Las infracciones y sanciones en materia de discapacidad

• 6.000 euros la leve y 60.000 euros la grave
• 30.000 euros la leve y 300.000 euros la grave
• 30.000 euros la leve y 90.000 euros la grave
• 18.000 euros la leve y 90.000 euros la grave

Las multas del título III van de 301 euros a 1.000.000 de euros, y el art. 83 pone dos techos: la de una leve no excede en ningún caso de 30.000 euros, y la de una grave, de 90.000. Las otras cifras son límites de tramos internos de la escala que el art. 96 aplica en la Administración General del Estado, no los topes de cada grado.

• Al órgano con rango de Dirección General competente en materia de discapacidad
• Al órgano con rango de Subdirección General de políticas de discapacidad
• A la Secretaría de Estado competente en materia de discapacidad
• Al órgano de la comunidad autónoma donde se cometió la infracción

El art. 105 reparte el procedimiento por escalones: lo inicia el órgano con rango de Dirección General competente en discapacidad; lo instruye el órgano con rango de Subdirección General al que corresponde el impulso de las políticas sectoriales sobre discapacidad, que eleva la propuesta de resolución; y la sanción la impone el órgano que toque según la gravedad. La Secretaría de Estado no instruye, y una comunidad autónoma no instruye un procedimiento de competencia estatal.

• Un año desde la fecha del acuerdo de iniciación
• Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación
• Un año desde la fecha de presentación de la denuncia
• Tres meses desde la fecha de la propuesta de resolución

El art. 101.2 da un año para resolver y notificar, contado desde la fecha en que se dicta el acuerdo de iniciación. No se cuenta desde la denuncia, porque el procedimiento se inicia siempre de oficio y la denuncia es solo una de las vías que llevan a iniciarlo; y el plazo no es de seis ni de tres meses.

• Queda exenta de cumplirlas hasta que se le dirija un nuevo requerimiento
• Sigue obligada a cumplirlas, porque el pago no la exime de ellas
• Sigue obligada solo si la infracción sancionada era grave o muy grave
• Sigue obligada, pero dispone de un plazo de gracia de un año para adaptarse

El art. 88 separa la multa de la obligación: abonarla no exime del cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de discapacidad que sea de aplicación. La empresa sigue obligada a cumplir las exigencias de accesibilidad desde el primer día, sin plazo de gracia y sea cual sea la gravedad de la infracción sancionada.

• Es exclusivo del Estado, y las comunidades autónomas solo lo ejecutan
• Es reglamentario, y las comunidades autónomas solo gradúan las multas
• Es básico, y las comunidades autónomas lo desarrollan y tipifican
• Es orgánico, y las comunidades autónomas no pueden tipificar infracciones

El art. 78 declara básico el régimen del título III: las comunidades autónomas desarrollan y tipifican, en el ejercicio de sus competencias, las infracciones y sanciones en esta materia, y pueden establecer otras conforme a sus Estatutos de Autonomía. Por eso no es exclusivo del Estado ni deja a las comunidades solo la ejecución o la graduación de las multas.

• Que la sanción, si procede, se le impone en su grado mínimo
• Que el procedimiento se archiva si subsana la infracción
• Que el expediente lo instruye otra Administración pública
• Que recibe el mismo trato que cualquier otra presunta infractora

La legitimación que el art. 89 da a estas organizaciones y asociaciones sirve para defender intereses sociales —ser interesadas en el procedimiento y recurrir el archivo o la desestimación de una denuncia—, pero en ningún caso supone trato preferente cuando son ellas las denunciadas o las presuntas infractoras. Se las trata como a cualquier otro responsable: sin rebaja de grado, sin archivo por subsanar y sin cambio de Administración.

• Al año, a los dos años y a los cuatro años
• A los seis meses, a los dos años y a los tres años
• Al año, a los tres años y a los cuatro años
• A los seis meses, a los tres años y a los cinco años

Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro (art. 82). El texto refundido fija su propia escala, así que no hay que acudir a la supletoria general; las demás combinaciones mezclan cifras que este artículo no usa, como los seis meses para las leves, los dos años para las graves o los cinco años para las muy graves.

• Cuando obstaculiza o limita el acceso o la utilización regulares por las personas con discapacidad
• Cuando impide o dificulta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas
• Cuando se refiere a los planes especiales de actuación para implantar la accesibilidad
• Cuando afecta a los medios de transporte o de comunicación a disposición del público

Para la accesibilidad, el art. 95 tiene dos escalones. Es grave el incumplimiento de las normas de accesibilidad de entornos, transportes, medios de comunicación, productos y servicios que obstaculiza o limita su acceso o utilización regulares, y también el de las previsiones sobre los planes especiales de actuación de la disposición adicional tercera. Es muy grave cuando impide el libre acceso desde la planificación, el diseño y la urbanización, o cuando impide o dificulta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas.

• El riesgo para la salud de las personas afectadas
• La cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad
• El reconocimiento de su responsabilidad por la persona infractora
• La capacidad económica de la persona con discapacidad perjudicada

Entre los criterios del art. 84.1 están la cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad, junto a la intencionalidad, la negligencia, el fraude o la connivencia, el incumplimiento de advertencias previas, el número de personas afectadas o el beneficio económico obtenido. El riesgo para la salud, por plausible que parezca, no figura en esa lista, y tampoco el reconocimiento de la responsabilidad ni la capacidad económica de la persona perjudicada.