaría de Estado en cada convocatoria
• Sí, en las de cuerpos o escalas que mejor se adapten a sus capacidades

El art. 108.4 calcula la reserva sobre el número total de plazas de la oferta y permite concentrar las reservadas en las convocatorias de los cuerpos, escalas o categorías que mejor se adapten a las capacidades y competencias de esas personas. No obliga a que cada convocatoria reserve el mismo porcentaje, no la limita a unos subgrupos concretos y no pide una autorización caso por caso: el criterio es la adecuación del cuerpo, no su grupo.

• Cubrir más plazas de necesaria cobertura y ordenar la movilidad
• Seleccionar personal de nuevo ingreso sin esperar a la oferta de empleo público
• Amortizar los puestos vacantes que no sean de necesaria cobertura
• Proveer de forma abierta y transparente los puestos de libre designación

El art. 111 dice para qué sirven: fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y favorecer una movilidad ordenada y coordinada, incluyendo en ellos puestos vacantes. Son concursos, es decir, provisión de puestos, no selección de personal de nuevo ingreso, que va por la oferta y los procesos selectivos. No buscan amortizar vacantes, sino cubrirlas, ni proveer puestos de libre designación, que es otra forma de provisión.

• El instrumento técnico con el que se organiza el personal y se ordenan los puestos
• El acto que define y cuantifica los efectivos según las necesidades
• El escenario plurianual de empleo dentro de las previsiones presupuestarias
• La convocatoria conjunta de los procesos selectivos del año

El art. 108.1 la define como el acto que define y cuantifica los efectivos en función de las necesidades de los departamentos ministeriales y de las políticas públicas prioritarias del Gobierno, en el marco de la planificación estratégica. El instrumento técnico con el que se organiza el personal es la relación de puestos de trabajo (art. 109.1), y el escenario plurianual de empleo es lo que establece la planificación estratégica (art. 107.1). La oferta no es una convocatoria: las convocatorias vienen después y la ejecutan.

• La Administración General del Estado, sin organismos ni entidades dependientes
• La Administración General del Estado y sus organismos autónomos, sin otros entes
• La Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculados o dependientes
• Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito del Estatuto Básico

El art. 105.5 fija qué es «Administración del Estado» para todo el libro segundo: la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculados o dependientes (los del art. 2.1.d del Estatuto Básico), además de otras entidades de ámbito estatal. No se queda en la Administración General ni en los organismos autónomos, y tampoco llega a las comunidades autónomas ni a las entidades locales: el Estatuto Básico se aplica a todas, pero este libro ordena solo la función pública del Estado.

• Su transformación en agencia estatal, manteniendo su denominación
• Su transformación en entidad pública empresarial, manteniendo su denominación
• Su integración, como órgano sin personalidad propia, en una Secretaría de Estado
• Su fusión con las escuelas de formación de los departamentos ministeriales

La disposición adicional decimotercera autoriza, con el art. 87.3 de la Ley 40/2015, que el INAP se transforme en agencia estatal sin cambiar de nombre: se configuraría como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que actuaría con independencia y autonomía y se adscribiría a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Adscribirse no es integrarse: conservaría su personalidad. No se autoriza convertirlo en entidad pública empresarial ni fundirlo con otros centros. La autorización sigue sin ejecutarse: el Real Decreto 466/2026 adaptó el INAP a la Ley 40/2015 como organismo autónomo (INAP, O. A.).

• El dos por ciento
• El cinco por ciento
• El siete por ciento
• El diez por ciento

El art. 108.4 reserva no menos del diez por ciento de las plazas convocadas para personas con discapacidad. El Estatuto Básico fija para todas las Administraciones un mínimo del siete por ciento (art. 59.1), y por eso la pregunta lleva el ancla: para la Administración del Estado, el real decreto-ley lo sube. El dos por ciento aparece dos veces en el mismo apartado: es la parte mínima de esa reserva para discapacidad intelectual y el objetivo progresivo sobre los efectivos totales; ninguna de las dos es la reserva general.

• En un plan único que aprueba cada año el Consejo de Ministros
• En planes de ámbito general y planes específicos de departamentos u organismos
• En la oferta de empleo público de cada año, que hace las veces de plan
• En las relaciones de puestos de trabajo de cada departamento ministerial

El art. 107.4 la articula en planes de ámbito general y planes específicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos, sin perjuicio de planes de reestructuración de sectores concretos, y encarga al departamento con competencias en función pública las normas y directrices para elaborarlos. No es un plan único anual. La oferta de empleo público y las relaciones de puestos son otros instrumentos (arts. 108 y 109): la planificación orienta la oferta, pero no se confunde con ella.

• Con un catálogo de puestos de trabajo, que será público
• Con la relación de puestos del ministerio al que está adscrita
• Con su plantilla presupuestaria, sin ningún otro instrumento
• Con un registro de personal, que comunica a Función Pública

La disposición adicional decimocuarta obliga a esas entidades a elaborar un catálogo de puestos de trabajo, y dice que será público. No toman prestada la relación de su ministerio, ni basta la plantilla presupuestaria o un registro de personal. El catálogo se elabora partiendo de los efectivos existentes, incluido el personal directivo, y se comunica al departamento competente en función pública.

• Mientras no pasen más de dos años desde que se publicó la oferta
• Mientras no pasen más de dos años desde que se publicó la convocatoria
• Mientras no pasen más de tres años desde que se publicó la oferta
• Mientras no pasen más de tres años desde que se publicó la convocatoria

El art. 108.2 permite convocar de nuevo las plazas no cubiertas siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta, no de la convocatoria, que es posterior y alargaría el plazo. Hace falta un informe previo del departamento con competencias en función pública, que puede asignarlas a otros cuerpos o escalas, preferentemente del mismo grupo o subgrupo, y la nueva convocatoria identifica de qué convocatoria y de qué oferta proceden. Los dos años son otro plazo del mismo apartado: el de ejecutar la convocatoria (108.2), no el de volver a convocar.