El derecho a la accesibilidad universal

• La compra de una vivienda nueva que ya esté adaptada
• Las reformas para que la vivienda habitual y permanente resulte accesible
• Las reformas de accesibilidad en cualquier vivienda de la que sea propietaria
• La instalación de ascensores en edificios de más de tres plantas

El art. 33 considera rehabilitación las reformas que las personas con discapacidad, o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad, tengan que hacer en su vivienda habitual y permanente para que resulte accesible. No vale cualquier vivienda de su propiedad —tiene que ser la habitual y permanente— ni la compra de otra, y la ley no lo reduce a una obra concreta como el ascensor.

• En los núcleos urbanos, donde se concentra la población
• En los municipios que superen la población fijada por reglamento
• Tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales
• En las capitales de provincia y en las ciudades autónomas

El art. 22.1 obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, bienes, productos y servicios, el transporte, la cultura, la información y las comunicaciones, y en los servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. La ley no limita la obligación por el tamaño de la población ni por la clase de municipio: lo rural está incluido expresamente.

• Un mínimo del 2 %, que las Administraciones competentes pueden incrementar
• Un 7 % fijo, que ninguna de las Administraciones competentes puede incrementar
• Un 4 % fijo, que ninguna de las Administraciones competentes puede incrementar
• Un mínimo del 4 %, que las Administraciones competentes pueden incrementar

El art. 32.1 manda programar un mínimo de un cuatro por ciento de viviendas con las características constructivas y de diseño que garanticen la accesibilidad universal, con el objetivo de facilitar la desinstitucionalización y la vida independiente, y permite a las Administraciones públicas competentes incrementar ese porcentaje en función de las necesidades territoriales. Ni el 2 % ni el 7 % aparecen en este artículo, y el porcentaje no es fijo: la ley prevé expresamente que se pueda subir.

• Que se le deniegue el visado oficial correspondiente
• Que se apruebe con la condición de adaptarlo antes de la obra
• Que el promotor pierda el derecho a toda subvención pública
• Que se comunique a la Oficina de Atención a la Discapacidad

El art. 26.2 exige que las normas técnicas de accesibilidad se recojan ya al redactar los proyectos básicos, de ejecución y parciales, y que se denieguen los visados oficiales —de los colegios profesionales o de las oficinas de supervisión de las Administraciones competentes— a los que no las cumplan. La ley no admite aprobarlo con la condición de adaptarlo después, y no ata a este incumplimiento la pérdida de subvenciones ni una comunicación a otro órgano.

• Consignando en sus presupuestos el coste entero de cada obra
• Sancionando a los propietarios que no los hayan adaptado
• Estableciendo ayudas, exenciones y subvenciones
• Expropiando los inmuebles que no reúnan las condiciones

El art. 34.2 dice que las Administraciones fomentarán la adaptación de los inmuebles privados mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Consignar en los presupuestos la financiación de las adaptaciones es lo que el art. 34.1 les manda hacer con los inmuebles que dependen de ellas, no con los privados; y el artículo no prevé sanciones ni expropiaciones para estos.

• Desde la entrada en vigor del texto refundido, sin plazo alguno
• Cuando lo acuerde cada ayuntamiento en su planeamiento urbanístico
• Solo en los edificios que se construyan después de entrar en vigor la ley
• En los plazos reglamentarios, con los plazos máximos que fija la ley

El art. 25.1 remite a los plazos y términos que establezca el reglamento, pero añade un límite: para todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones son exigibles de acuerdo con las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera. No rigen desde el primer día sin plazo, no dependen de lo que acuerde cada ayuntamiento y no se limitan a lo construido después.

• Con carácter supletorio respecto a la legislación laboral
• Con preferencia sobre lo que disponga la legislación laboral
• Solo en las empresas que reciban ayudas públicas al empleo
• Solo si así lo establece el convenio colectivo aplicable

El art. 22.2 dice que, en el empleo, esas condiciones básicas se aplican con carácter supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral: rigen en lo que esta no regule, no por encima de ella. No dependen de que las recoja un convenio colectivo, y el artículo no distingue entre empresas según reciban o no ayudas.

• En las exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos
• En los apoyos complementarios para la comunicación
• En las condiciones más favorables de acceso a los recursos
• En las normas internas de las empresas o de los centros

La letra c) del art. 23.2 regula los apoyos complementarios —ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios especializados y otras formas de apoyo personal o animal— y, en particular, las ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, entre ellos el braille, la lectura fácil y los pictogramas. Las exigencias de los edificios y entornos tratan la supresión de barreras, la adaptación de equipos y la señalización; las condiciones más favorables, el acceso a los recursos y la no discriminación en normas y prácticas; y las normas internas, lo que adoptan empresas y centros para eliminar desventajas.

• Las medidas de acción positiva
• La accesibilidad cognitiva
• Los productos de apoyo
• La asistencia personal

El art. 23.1 lo dice expresamente: toda referencia a accesibilidad y a accesibilidad universal en la ley incluye la accesibilidad cognitiva, conforme a la definición de accesibilidad universal de la letra k) del art. 2. Ni las medidas de acción positiva, ni los productos de apoyo ni la asistencia personal aparecen en esa regla: son figuras distintas, con su propio lugar en la ley.