El derecho a la igualdad, las prestaciones, la salud, la atención integral y la educación

• Una competencia que corresponde en exclusiva al Sistema Nacional de Salud
• Una obligación que recae sobre todo en las familias
• Un derecho y un deber de la ciudadanía y de la sociedad
• Una medida potestativa de cada Administración competente

El art. 11 la configura a la vez como un derecho y un deber de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto, y como parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales. No la encierra en el sistema sanitario, porque alcanza también a los servicios sociales; no la hace recaer sobre las familias, y no la deja a la voluntad de cada Administración, porque es una obligación prioritaria.

• Cuando lo soliciten sus familiares más próximos
• En los casos de urgencia vital
• Cuando lo prescriba el médico que la atiende
• Cuando tenga medidas de apoyo para decidir

El art. 13 bis prohíbe expresamente el internamiento involuntario por razón de discapacidad, con una sola salvedad: la urgencia vital, que el propio precepto describe como los episodios de crisis que comprometan la vida del paciente o de terceros. No la abren la petición de la familia ni la prescripción médica, y contar con medidas de apoyo para tomar decisiones tampoco es una salvedad.

• A cualquier edad, también siendo niñas o niños
• Desde que alcanzan la mayoría de edad
• Desde los dieciséis años cumplidos
• Desde la edad en que pueden casarse

El art. 7 bis incluye expresamente a los niños y las niñas en el derecho a mantener la fertilidad, así que no lo condiciona a ninguna edad: ni a la mayoría de edad, ni a los dieciséis años, ni a la edad para casarse, que el mismo artículo menciona para otro derecho, el de contraer matrimonio o formar una pareja de hecho.

• A la inspección educativa de cada Administración
• A los servicios de orientación educativa
• A los equipos multiprofesionales de calificación
• Al consejo escolar del centro en que estudia

El art. 21 atribuye a los servicios de orientación educativa, además de apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión, la responsabilidad de garantizar que las familias sean escuchadas y tengan un papel activo en la valoración de las necesidades educativas. Los equipos multiprofesionales de calificación valoran la situación de discapacidad, no las necesidades educativas, y la ley no encarga esta garantía a la inspección ni al consejo escolar.

• Cuando se reconozca oficialmente el grado de discapacidad
• Al terminar la etapa de escolarización obligatoria
• Cuando lo proponga el servicio de orientación educativa
• En la etapa más temprana posible

El art. 13 manda que empiecen en la etapa más temprana posible y que se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona y de las oportunidades del entorno. No esperan al reconocimiento oficial del grado ni a otra etapa de la vida, y la ley no los hace depender de la propuesta de un servicio educativo.

• Como un complemento de la educación infantil
• Como una prestación sujeta a la disponibilidad presupuestaria
• Como una recomendación dirigida a las comunidades autónomas
• Como un derecho subjetivo y un mecanismo de prevención

El art. 7 ter le da dos caracteres a la vez: es un derecho subjetivo y es un mecanismo de prevención de las deficiencias en la infancia, garante de un desarrollo infantil saludable. La ley no la presenta como una prestación sujeta a la disponibilidad presupuestaria, ni como una recomendación a las comunidades autónomas, ni como un complemento de la educación infantil.

• En los ordinarios; en los especiales rigen precios públicos
• En los especiales; en los ordinarios, según la renta
• En los centros ordinarios y en los centros especiales
• En los que señale cada Administración educativa en su territorio

El art. 19 reconoce la gratuidad de la enseñanza en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan. No la reserva a uno de los dos tipos de centro ni la deja a lo que decida cada Administración educativa.

• Que renuncie a él, para que todos compitan en igualdad
• Que lo desactive durante los ejercicios
• Que acredite que lo necesita para participar
• Nada: ninguna Administración puede pedirle justificarlo

El art. 7 reconoce el derecho a usar los productos de apoyo y prohíbe obligar a prescindir de ellos o a desactivarlos, en especial en las relaciones con las Administraciones públicas. Pero deja a salvo una cosa: que, para participar en los procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada, se acredite su necesidad. Por eso tampoco es cierto que no se le pueda pedir nada.

• Un convenio de prácticas no laborales con la empresa
• La autorización previa del servicio público de empleo
• Su inscripción en un programa de empleo con apoyo
• Formalizar un contrato de formación en alternancia

Las actividades formativas pueden impartirse en los centros de formación dedicados a ello o en las empresas, y en este último caso el art. 17 exige formalizar un contrato de formación en alternancia, con el contenido básico que fija el art. 11 del Estatuto de los Trabajadores. Unas prácticas no laborales no bastan, porque la ley pide un contrato, y no lo condiciona a una autorización administrativa ni a un programa de empleo con apoyo.