Los grados de dependencia y el reconocimiento del derecho

• La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), adoptada por la OMS
• La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud
• La escala de grados de incapacidad permanente de la Seguridad Social
• El baremo del grado de discapacidad de las personas con discapacidad

El art. 27.2 dice que el baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Es la única clasificación que la ley nombra: ni la Clasificación Internacional de Enfermedades, ni la escala de la incapacidad permanente, ni el baremo del grado de discapacidad aparecen en el artículo.

• Dependencia moderada
• Dependencia grave
• Dependencia severa
• Gran dependencia

La ley pone nombre a cada grado: el I es dependencia moderada; el II, dependencia severa, y el III, gran dependencia. «Dependencia grave» no es una denominación de la ley.

• Por el cambio de residencia a otra comunidad o por la variación de su renta
• Por el paso de cinco años desde que se dictó la resolución que lo reconoció
• Por la aprobación de un baremo nuevo o por el cambio de persona cuidadora
• Por mejoría o empeoramiento, o por error de diagnóstico o al aplicar el baremo

La revisión del grado tiene dos causas tasadas: que la situación de dependencia mejore o empeore, y que hubiera un error de diagnóstico o en la aplicación del baremo. El grado describe cuánta ayuda necesita la persona, así que lo revisa lo que cambia esa necesidad o lo que se valoró mal; no el traslado a otra comunidad, la renta, el paso del tiempo por sí solo, un baremo nuevo ni quién la cuida.

• Con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma
• Cuando la persona en situación de dependencia cumple sesenta y cinco años
• Cuando se aprueba un nuevo baremo para valorar la situación de dependencia
• Cuando la persona cuidadora principal pasa a percibir una pensión

El art. 29.3 enumera tres supuestos de revisión del programa: a instancia de la persona interesada o de quienes la representen; de oficio, en la forma y con la periodicidad que prevea la normativa autonómica, y con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La edad, un baremo nuevo o la situación de quien cuida no figuran entre ellos.

• A instancia de la persona que pueda estar afectada o de quien la represente
• De oficio, por los servicios sociales del municipio donde reside la persona
• A propuesta del profesional de medicina o enfermería que la atiende
• Indistintamente, de oficio o a instancia de la persona o de cualquier familiar

El art. 28.1 pone el inicio en manos de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación: no prevé que este procedimiento arranque de oficio ni por propuesta sanitaria, y la familia no lo inicia por serlo, sino si la representa. Los informes de salud del profesional de referencia entran después, en la valoración.

• Un dictamen sobre el grado, con los apoyos y cuidados que la persona pueda requerir
• La resolución que reconoce el grado y los servicios o prestaciones que corresponden
• El Programa Individual de Atención, con las modalidades de cuidados de la persona
• Un informe sobre la capacidad económica de la persona, para fijar su participación

Los órganos de valoración emiten un dictamen: dicen el grado de dependencia y especifican los apoyos y cuidados que la persona puede requerir. No resuelven: el reconocimiento llega después, por resolución, y el Programa Individual de Atención es otro instrumento, posterior. Tampoco valoran su capacidad económica, que no forma parte del grado.

• Que vive sola y no cuenta con una persona cuidadora en su domicilio
• Que necesita ayuda también fuera del hogar, y no solo dentro de él
• Que tiene una enfermedad irreversible acreditada por informe médico
• Que necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona

En el grado II la persona no requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora; en el III, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona. La ley no mira si vive sola, dónde se presta la ayuda ni el diagnóstico: mira cuánta ayuda y qué apoyo necesita.

• El órgano de valoración, al mismo tiempo que determina su grado
• La persona cuidadora principal, de acuerdo con la familia que la atiende
• Los servicios sociales públicos, de acuerdo con la persona y a propuesta suya
• El profesional sanitario de referencia, a partir del informe de salud que emite

El Programa Individual de Atención lo establecen los servicios sociales competentes del sistema público, de acuerdo con la persona en situación de dependencia y a propuesta de esta, y en él se determinan las modalidades de cuidados y apoyos previstas para su grado. Las personas cuidadoras no profesionales pueden participar en el procedimiento, pero con el consentimiento de la persona y sin decidir por ella; quien valora el grado no fija el programa.

• Hasta el mismo día del fallecimiento, en proporción a los días
• Hasta el último día del mes siguiente al del fallecimiento
• Hasta el último día del mes en que se produce el fallecimiento
• Durante un mes más, que se abona a la persona cuidadora principal

Las prestaciones pueden modificarse o extinguirse, previa audiencia, si varían los requisitos de su reconocimiento o se incumplen las obligaciones de la ley. Para el fallecimiento de quien percibe la de cuidados en el entorno familiar, el art. 29.4 fija una regla propia: se abona hasta el último día del mes en que se produce el deceso. No se prorratea por días ni se alarga al mes siguiente, y la ley no la traslada a la persona cuidadora.