La igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad

• A las Cortes Generales, para su debate y aprobación en el Pleno
• Al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate
• Al Consejo de Ministros, para su conocimiento y aprobación
• A la Oficina de Atención a la Discapacidad, para su difusión

El informe es anual, amplio e integral, se elabora con datos estadísticos y con especial atención al género, y se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad para que lo conozca y lo debata. La ley no lo manda a las Cortes ni al Consejo de Ministros, y nadie lo aprueba: se eleva para conocimiento y debate. La Oficina de Atención a la Discapacidad es otro órgano y no lo recibe.

• Puede recabarlo a instancia de parte, sin que sea un trámite obligatorio
• Debe recabarlo de oficio en todo proceso en que se alegue discriminación
• Debe recabarlo siempre que se lo pida cualquiera de las partes del proceso
• Solo puede recabarlo si las dos partes del proceso están de acuerdo

El art. 77.1, en su párrafo segundo, permite al juez o tribunal recabar ese informe o dictamen cuando se ha suscitado una cuestión de discriminación por razón de discapacidad, pero lo condiciona a que lo pida una parte y lo deja a su criterio: la ley dice «podrá». No es un trámite preceptivo, ni siquiera cuando una parte lo solicita, y no hace falta el acuerdo de las dos.

• La prohibición de conductas discriminatorias y de acoso
• Las exigencias de eliminación de obstáculos
• Las normas, criterios y prácticas más favorables
• Las exigencias de realizar ajustes razonables

El art. 68.1 dice en qué pueden consistir las medidas de acción positiva: apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables, es decir, un trato mejor para compensar una desventaja. La prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, la eliminación de obstáculos y los ajustes razonables son, según el art. 66.1, el contenido de las medidas contra la discriminación, que no dan un trato mejor, sino que impiden uno peor.

• En nombre propio, sin que los afectados tengan que autorizarlo antes
• En lugar de los afectados, que pierden su legitimación individual
• Solo como coadyuvantes del Ministerio Fiscal, nunca por sí solas
• En nombre de quienes lo autoricen, recayendo en estos los efectos

El art. 76 les permite actuar en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, defendiendo sus derechos individuales, y los efectos de esa actuación recaen en esas personas. Hace falta, por tanto, su autorización, y la legitimación de la entidad no desplaza a la de cada afectado: el artículo empieza «sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas». No exige actuar junto al Ministerio Fiscal.

• Solo en los procesos penales, en cualquiera de sus instancias y de sus fases
• En los penales y en los contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras
• En los sociales y en los contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras
• En los penales y en todos los contencioso-administrativos, sean o no sancionadores

El art. 77.2 deja fuera dos clases de procesos: los penales y los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras. La exclusión no se queda en el proceso penal, no alcanza a los procesos sociales, donde la regla sí se aplica, y en lo contencioso solo afecta a los recursos contra sanciones.

• Que sus actuaciones se adecuen a la planificación sectorial de las Administraciones
• Que la promuevan las propias personas con discapacidad, sus familias o representantes
• Que preste sus servicios en todo el territorio del Estado y no en una sola comunidad
• Que el Consejo Nacional de la Discapacidad informe antes a favor de sus actuaciones

El art. 72.2 pone una sola condición indispensable: que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que establezcan las Administraciones públicas. Que la entidad la promuevan las propias personas con discapacidad, sus familias o sus representantes legales no es un requisito: le da derecho a una «especial atención» (art. 72.1). Ni el ámbito estatal ni un informe del Consejo Nacional aparecen en el artículo.

• Prevenir o corregir un trato menos favorable que el de otra persona en situación análoga
• Compensar las desventajas de quienes están expuestos a un mayor grado de discriminación
• Fomentar la investigación aplicada a entornos, productos y servicios accesibles para todos
• Garantizar con ayudas económicas y técnicas la vida independiente de cada persona

Las medidas contra la discriminación miran el trato comparado: que nadie, por su discapacidad, reciba un trato peor que otra persona en una situación análoga o comparable, y si ya lo recibe, corregirlo. Compensar las desventajas de los grupos más expuestos es lo que hacen las de acción positiva (arts. 2.g y 67); la investigación aplicada es una medida de fomento (art. 71), y las ayudas económicas y técnicas son medidas de igualdad de oportunidades (art. 68).

• A la persona con discapacidad que reclama, pero no a terceros
• A las personas físicas y también a las jurídicas
• A quien reclama y a quien testifica, si son personas físicas
• A las personas trabajadoras, pero no fuera del ámbito laboral

La protección contra las represalias del art. 75.3 alcanza a las personas físicas y también a las jurídicas: no se limita a la persona con discapacidad que reclama, ni se limita a quien reclama o testifica dejando fuera a las personas jurídicas, ni se ciñe al ámbito laboral. Cubre cualquier trato adverso o consecuencia negativa que sea reacción ante una reclamación o un procedimiento por la igualdad de oportunidades: también, por ejemplo, la que sufra una asociación que haya reclamado.

• El Sistema Arbitral de Consumo, al que puede someter su reclamación voluntariamente
• El Sistema Arbitral de Consumo, al que debe acudir antes de ir a los tribunales
• Un sistema arbitral propio de la discapacidad, creado por el Gobierno para estos casos
• La Oficina de Atención a la Discapacidad, cuyo laudo vincula a las dos partes

El art. 74.1 remite estas reclamaciones al Sistema Arbitral de Consumo y dice que «podrán someterse voluntariamente»: es una vía a elección de quien reclama, no un paso obligatorio antes de la vía judicial. El sistema arbitral específico de la discapacidad que establecía el Gobierno es la redacción del art. 74 anterior a la Ley 4/2026, que ya no rige. La Oficina de Atención a la Discapacidad promueve la igualdad de oportunidades, pero no dicta laudos.