La cooperación entre Administraciones y las disposiciones del Estatuto

• Al inicio de cada legislatura
• Al inicio de cada ejercicio presupuestario
• Al aprobar cada oferta de empleo público
• Al renovarse los órganos de representación

La disposición adicional 7.ª.2 fija el momento: al inicio de cada legislatura. No va ligado al presupuesto, a la oferta de empleo público ni a las elecciones sindicales; lo que sí dice es que el Plan se negocia con la representación legal de los empleados públicos y que su cumplimiento se evalúa cada año.

• La ley entera, sin excepción
• Solo una lista de sus artículos y disposiciones
• La ley entera, salvo su artículo 7
• Nada: la mantiene como normativa básica

La letra b) de la derogatoria no deroga la Ley 30/1984 entera: enumera los artículos y disposiciones que quedan derogados, empezando por los arts. 3.2.e) y f), 6, 7 y 8. La que se deroga entera salvo su artículo 7 es la Ley 9/1987, en la letra c). Y la letra b) no mantiene nada de la Ley 30/1984 como normativa básica: lo que hace es derogar.

• Cooperación y colaboración
• Coordinación y jerarquía
• Descentralización y desconcentración
• Subsidiariedad y solidaridad

El art. 99 nombra la cooperación y la colaboración, respetando el ejercicio legítimo de sus competencias por las otras Administraciones. La jerarquía, la descentralización y la desconcentración son principios de la organización administrativa que el art. 103.1 de la Constitución recoge, pero no los que este artículo fija para las relaciones entre Administraciones en materia de empleo público.

• Se mantienen en vigor aunque se opongan al Estatuto
• Se mantienen en vigor solo en la Administración General del Estado
• Se mantienen en vigor en tanto no se opongan al Estatuto
• Quedan sin efecto desde la entrada en vigor del Estatuto

El apartado 2 de la disposición final 4.ª las mantiene en vigor en cada Administración Pública, pero solo en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto. No se mantienen si lo contradicen, ni quedan sin efecto de golpe, y la regla vale para cada Administración, no solo para la del Estado.

• Negociar las condiciones de trabajo comunes a funcionarios y laborales
• Aprobar la oferta de empleo público de cada Administración
• Resolver los conflictos entre Administraciones en materia de personal
• Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica de empleo público

La letra b) del art. 100.2 le encarga estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público y emitir informe sobre otros proyectos que le presenten las Administraciones. Negociar las condiciones de trabajo comunes es tarea de la Mesa General de Negociación de cada Administración (art. 36.3), y aprobar la oferta de empleo público, de los órganos de gobierno de cada Administración (art. 70.2); ninguna figura entre las funciones de la Comisión.

• La Federación Española de Municipios y Provincias
• La Comisión Nacional de Administración Local
• Las diputaciones provinciales de cada comunidad
• El Ministerio competente en materia de Administración Local

El art. 100.1 atribuye la designación a la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. Ni las diputaciones ni el Ministerio designan a esos representantes, y la Comisión Nacional de Administración Local es otro órgano que este artículo no menciona.

• Del artículo 149.1.1.ª
• Del artículo 149.1.7.ª
• Del artículo 149.1.13.ª
• Del artículo 149.1.18.ª

La disposición final 1.ª invoca el art. 149.1.18.ª para las bases del régimen estatutario de los funcionarios. El 149.1.7.ª lo invoca también, pero para la legislación laboral, y el 149.1.13.ª para las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica; el 149.1.1.ª no lo cita.

• El mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
• El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
• A los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
• Al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

La disposición final única fija la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE. Los veinte días son la regla supletoria del art. 2.1 del Código Civil, que solo rige si la norma no dispone otra cosa. La misma disposición deja aparte unos pocos preceptos con fecha propia, como el art. 50.2, que entró en vigor el 1 de enero de 2016.