El objeto de la ley general de discapacidad, sus definiciones y sus principios

• De la interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras
• De una deficiencia física o sensorial permanente, sea cual sea el entorno
• Del reconocimiento de un grado por el órgano administrativo competente
• De una limitación permanente para desempeñar una actividad laboral

La ley la define como una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad. La deficiencia sola no basta para definirla: cuenta su interacción con las barreras. El grado reconocido importa para otra cosa, a quién considera la ley persona con discapacidad a sus efectos (art. 4.2), y no para definir la discapacidad; y la definición tampoco la ata a la capacidad para trabajar.

• El carácter público de las prestaciones
• La igualdad entre mujeres y hombres
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
• La normalización

Los trece principios del art. 3 incluyen la igualdad entre mujeres y hombres, la normalización y la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, junto a la vida independiente, la accesibilidad universal o la transversalidad, entre otros. El carácter público de las prestaciones no está entre ellos: la lista recoge principios de trato y de las políticas en materia de discapacidad, no el régimen de unas prestaciones.

• Se conciben desde el origen para que los pueda usar cualquier persona
• Solo son exigibles en el ámbito del empleo y la ocupación
• Se imponen a todos los entornos, bienes y servicios por igual
• Se adaptan a la situación concreta de una persona con discapacidad

La accesibilidad universal es una condición que deben cumplir, con carácter general, los entornos, procesos, bienes, productos y servicios; los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones a las realidades o situaciones concretas de una persona con discapacidad. Concebir desde el origen para todos es lo propio del diseño universal, y la definición no limita los ajustes al empleo.

• Que la intervención la haya autorizado antes la autoridad judicial
• Que el riesgo inminente afecte solo a la vida de la propia persona
• Que la persona tenga reconocido un grado de discapacidad severo
• Que no sea posible obtener su consentimiento libre e informado

Es una situación excepcional, extraordinaria y puntual que exige intervenir de inmediato por un riesgo inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceras personas, cuando no es posible obtener su consentimiento libre e informado por ningún medio o formato adecuado y han resultado totalmente ineficaces los sistemas de apoyo. El riesgo puede serlo también para otros, y la definición no pide autorización judicial ni un grado concreto.

• Sin efecto, porque la ley a la que remite ya no está en vigor
• Hecha al precepto correspondiente del texto refundido
• Hecha a la Ley 51/2003, que se sigue aplicando a ese reglamento
• Hecha a la norma reglamentaria que desarrolle esa materia

La disposición adicional única dice que las referencias que otras disposiciones hagan a las leyes que el texto refundido integró, entre ellas la 51/2003, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido. La remisión no queda vacía ni mantiene viva la ley antigua para ese reglamento: cambia de destino.

• Discriminación directa
• Acoso por razón de discapacidad
• Discriminación por asociación
• Discriminación indirecta

La sede es la misma para todos y no trata peor a nadie de forma expresa por su discapacidad, pero, aparentemente neutra, pone en desventaja particular a quien necesita un lector de pantalla, y no responde a una finalidad legítima. El texto refundido incluye expresamente en esta figura un entorno, producto o servicio, no solo las normas, las cláusulas o las prácticas. Tampoco hay aquí una conducta dirigida contra la dignidad de nadie ni un trato que dependa de la relación con otra persona.

• No, si un grupo particular de personas con discapacidad los necesita
• Sí, porque lo diseñado para todos ya no necesita ningún apoyo añadido
• Sí, salvo para quien tenga reconocido un grado de discapacidad
• No, pero solo cuando adaptar después el producto sea imposible

El diseño universal concibe desde el origen, y siempre que sea posible, entornos, productos y servicios que puedan usar todas las personas sin adaptación ni diseño especializado. Pero la propia definición añade la salvedad: no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten. No la condiciona a un grado reconocido ni a que la adaptación sea imposible.

• La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia
• La Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad
• La Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas
• La Ley 13/1982, de integración social de las personas con discapacidad

La disposición derogatoria única nombra tres leyes que quedan derogadas por integrarse en el texto refundido: la Ley 13/1982, de integración social de las personas con discapacidad; la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y la Ley 49/2007, del régimen de infracciones y sanciones en esa materia. Las leyes de dependencia, de protección patrimonial y de las lenguas de signos no se integraron en él y siguen siendo leyes propias.

• Regular el procedimiento para reconocer el grado de discapacidad
• Crear el sistema público de atención a la dependencia
• Establecer el régimen de infracciones y sanciones en esta materia
• Fijar la cuantía de las pensiones no contributivas por invalidez

El art. 1 le da a la ley dos objetos: garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de los derechos, y establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantiza las condiciones básicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Ninguno de los otros fines figura en ese artículo: la atención a la dependencia es el objeto de otra ley, la 39/2006, y las pensiones no contributivas son materia de Seguridad Social.