La financiación del Sistema y lo que aportan las personas beneficiarias

• Atiende al grado de dependencia y al tipo de servicio, y computa la vivienda habitual
• Atiende a la edad y al tipo de servicio, y computa la vivienda habitual
• Atiende al grado de dependencia y al tipo de servicio, y no computa la vivienda habitual
• Atiende a la edad y al tipo de servicio, y no computa la vivienda habitual

El art. 32 bis.1 manda tener en cuenta, en la consideración del patrimonio, la edad de la persona beneficiaria y el tipo de servicio que se presta, y no computar la vivienda habitual. El grado de dependencia no figura entre lo que el precepto manda considerar al valorar el patrimonio. Que la casa en la que se vive no cuente protege el hogar de la persona: su patrimonio se mide sin él.

• Como máximo igual a la del Estado
• Al menos igual a la del Estado
• Al menos la mitad de la del Estado
• La que fije el convenio, sin mínimo

El art. 32.3 cierra con un suelo: la aportación de la comunidad será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado por lo previsto en ese apartado y en el anterior. Es un mínimo, no un tope, así que la comunidad puede poner más pero no menos; y el convenio reparte obligaciones por encima de ese suelo, no lo sustituye.

• La de la unidad familiar con la que convive la persona
• La de la persona y la de sus parientes obligados a alimentos
• Solo la de la persona beneficiaria de la prestación
• La de la persona y la de quien la cuida sin ser profesional

El art. 33.1 dice que las personas beneficiarias contribuyen conforme al tipo y coste del servicio y a su capacidad económica, que será exclusivamente personal. No se suman los ingresos de la familia con la que convive, ni los de los parientes, ni los de quien la cuida: lo que se mide es lo que tiene la propia persona que recibe la prestación.

• El 50 % del gasto certificado por la comunidad el año anterior, incluida la aportación de las personas beneficiarias
• El 25 % del gasto certificado por la comunidad el año anterior, sin contar la aportación de las personas beneficiarias
• El 50 % del gasto certificado por la comunidad el año anterior, sin contar la aportación de las personas beneficiarias
• El 25 % del gasto certificado por la comunidad el año anterior, incluida la aportación de las personas beneficiarias

El art. 32.2 obliga al Estado a garantizar una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total que cada comunidad certifique en el ejercicio precedente, y precisa que en ese gasto no se incluye la aportación de las personas beneficiarias. Las dos piezas van juntas: el porcentaje es la mitad, y la base es el gasto público, sin lo que pagan quienes reciben los servicios; contarlo inflaría la base con dinero que no pone ninguna Administración.

• Entre servicios de titularidad pública y servicios concertados
• Entre servicios de atención diurna y de atención nocturna
• Entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros
• Entre servicios de prevención y servicios de promoción

El art. 33.4 manda tener en cuenta la distinción entre servicios asistenciales, por un lado, y de manutención y hoteleros, por otro: no es lo mismo el cuidado que se presta que el alojamiento y la comida, que la persona pagaría igual en su casa. Que el centro sea público o concertado, que atienda de día o de noche o que el servicio prevenga o promueva la autonomía no es el criterio que fija la ley.

• Accede cuando acredite unos ingresos mínimos para pagar su parte del coste
• Accede igual, aunque no pueda aportar nada al coste de las prestaciones
• Accede a las prestaciones económicas, pero no a los servicios del Catálogo
• Accede cuando una entidad social asuma la parte del coste que le toca pagar

El art. 33.5 es tajante: ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos. Lo que se aporta depende de la capacidad económica, y la falta de recursos no cierra el acceso: no se exigen ingresos mínimos, no se limita a una clase de prestación ni se hace depender de que otro pague por la persona.

• Su correspondiente memoria económica
• Un informe del Comité Consultivo
• El acuerdo de todas las comunidades
• Un dictamen del Consejo de Estado

El art. 32.1 exige que cualquier cambio en el catálogo vaya acompañado de la correspondiente memoria económica: si se añade o se cambia una prestación, hay que decir cuánto cuesta, porque la financiación del Sistema tiene que ser suficiente para cumplir sus obligaciones. La ley no pide para ello un informe del Comité Consultivo, ni un dictamen del Consejo de Estado, ni la unanimidad de las comunidades.

• La renta media de la población
• Las listas de espera de la comunidad
• La tasa de paro de la comunidad
• Los emigrantes retornados

El art. 32.3 manda que esos convenios recojan criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores. Los nombrados describen a quién hay que atender y lo caro que resulta llegar hasta esas personas; la renta media, el paro o las listas de espera no están en la lista. Los convenios pueden ser anuales o plurianuales y las partes pueden revisarlos.

• A cada comunidad autónoma, en su ámbito territorial
• Al Gobierno, por real decreto para todo el Estado
• Al Consejo Territorial, con criterios vinculantes
• Al Estado, en cada convenio con las comunidades

El art. 32 bis.1 encarga a las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en servicios sociales, desarrollar en su ámbito territorial los criterios de determinación de la capacidad económica en atención a la renta y el patrimonio. Al Consejo Territorial, el art. 32 bis.2 solo le permite consensuar criterios generales, no desarrollar esos criterios. Ni el Gobierno por real decreto ni los convenios con el Estado reciben ese encargo.