El objeto de la ley de dependencia, sus definiciones y quién es titular de los derechos

• La que más tiempo dedica a sus cuidados y apoyos
• La que tiene con ella el parentesco más próximo
• La que convive con ella en el mismo domicilio
• La que ella misma elige al pedir la valoración

El criterio de la ley es el tiempo: de entre quienes proveen cuidados no profesionales, es principal quien dedica más tiempo a los cuidados y apoyos, y además tiene que figurar como tal en el Plan Individual de Atención. La definición no atiende al parentesco ni a la convivencia, y no la deja a lo que diga la solicitud de valoración.

• Para obtener un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria
• Para poder ser contratadas después como asistentes personales del Sistema
• Para administrar en el domicilio la medicación que se haya prescrito
• Para el cuidado y el autocuidado, también en situaciones de alta complejidad

El apartado 2.b) les reconoce acompañamiento y formación para el cuidado y para su propio autocuidado, incluido lo necesario para afrontar cuidados de alta complejidad y usar tecnologías avanzadas de cuidados y apoyos. Es formación para cuidar mejor y cuidarse, no para profesionalizarse: la ley no la vincula a un certificado ni a un empleo posterior.

• Las personas mayores de sesenta y cinco años que viven solas
• Las personas con discapacidad física u orgánica grave
• Las personas que tienen discapacidad intelectual o mental
• Las personas con gran dependencia que no tienen quien las cuide

La ley define estas necesidades por quien las tiene: las personas con discapacidad intelectual o mental, para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. No las vincula a la edad, a la discapacidad física ni a un grado de dependencia concreto.

• Sustituir a la familia cuando no puede atender a la persona
• Dar descanso a la persona cuidadora principal unas horas
• Prestar en el domicilio la atención sanitaria que se precise
• Fomentar la vida independiente y la autonomía de la persona

La ley define la asistencia personal como un servicio que presta un asistente personal, que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de la persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Su fin se mira desde la persona atendida, no desde la familia ni desde quien la cuida, y no es atención sanitaria.

• El previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema
• El previo informe del Comité Consultivo del Sistema
• El previo informe del Consejo Territorial del Sistema
• La previa conformidad de cada comunidad autónoma

Las condiciones de acceso de los emigrantes españoles retornados las establece el Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial: no basta con su informe, hace falta que lo acuerde. El Comité Consultivo es otro órgano del Sistema y este precepto no le da ningún papel, y tampoco exige la conformidad de cada comunidad autónoma por separado.

• Las que fije cada comunidad autónoma en su propio baremo
• Solo las que la persona realiza dentro de su propio domicilio
• Las necesarias para el ejercicio de todos sus derechos
• Las que su médico de atención primaria declare imprescindibles

La definición es abierta («tales como») y, tras enumerar tareas como reconocer personas y objetos, orientarse, el cuidado personal, la movilidad dentro y fuera del hogar o la gestión de la economía doméstica, añade las tareas necesarias para el ejercicio de todos sus derechos. No se limita al domicilio, porque la movilidad cuenta también fuera del hogar, y no deja su contenido a un baremo autonómico ni al criterio de un médico.

• La gestión de los servicios del catálogo
• La financiación de todas las prestaciones
• La valoración de cada situación
• Un contenido mínimo común de derechos

El Sistema se crea con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, y lo que el art. 1 pone en manos de la Administración General del Estado es la garantía de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Ese artículo no le encarga gestionar los servicios ni pagarlos por entero, y tampoco valorar cada caso.

• En un centro residencial
• De manera preferente
• Con cargo solo al Estado
• Por su entorno familiar

Entre los principios de la ley figura que las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. Esa preferencia no les asigna un servicio concreto ni una forma de financiación: el mismo artículo inspira la ley en el respeto a la libertad de elección, la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona.

• Entre las prestaciones previstas para su grado de dependencia
• Entre todas las prestaciones del catálogo, tenga el grado que tenga
• Entre los grados de dependencia que se le podrían reconocer
• Entre las comunidades autónomas que pueden valorar su situación

La libertad de elección del art. 4.2.ñ) se mueve dentro de un marco: las prestaciones previstas para su grado de dependencia, de entre las que elige las que más se ajusten a su voluntad, deseos y preferencias, con los apoyos necesarios si los precisa. No abarca todo el catálogo con independencia del grado; el grado no se elige, porque resulta de la valoración, y tampoco elige qué Administración la valora.