La tutela institucional: la Delegación del Gobierno, el Observatorio Estatal y las unidades policiales

• El Observatorio formula las políticas; la Delegación remite el informe anual
• La Delegación formula las políticas y remite también el informe anual
• La Delegación formula las políticas; el Observatorio remite el informe anual
• El Observatorio formula las políticas y remite también el informe anual

La Delegación formula las políticas públicas que desarrolla el Gobierno y coordina las acciones en la materia (art. 29); el Observatorio, órgano colegiado de asesoramiento y evaluación, remite cada año al Gobierno y a las comunidades autónomas el informe sobre la evolución de la violencia (art. 30). Cada órgano tiene su tarea: ni la Delegación hace el informe ni el Observatorio formula las políticas.

• La persona titular del Ministerio competente en igualdad
• La Abogacía del Estado, en representación y defensa del Gobierno de la Nación
• El Defensor del Pueblo, a instancia de la propia víctima
• La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

El art. 29 legitima a la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para intervenir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en la ley, en colaboración y coordinación con las administraciones competentes. La LO 1/2004 no da esa legitimación a la persona titular del Ministerio, ni a la Abogacía del Estado ni al Defensor del Pueblo.

• En la prevención de esta violencia y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
• En la prevención de esta violencia y en la tramitación de las órdenes de protección
• En la atención psicológica a las víctimas y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
• En la atención psicológica a las víctimas y en la tramitación de las órdenes de protección

El art. 31 manda al Gobierno establecer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en dos cosas: prevenir la violencia de género y controlar que se ejecuten las medidas judiciales adoptadas. La ley no nombra entre sus especialidades la tramitación de las órdenes de protección ni la atención psicológica a las víctimas.

• El número de denuncias presentadas y la efectividad de las medidas de protección
• Los tipos penales aplicados y la efectividad de las medidas de protección
• Los tipos penales aplicados y el coste de las medidas de protección
• El número de denuncias presentadas y el coste de las medidas de protección

El art. 30 pide que el informe determine los tipos penales que se hayan aplicado y la efectividad de las medidas acordadas para proteger a las víctimas, y que destaque las necesidades de reforma legal. Mide qué se ha aplicado y si ha funcionado: la ley no le pide contar las denuncias presentadas ni calcular lo que cuestan las medidas.

• El protocolo sanitario aprobado por el Consejo Interterritorial
• El protocolo que diseñan los servicios forenses de cada comunidad
• El que apruebe la Junta de Seguridad de cada una de las comunidades autónomas
• El de actuación policial y de coordinación con los órganos judiciales

El art. 31 manda que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenga en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. Los otros tres no son el protocolo que el artículo pone como referencia de la actuación policial.

• La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cada tres años
• El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, cada dos años
• La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, cada dos años
• El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, cada tres años

La disposición adicional vigesimoprimera encarga a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género realizar la Macroencuesta y publicar sus resultados con una periodicidad mínima trienal: al menos una cada tres años. Es la misma Delegación que, según el art. 29, elabora la Macroencuesta. El Observatorio Estatal no la hace, y la ley no fija dos años: exige como mínimo una cada tres, lo que no impide hacerla más a menudo.

• Al Gobierno y a las comunidades con competencias en justicia, cada uno en su ámbito
• Al Consejo General del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado
• Al Gobierno, también donde las comunidades autónomas tengan competencias en justicia
• A las comunidades autónomas, tengan o no asumidas competencias en justicia

La disposición adicional segunda encarga esa organización al Gobierno y a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, cada uno en el ámbito que le es propio. Por eso el Gobierno no la hace donde la comunidad tiene esas competencias, y una comunidad sin ellas no organiza los servicios forenses. La disposición no da ningún papel en esto al Consejo General del Poder Judicial.

• Los colegios profesionales de la abogacía española
• Las asociaciones de víctimas de delitos violentos
• Las universidades y los centros de investigación
• Las asociaciones de consumidores y usuarios

El art. 30.3 deja la composición del Observatorio al reglamento, pero le impone un mínimo, y en él figuran las asociaciones de consumidores y usuarios, junto a las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales, entre otros. Los colegios de la abogacía, las asociaciones de víctimas de delitos violentos y las universidades no están entre los que la ley garantiza.

• Desagregados por comunidad autónoma, en cualquier caso
• Desagregados por sexo, en cualquier caso
• Desagregados por sexo, solo cuando lo pida el Gobierno
• Agregados, para proteger la identidad de las víctimas

El art. 30.1 manda que, en cualquier caso, los datos de esos informes, estudios y propuestas se consignen desagregados por sexo. Es una obligación sin condiciones: no depende de que lo pida el Gobierno, y la ley no exige desglosarlos por comunidad autónoma ni presentarlos agregados.